El gobierno de Estados Unidos pidió este jueves a múltiples universidades que firmen un acuerdo para conservar “beneficios federales”, comprometiéndose con “prioridades” del Ejecutivo como suprimir los departamentos que actúen “contra las ideas conservadoras” o prohibir actos y protestas que afecten a la actividad académica o al acceso a partes de los campus universitarios.

“Este Convenio para la Excelencia Académica en la Educación Superior refleja las prioridades del Gobierno de Estados Unidos en sus relaciones con las universidades que se benefician de dicho vínculo”, dice el documento, al que tuvo acceso Europa Press.

El mismo cuenta con 10 epígrafes que establecen, entre otros, la protección de ideas conservadoras, la eliminación de la discriminación positiva en la concesión de becas y admisiones, y el silencio público acerca de temas políticos y sociales por parte de todos los trabajadores.

La circular establece que las universidades que se adhieran al convenio, para contar así con financiación federal, deben comprometerse con un decálogo que comienza con la “igualdad en las admisiones”. Un punto que obliga a los centros a ignorar elementos de género, etnia, nacionalidad o religión a la hora de admitir alumnos o concederles ayudas al estudio, una medida extendida a la contratación de empleados.

Asimismo, deben fomentar en todos los ámbitos un “mercado de ideas” con un “amplio espectro de perspectivas ideológicas” y donde no haya “una sola ideología dominante”, considerando para ese fin la “transformación o abolición de unidades institucionales que castigan deliberadamente, menosprecian e incluso incitan a la violencia contra las ideas conservadoras”.

En esta línea, la administración del presidente Donald Trump precisa que las universidades no deben “permitir acciones (...) que retrasen o interrumpan clases” y que “manifestantes molesten o acosen” a estudiantes, e impedir la “obstrucción del acceso a partes del campus en base a raza, etnia, nacionalidad o religión”. Además, la circular recoge la obligación de los centros de “emplear la fuerza legal si es necesario” ante tales eventualidades.

Por otra parte, Washington estipuló que los empleados de los centros de educación que firmen este convenio deberán “abstenerse de acciones o discursos en relación a eventos sociales y políticos”. Una norma aplicada “con igual fuerza a todas las unidades académicas de la universidad, incluidas todas las facultades, escuelas, departamentos, programas, centros e institutos”.

La propuesta también obliga a la consideración única y excluyente de los términos “macho, hembra, hombre y mujer según la función reproductiva y procesos biológicos”, condiciones que traslada también a los espacios y competiciones femeninas.

Las universidades que lo firmen además “tienen el deber de reducir los costes administrativos tanto como sea posible” y “se comprometen a congelar los costes de matrícula cobrados a estudiantes estadounidenses en los próximos cinco años”, se lee en el documento.

El convenio también recoge la necesidad de una autorización federal para la concesión de visados a estudiantes extranjeros, que deben tener un “talento extraordinario” y apoyar “valores estadounidenses y occidentales para contribuir a un mayor entendimiento y aprecio a nivel mundial por Estados Unidos”. Estos deberán representar “no más del 15 por ciento de los estudiantes de grado” y “no más del 5 por ciento podrán ser de un país”.

La firma del convenio además convierte a las universidades involucradas en participantes de los programas gubernamentales contra el lavado de dinero y deberán comunicar al gobierno “toda financiación de cualquier institución o individuo extranjero”.

Según precisa el documento, el Departamento de Justicia será responsable de examinar el cumplimiento de estas obligaciones y cualquier violación de las mismas será penalizada con la pérdida de fondos federales durante los siguientes uno o dos años y la devolución obligada de la financiación percibida en el año del incumplimiento.

En este sentido, las universidades tendrán también que devolver las aportaciones privadas, si el donante lo solicitase.

Advertencia del gobernador de California

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió de que su estado “no financiará a las universidades” que firmen el acuerdo, considerando que, si lo hacen, “traicionan a sus estudiantes, profesores e investigadores y renuncian a la libertad académica”.

“Si alguna universidad de California firma este acuerdo radical, perderá instantáneamente miles de millones en financiación estatal, incluidas las becas Cal”, aseguró Newsom.

El convenio fue presentado a nueve universidades: Vanderbilt, Dartmouth, Pennsylvania, el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), Texas en Austin, Arizona, Brown, Virginia y la Universidad de California del Sur, la que sí que se vería afectada por la advertencia de Newsom.

Trump convirtió la reforma universitaria en una de las principales prioridades de su segundo mandato y esta se suma a los repetidos intentos de alterar el funcionamiento de los centros de educación superior a través de incentivos económicos o sanciones.

En los últimos meses, los tribunales ordenaron a la Casa Blanca que restablezca la financiación federal que retiró a instituciones como la Universidad de Harvard y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).