Quienes han seguido de cerca el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial, comandada por el fiscal Miguel Ángel Orellana, coinciden en que el megaoperativo que se desplegó este miércoles 15 de julio de manera simultánea en 12 regiones del país es histórico.

En coordinación con las fiscalías regionales metropolitanas Occidente y Sur, y junto a un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones (PDI), este nuevo equipo del Ministerio Público logró desarticular una banda dedicada al tráfico de armas que, se estima, es la más grande del último tiempo. La organización tenía tentáculos en varias regiones, ya que logró extender sus operaciones en distintas zonas del país.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, tras la realización de una serie de allanamientos autorizados por los tribunales, se concretó la detención de 40 imputados ligados a esta estructura.

Según fuentes conocedoras de las pesquisas, la organización estaba encabezada por cinco menores de edad, de entre 14 y 17 años, lo que generó fuertes alertas entre los equipos.

Si bien se tenía antecedentes claros de que adolescentes infractores de ley actuaban utilizando armas de fuego, generalmente se les asociaba a roles de liderazgo en bandas dedicadas al robo violento de vehículos. Sin embargo, que ahora estén vinculados al tráfico de armas se considera una escalada grave de la problemática.

Los allanamientos simultáneos tuvieron lugar entre las regiones de Tarapacá y Aysén, y entre los objetos incautados destacan armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y máquinas de impresión 3D.

Si bien las diligencias se mantienen en curso, hasta ahora fuentes del caso dan cuenta de que se requisaron alrededor de 50 armas de fuego tradicionales y otras impresas que son adaptadas.

Conocedores de la indagatoria aseguran que los sujetos crearon modelos para imprimir las distintas piezas que luego ensamblan para así armar estos letales instrumentos.

Las coordinaciones de los sujetos ligados a esta estructura criminal, así como también la venta de los elementos prohibidos, se realizaba y gestionaba vía aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, por lo que tras los allanamientos también será clave pesquisar los aparatos tecnológicos de los detenidos.

En medio de los procedimientos, como destacaron desde el Ministerio Público, el fiscal Orellana se mantuvo activo en terreno, al igual que otros siete persecutores que se dividieron entre las zonas intervenidas y cuyas identidades se mantienen bajo reserva por motivos de seguridad.

Dado que hay un cúmulo de diligencias que se mantienen en curso, a petición de la Fiscalía, el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la ampliación de la detención de los imputados hasta el lunes, jornada en la que se concretará la formalización de la causa.

Según pudo conocer este medio, el inicio de estas pesquisas se remonta a antecedentes que surgieron en 2024, año en que se constató un fuerte incremento de la comercialización de armas de fuego en el mercado negro.

Los investigadores detectaron que armas y elementos prohibidos estaban siendo comercializados en plataformas digitales, y a partir de ahí rastrearon grupos de Telegram donde los imputados ofertaban, sin escrúpulos, estos productos.