La megarreforma está a un paso de salir del Senado. Y si bien lo que se busca es generar un mayor crecimiento, también generará un mayor desafío para el gobierno el lograr cumplir la meta de déficit estructural que se propuso en el decreto fiscal publicado en mayo.

De hecho, en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, que la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó el martes por la noche, muestra que existe una brecha entre la meta de balance fiscal estructural y con las proyecciones que se establecen en este informe.

En uno de los cuadros del informe, se muestra la trayectoria del balance fiscal estructural con un escenario base (sin reforma) y otro alternativo (con megarreforma) entre 2027 y 2030, en ninguno de ellos se cierra la brecha entre la cifra que tiene el decreto con la proyección. Solo se prevé que para este 2026 la proyección es la misma que el -2,6% del PIB que se expresó en el decreto fiscal.

Para el 2027 se prevé un -2,1% del PIB en escenario base y -2,4% del PIB en escenario alternativo (meta -1,8%); -2,2 % del PIB para el 2028 en el escenario base y -2,6% del PIB en escenario alternativo (meta -1,7% del PIB); -2,0% del PIB en el escenario base para 2029 y -2,5% en escenario alternativo ( -1,6% del PIB meta). Para el 2030 se proyecta un balance fiscal estructural de -1,7% del PIB en escenario base y de -2,1% en el alternativo ( -1,5% la meta).

La razón detrás de esta trayectoria es que los gastos comprometidos son superiores a los gastos puede desembolsar el fisco para cumplir esa meta, por ello, se proyectan holguras negativas para todo el período tanto con reforma como sin ella.

En números, en el escenario base, es decir, sin megarreforma, el gobierno debe ajustar el gasto o tener más ingresos por US$6.190 millones entre 2027-2030 para cerrar la brecha.

En el desglose por año, se prevé que los gastos comprometidos superan en US$1.385 millones los gastos necesarios para cumplir la meta. Para el 2028, el monto se eleva a US$2.247 millones, en 2029 en US$1.883 millones y en 2030 en US$676 millones.

Ahora, con el escenario con la megarreforma aprobada, la situación fiscal es aún más desafiante, puesto que para cumplir la meta fiscal el gobierno debe ajustar o lograr allegar más recursos o una mezcla de ambas por US$13.078 millones entre 2027 y 2030, es decir, más del doble que en el contexto sin megarreforma.

Así, en 2027 los gastos comprometidos superan en US$2.769 millones los gastos necesarios para cumplir la meta. En 2028 sube a US$4.045 millones; en 2029 a US$4.236 millones y en 2030 a US$2.028 millones.

Pese a este complejo escenario, la Dipres señala en el informe que “estas estimaciones no deben interpretarse como una referencia rígida para una reducción del gasto, ya que dependen conjuntamente de la evolución de un set de variables: ingresos estructurales, escenario macroeconómico y parámetros estructurales utilizados para el ajuste cíclico; así, el cierre de holguras puede darse mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos”.

La visión de los expertos

Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián, sostiene que “el Informe de Finanzas Públicas sincera cuál es la brecha entre el objetivo trazado (meta) y dónde estamos hoy (proyección). Ello evidencia que la distancia representa un desafío que requiere un nivel de disciplina sostenida para ser cumplido”.

En ese sentido, la experta aseveró que “dado que nuestro país lleva tres años consecutivos de incumplimiento de metas con déficits profundos, sin duda este compromiso resulta muy exigente, pues además parte del ajuste queda concentrado en los años 2028 y 2029, que coincide con el ciclo de elecciones”.

Torres apunta que “el mayor desafío es consolidar que los ajustes ejecutados este año se consagren de manera permanente. Hoy se encuentran así reflejados, pero es una gran valla que traspasar cara al diseño del proyecto de ley de presupuestos 2027”.

Y agregó que “todos los esfuerzos por el lado del gasto, que no se pueden minimizar, siguen siendo necesarios y nuevamente el diseño del presupuesto 2027 es una oportunidad para avanzar en aquellas cosas que requieren vía legal para su materialización”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, sostiene que “el cumplimiento de las metas fiscales en el horizonte de proyección es desafiante. No solo por la existencia de holguras fiscales negativas, sino que, en caso de aprobarse el proyecto de reconstrucción nacional, el balance fiscal estructural sería aún más deficitario debido a que el PIB no minero efectivo se ubicaría sobre el nivel estimado actualmente del PIB tendencial no minero. Por lo tanto, más que la misma necesidad de ajuste vía gasto, la actualización del PIB tendencial no minero en un contexto de discusión o posible aprobación del proyecto de ley será relevante”.

En ese contexto, el economista plantea que “la complejidad a nivel del escenario fiscal, creo que radica en el alto nivel de gasto comprometido cuyo nivel se mantiene levemente sobre el 23% del PIB”.

Vanesa Lanciotti, Socia Líder de Tax & Legal en Deloitte, añade que “el informe deja señales mixtas, pero en general positivas. Por una parte, el gobierno logra mejorar su posición fiscal para 2026, reduciendo el déficit efectivo desde 2,4% a 2,0% del PIB y el déficit estructural desde 2,8% a 2,6%, cumpliendo la meta fiscal comprometida. Esto se explica por mayores ingresos asociados al cobre y al litio, junto con un esfuerzo adicional de contención del gasto cercano a $710 mil millones”.

Sin embargo, dice que “el propio informe reconoce que entre 2027 y 2030 las metas fiscales no se alcanzarían automáticamente con el gasto actualmente comprometido. La buena noticia es que las brechas son relativamente acotadas y pueden cerrarse mediante una combinación de mayor crecimiento, eficiencia del gasto y fortalecimiento de los ingresos".

Luis Eduardo Escobar, economista y asesor de la oposición agregó que “las metas fiscales que se ha fijado el gobierno son muy poco factibles de alcanzar y, aún si las alcanzaran, mantienen el déficit fiscal, aumenta endeudamiento público y deteriora la prestación de servicios sociales”.

Para el experto, “no hay espacio para recortar el gasto lo suficiente para equilibrar las cuentas fiscales. Tanto es así que el mismo gobierno dice que necesita más recursos para financiar la PGU y otras obligaciones legales. Más bien hay que racionalizar el gasto y asegurar su eficiencia”.