Un nuevo proyecto de ley pone el aborto, una vez más, en el centro del debate. La propuesta, llamada Escucha su corazón y presentada por seis diputados —cinco de ellos pertenecientes a partidos de extrema derecha y una parlamentaria de Chile Vamos— plantea que, antes de acceder a una interrupción del embarazo permitida por la ley de tres causales, el personal médico informe a la mujer sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le “ofrezca la oportunidad de escucharla”. Sin embargo, distintas organizaciones que trabajan en derechos sexuales y reproductivos advierten que esta medida funcionaría, en la práctica, como una imposición, ya que si una mujer se niega a escucharla, el médico queda obligado a negarse a realizar el procedimiento.

Esta no es una idea nueva. Sigue una línea similar a medidas impulsadas por sectores conservadores en países como Hungría, España y Brasil. También “fue una campaña inmensa en Colombia, y es una campaña que está en México. Esto es algo que sigue un guion ensayado para introducir la culpa en las decisiones de las mujeres”, dijo en sus redes sociales la exministra de la Mujer, Antonia Orellana.

No es la única que ha levantado la voz. La propuesta generó un rápido rechazo entre organizaciones que trabajan en derechos sexuales y reproductivos, que han señalado que introduce nuevas barreras para acceder a un derecho ya reconocido por la legislación vigente y la califican como una medida coercitiva que busca dificultar la aplicación de la ley de tres causales. Una legislación cuyo acceso efectivo antes de la presentación de este proyecto, ya enfrenta importantes obstáculos, como concluyó el Informe Objeción de Conciencia en Chile 2025.

Entonces, ¿qué está realmente en juego cuando se discute un proyecto como Escucha su corazón? La abogada y socia de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán Z., dice que lo que está en juego es si en Chile vamos a seguir erosionando lo poco que ya existe, o si vamos a tener la honestidad de reconocer que el modelo actual tiene fisuras profundas.

“Aquí aparece algo muy revelador sobre los límites del modelo de causales. Este proyecto no necesita cambiar las tres causales para restringir el acceso, solo necesita agregar un requisito más en el camino. La discusión deja de ser si la interrupción en las causales debe seguir siendo legal o no. Pasa a ser bajo qué condiciones puede ejercerse. Ese desplazamiento no es menor, es exactamente lo que este tipo de iniciativas busca. Y en ese juego, quienes pierden siempre son las mismas: las que tienen menos recursos para sortear una cadena creciente de obstáculos”, explica.

Así, la discusión actual no parte con esta iniciativa. Llega en un contexto en que el acceso a un aborto legal continúa enfrentando barreras y donde incluso mujeres que cumplen con alguna de las tres causales encuentran dificultades para ejercer un derecho que ya reconoce la ley. Pero las dificultades no terminan ahí.

Las historias que hoy quedan fuera

Además de las barreras para el cumplimiento real de este derecho, en la actualidad hay muchos otros casos, algunos situaciones límite —como diagnósticos de cáncer, violencia doméstica o salud mental— que hoy quedan fuera del marco legal actual de las tres causales. Humanizar el debate sobre el aborto a través de estas historias fue justamente el objetivo de la campaña Podrías ser tú, una iniciativa conjunta de Abofem y AML Defensa de Mujeres, presentada en marzo de este año, que busca mostrar que cualquiera de nosotras podría atravesar una situación así.

Una de esas historias es la de Daniela. Siempre quiso ser mamá y por eso no dudó en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Fueron cientos de inyecciones, visitas al médico y, sobre todo, miles de noches en vela. Pero lo que nunca imaginó fue que el mismo día en que recibiera la noticia de su embarazo también se enteraría de que tenía cáncer. Según indicación médica, no podía comenzar la quimioterapia mientras estuviera embarazada.

“La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá, pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar”, dice.

Otro caso es el de Constanza. Parte diciendo “¿sabes identificar que te encuentras en una relación violenta?”. Ella por un tiempo no supo. Fue mientras era estudiante. Vivía con miedo, con angustia, desesperada todo el tiempo. No podía contarle a nadie, porque su pareja la amenazaba con matarla. Hasta que tuvo el valor de contarle a su familia. Con su apoyo pudo huir de la violencia, fue entonces cuando se enteró que estaba embarazada.

Seguir con ese embarazo implicaba, dice, seguir en ese círculo de violencia para siempre. Al verla así, su hermano la ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. “No fue fácil. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor para siempre”.

Cuando el acceso a una prestación de salud depende de demostrar que perteneces a una excepción, explica la abogada Francisca Millán Z., el sistema tiene que decidir quién califica y quién no. “Y esa decisión no la toma la ley abstractamente: la toma el médico de turno, con su criterio, sus prejuicios y su disposición. La ley deja ese margen abierto, y cuando hay discrecionalidad médica, hay arbitrariedad. Pienso en Daniela, que aparece en la campaña. Tenía cáncer. Los oncólogos le recomendaron interrumpir el embarazo para poder tratarse. Pero como el riesgo no era “inminente” según quien la evaluó, no calificó. Viajó al extranjero. Pudo costear eso. ¿Cuántas no pueden?”.

En Chile, cerca de seis mil mujeres han accedido a abortos legales y seguros desde la entrada en vigencia de la Ley 21.030, en 2017. Sin embargo, historias como las de Daniela, Constanza y muchas otras muestran que las tres causales no alcanzan a cubrir todas las realidades. El Instituto Guttmacher estima que cada año se realizan entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos en el país. Si esas cifras se contrastan con los procedimientos realizados bajo la ley, se concluye que solo entre un 0,36% y un 1,76% de los abortos están siendo abordados por el sistema de salud. El resto permanece en las sombras, con cifras inexactas y peligrosas.

Un problema de salud

Muchas veces, cuando se habla de aborto, el debate se instala en el terreno político o moral. Sin embargo, para la Dra. Claudia Santiago, ginecóloga obstetra, magíster en Salud Sexual y Reproductiva y directora de Ginecólogas Chile, la conversación debería partir desde otro lugar: la salud pública.

“Es una prestación de salud como cualquier otra, y así lo miran las grandes instituciones que son a las que nosotros ponemos nuestra mirada para, no solamente ejercer la medicina, sino también construir políticas públicas, como la Organización Mundial de la Salud, la FIGO y la EBCOG. Siempre, en esas instituciones, el aborto se ha mirado como una prestación más de salud”, explica.

Desde esa perspectiva, cuestiona que el Estado mantenga esta atención al margen del sistema sanitario. “¿Cómo se ve si el Estado abandona o castiga y deja sin tratamiento a un diabético que que se pegó un atracón de azúcar y llegó al servicio de urgencia con un cuadro grave? Yo no lo voy a juzgar, voy a intentar salvarlo. Y esto es exactamente lo mismo: el aborto es una prestación de salud que está abandonada por el Estado. Mientras no tenga apoyo del Estado, va a seguir siendo una prestación donde las mujeres sí ponen en riesgo sus vidas”, sostiene.

Aunque reconoce que existen situaciones límite como las que muestran los testimonios de la campaña Podrías ser tú, la especialista cree que centrar la discusión sólo en esos casos termina desviando el foco. “Las mujeres no tienen por qué explicar por qué quieren abortar. Todos esos trasfondos son excusas para justificar”, afirma. Y agrega que, si el aborto se entendiera como cualquier otra prestación sanitaria, nadie tendría que dar explicaciones adicionales para acceder a ella. “Para retirar mis medicamentos para la hipertensión en el consultorio yo no tengo que justificar por qué soy hipertensa. Tengo una receta de un médico que me validó. Y esto es una prestación de salud más. Si nos vamos por las ramas y tratamos de explicar lo inexplicable, terminamos cayendo en el juego de nunca acabar de tratar de entender por qué las mujeres abortan”.

Para la ginecóloga, las razones son tan diversas como las propias mujeres. Algunas decidirán continuar un embarazo en circunstancias complejas y otras no. Ninguna decisión, dice, convierte a unas en mejores o peores que otras.

“Detrás de cada ser humano hay una historia que, cuando uno se pone a escucharla, si tiene un poco de humanidad debería decir: ‘No tengo derecho a juzgar’. Porque nadie tiene derecho a juzgar la vida de otro”. Quizás esa sea la pregunta que deja este debate: antes que escuchar un latido, ¿somos capaces de escuchar las historias de las mujeres que viven estas experiencias?