“El planteamiento de que la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) en Chile tomará más tiempo que lo observado en otros países no es tal”.

Eso es lo que plantea Nicolás Maggi, gerente finanzas abiertas de la Asociación de Bancos (Abif), en respuesta al comunicado que emitieron este miércoles desde FinteChile.

En concreto, FinteChile lamentó que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) postergue en un año la implementación del SFA y el gremio acusó que “Chile en el país más lento del mundo en implementar esta solución” dado que “su operación plena no se alcanzará antes del año 2030″.

Sin embargo, Nicolás Maggi asegura que “para analizar con precisión los plazos de implementación del SFA se requiere distinguir dos etapas: la definición de estándares y normativa, y la implementación propiamente tal”.

En ese sentido, el ejecutivo de la Abif afirma que “la primera etapa comprende el período entre que se dicta la Ley que habilita el sistema y el momento en que se publican las normativas y estándares técnicos finales. Esta etapa es relevante porque sin definiciones operativas, estándares ni documentación de APIs –los elementos que permitirán a las instituciones interconectarse– no es posible construir nada".

Al respecto, agrega que “la segunda etapa que corresponde a la implementación es de 18 meses para el caso de Chile. En cambio, Reino Unido tardó cerca de dos años y Brasil alrededor de tres en completar su primer despliegue, ambos con alcances más acotados que el caso de Chile –por ejemplo, solo contemplaban pagos únicos e inmediatos. En esta misma línea, Australia, sin contemplar pagos, demoró más de tres años en finalizar su alcance inicial".

A partir de lo anterior, Maggi cree que “no es correcto plantear que la implementación en Chile será más extensa que en otros países”.

Además, recalca que “el objetivo final debe ser una implementación eficaz y eficiente del SFA. En particular, la implementación debe involucrar beneficios reales a los clientes, sin exponerlos a riesgos en la información que se comparte ni menos en los pagos que se habilitan. Todo esto, entre otras cosas, requiere salvaguardias operacionales, resguardo de la información y ciberseguridad. Evitando, entre otras cosas, las altas tasas de errores que se vieron en las experiencias de Reino Unido y Brasil, donde informes oficiales reportaron problemas de funcionamiento superiores al 25% durante el primer año, lo que se traduce en que al menos uno de cada cuatro usuarios no pudo utilizar el sistema correctamente”.

Bajo este escenario, estima que “Chile se propone un plazo exigente para la implementación. Por ello, se vuelve relevante una apropiada planificación, por etapas, con indicadores cuantitativos y mecanismos de verificación de avance”.