El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la medida cautelar de prisión preventiva de 56 imputados por el Ministerio Público como autores de delitos como asociación criminal, tráfico de armas prohibidas, tráfico de municiones adaptadas, tráfico de explosivos y pirotecnia, entre otros.

En la audiencia de formalización, que se extendió entre el viernes 17 julio y el miércoles 5 de agosto, la magistrada Marylin Neira Mendoza decretó la medida de cautelar de arresto domiciliario total de otros dos imputados y el arresto domiciliario parcial nocturno y la sujeción al Servicio de Reinserción Social Juvenil de un menor de edad.

La indagación surgió en 2024 en el marco del Foco Penitenciario de la Fiscalía Metropolitana Occidente y siete de los imputados ya estaban privados de libertad por otros delitos

Los integrantes de la banda fueron detenidos en un megaoperativo de la Policía de Investigaciones que se desplegó el miércoles 15 de julio de manera simultánea en 12 regiones del país.

Entre los imputados figura una funcionaria de Carabineros y un miembro del Ejército.

La uniformada, según la indagatoria, proporcionaba antecedentes sobre quiénes podían entrar o no a los chat donde se vendían las armas. Al funcionario castrense, en tanto, se le vincula a la comercialización de las mismas.

Según el ente persecutor, los imputados integraban una asociación criminal dedicada al tráfico ilegal de armas, que estuvo operativa desde, al menos, octubre de 2024.

La organización utilizaba grupos privados de Telegram y WhatsApp para coordinar la fabricación, comercialización y distribución de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y piezas impresas en 3D.

Además, contaba con reglas internas, mecanismos de seguridad y funciones específicas para cada integrante; tales como: los encargados de administrar los grupos en redes sociales, los fabricantes o armeros (incluidos especialistas en impresión 3D); y comercializadores, facilitadores logísticos y financieros.

Esta orgánica le permitió a la estructura delictiva concretar múltiples operaciones de venta, envío y distribución de armas y municiones entre 2025 y lo que va de 2026, muchas de ellas por medio de encomiendas que fueron registradas y documentadas mediante el uso de la figura de agentes encubiertos y reveladores, vigilancias, seguimiento e interceptación de envíos que culminaron con los allanamientos simultáneos en distintos domicilios de, prácticamente, todo el país.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.