A casi ocho años de la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales, el acceso efectivo a este derecho continúa enfrentando importantes obstáculos en Chile. Así lo concluye el Informe Objeción de Conciencia en Chile 2025, elaborado por Corporación Humanas.

La investigación, desarrollada a partir de solicitudes de acceso a la información pública realizadas al Ministerio de Salud, Servicios de Salud y hospitales públicos de todo el país, además de entrevistas a organizaciones y especialistas en derechos sexuales y reproductivos, analiza el impacto que tiene la objeción de conciencia en el acceso a las prestaciones garantizadas por la ley.

Aunque la legislación vigente desde 2017 permite interrumpir un embarazo cuando existe riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal o cuando el embarazo es consecuencia de una violación, el estudio concluye que el acceso sigue siendo desigual y depende en gran medida del territorio y de las capacidades de cada establecimiento de salud.

“La ley existe, pero el acceso sigue siendo profundamente desigual. Hoy las posibilidades de acceder efectivamente a una prestación garantizada por ley continúan dependiendo del lugar donde vive una persona, del hospital donde se atiende y de la disponibilidad de equipos médicos no objetores”, señala Jennifer Alfaro Montecinos, coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas.

Causal de violación concentra la mayor objeción de conciencia

Entre junio de 2024 y junio de 2025 se realizaron 1.065 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo bajo el marco de la Ley IVE. De ellos, 388 correspondieron a la causal de violación, convirtiéndose en la principal vía de acceso a la prestación.

Las cifras son particularmente preocupantes en menores de edad. El 100% de las niñas menores de 14 años que accedieron a la ley lo hizo por causal violación. En el caso de las adolescentes entre 14 y 17 años, el porcentaje alcanzó el 77%.

Según datos del Ministerio de Salud actualizados a octubre de 2025, el 40,4% de los médicos y médicas obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia en esta causal. La cifra disminuye al 20% en casos de inviabilidad fetal y al 13,7% cuando está en riesgo la vida de la mujer. En el caso de los anestesistas, el 18,8% se declara objetor en causal violación, mientras que entre técnicos y técnicas paramédicas la cifra alcanza el 11%.

La investigación también recoge testimonios que dan cuenta de prácticas revictimizantes, discursos paternalistas y cuestionamientos hacia los relatos de mujeres y niñas que solicitan acceder a la interrupción del embarazo.

Para Corporación Humanas, esta concentración de objeción en los casos de violencia sexual evidencia la persistencia de estigmas y cuestionamientos hacia quienes solicitan acceder a estas prestaciones, especialmente niñas, adolescentes y víctimas de agresiones sexuales.

Diferencias territoriales en el acceso

El Servicio de Salud Araucanía Norte registra el porcentaje más alto de médicos obstetras objetores en causal violación, con un 82,4%. Le siguen el Servicio de Salud del Maule, con un 63,5%, y el Servicio de Salud O’Higgins, con un 63,3%.

A nivel hospitalario, 34 establecimientos públicos presentan niveles de objeción iguales o superiores al 40% en la causal violación. Entre los casos más críticos figuran el Hospital de Cauquenes, donde el 100% de los médicos obstetras son objetores; el Hospital Sótero del Río, con un 89,3%; el Hospital de Victoria, con un 88,9%; el Hospital de Santa Cruz, con un 85,7%; el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz, con un 83,3%; y el Hospital El Pino, con un 80%.

El caso de Cauquenes destaca especialmente porque la totalidad de su personal médico obstetra y anestesista se declara objetor en las tres causales. Aunque el establecimiento deriva estos casos a centros de mayor complejidad, el informe advierte que no cuenta con protocolos específicos de reasignación y derivación.

“Detrás de estas cifras existen trayectorias de atención marcadas por retrasos, derivaciones, desinformación y obstáculos institucionales que afectan especialmente a quienes ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”, agrega Alfaro.

Falta de información y protocolos

El informe identifica además importantes déficits en materia de transparencia e información hacia las pacientes. En ese sentido, solo el 32,4% de los hospitales públicos reportó contar con información visible para usuarios y usuarias sobre los derechos contemplados en la Ley IVE.

Asimismo, apenas el 23% de los establecimientos que respondieron a las solicitudes de información señaló disponer de protocolos específicos de reasignación y derivación de pacientes, mientras que un 71% indicó no contar con estos instrumentos.

Corporación Humanas advierte que la falta de información clara y de mecanismos adecuados de derivación puede transformarse en una forma de obstaculización del acceso a derechos e incluso derivar en situaciones de violencia institucional.

Entre los casos documentados por la investigación se encuentra el de una mujer que solicitó acceder a la causal de riesgo de vida debido a ideación suicida y que, según el informe, terminó siendo esposada a una camilla tras la intervención de Carabineros.

Nuevas exigencias y monitoreo ciudadano

Como parte de su trabajo de seguimiento a la implementación de la ley, Corporación Humanas desarrolló una plataforma interactiva que permite acceder a información sobre objeción de conciencia en el sistema público de salud.

El informe también analiza las modificaciones al Reglamento de Objeción de Conciencia aprobadas en mayo de 2025, las que incorporan nuevas obligaciones para establecimientos públicos y privados, incluyendo deberes de información, protocolos de derivación y medidas para asegurar la disponibilidad de personal no objetor.

Desde la organización sostienen que los actuales niveles de objeción de conciencia refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar que mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes puedan ejercer los derechos que la ley les reconoce sin enfrentar barreras ni discriminación.