La reacción del sector fintech al anuncio de la CMF sobre la modificación normativa que regula el Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) no se hizo esperar.

Este martes, FinteChile publicó un comunicado en el que advierte que la decisión de extender en 12 meses la entrada en vigencia del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), junto a otros elementos del diseño regulatorio incorporados en la NCG N°569, “debilitan la competencia en la industria financiera en Chile”.

Con la nueva norma, el SFA comenzará a operar en julio de 2027. Pero según el análisis del gremio, dado el esquema gradual que contempla la ley, la operación plena del sistema no se alcanzará antes de 2030.

Eso significaría entre seis y siete años desde la publicación de la Ley Fintech en enero de 2023, plazo que FinteChile compara desfavorablemente con otras jurisdicciones.

“Chile se convertiría en el país más lento del mundo en implementar esta solución”, señala el gremio en el comunicado.

Tres cuestionamientos a la norma

El primero es la postergación en sí misma. Con la NCG N°569, la entrada en vigor del SFA se extiende 12 meses adicionales a los 24 ya previstos, lo que fija el inicio en julio de 2027. Pero dado el esquema gradual de la ley, FinteChile advierte que la operación plena no llegará antes de 2030, entre seis y siete años después de publicada la Ley Fintech.

En comparación, el Reino Unido implementó su sistema en 1,3 años y Brasil en 1,5.

El segundo cuestionamiento apunta al mecanismo alternativo. La Ley Fintech mandató expresamente la existencia de un canal secundario e independiente que garantizara el funcionamiento del SFA en caso de falla de las APIs principales.

La nueva norma, en cambio, define como mecanismo alternativo aquel que opere “en caso de contingencia del mecanismo principal, en el marco de las exigencias de continuidad operacional”, lo que el gremio interpreta como el mismo sistema principal funcionando en modo de respaldo.

Para FinteChile, esto “supedita la disponibilidad efectiva del sistema a la robustez interna que tengan los actores incumbentes, sin establecer mecanismos independientes que aseguren la continuidad del sistema cuando el mecanismo principal falle”.

El tercero es el régimen piloto. La norma agrega dos meses obligatorios sin niveles de servicio exigibles, seguidos de seis meses con niveles atenuados.

Según el gremio, eso “retrasa en ocho meses adicionales el inicio operativo real del sistema” en cada una de sus etapas, y “pone en duda si realmente estará plenamente implementado en los tiempos que la ley exige”.

El costo para personas y pymes

FinteChile ancla su argumento en cifras concretas. Según datos del Banco Central que cita el comunicado, las colocaciones bancarias reales en Chile llevan cuatro años contrayéndose y el crédito de consumo no ha recuperado los niveles previos a la pandemia.

En ese contexto, el crédito informal moviliza US$ 4.000 millones al año e involucra a más de 600.000 personas, con tasas que pueden llegar al 10% diario y vínculos al crimen organizado.

En el segmento empresarial, el 46% de las pymes chilenas identifica el acceso a financiamiento como su principal barrera de crecimiento, según la Encuesta de Financiamiento Pyme 2024 de Maxxa.

“El SFA cambia esa ecuación, y postergarlo significa que las pymes seguirán financiándose en peores condiciones que las que un sistema operativo permitiría”, sostiene el comunicado.

El gremio también advierte sobre el impacto competitivo a nivel regional. América Latina es la región donde la industria fintech crece más rápido, con una tasa anual compuesta del 43% entre 2021 y 2025, más del doble que Europa o Norteamérica. “Cada atraso reduce nuestra ventaja competitiva, cediendo ese potencial a las economías que avanzan con más rapidez en la región”, señala FinteChile.

Valoración parcial y llamado a avanzar

En el comunicado, FinteChile dice que valora que la norma incorpore “mejoras técnicas relevantes”, como áreas de prueba, la ampliación del período histórico de datos al que podrán acceder las entidades y mejoras en su actualización, reconociendo que esos avances recogen parte del trabajo de más de cien sesiones técnicas entre la industria, las autoridades y otros actores del mercado.

Sin embargo, el gremio refuerza que esas mejoras no justifican los plazos.

“Esos avances no debieran traducirse en una postergación del inicio efectivo del SFA, ni en decisiones regulatorias que puedan afectar su competitividad o viabilidad operativa”, indica el texto.

“Cada año de postergación o un mal diseño regulatorio pone en riesgo los beneficios que este sistema va a entregar.”

¿Qué dijo el CFA?

En una columna enviada a Pulso, el Consejo de la CMF justificaó la postergación señalando que la infraestructura requerida es de alta complejidad y que se necesita tiempo suficiente para coordinarse con otras instituciones, alinear estándares de seguridad internacionales, introducir mayor gradualidad en la implementación (especialmente en las APIs de iniciación de pagos), realizar períodos de prueba y pilotos, y dar espacio a entidades con distintas realidades operacionales para adaptarse.

El tono central de la carta es defensivo pero optimista: la CMF quiere dejar claro que la postergación no cambia el rumbo ni la convicción detrás del proyecto, sino que busca asegurar que el sistema se implemente de forma robusta y confiable.

Cierran afirmando que el SFA representa “un cambio estructural del sistema financiero” y que avanzan “con responsabilidad y sin pausa”.