El cientista político y artista Sebastián Dávalos Bachelet vuelve a la carga contra Gonzalo Vial Concha, dueño de Graneles de Chile e hijo del fallecido controlador de Agrosuper Gonzalo Vial Vial (30 de enero de 2024).

Radicado en España, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet lanzó una nueva arremetida judicial para intentar revocar la sentencia del 2º Juzgado Civil de Rancagua. Dicho tribunal desestimó el pasado 27 de junio su demanda de indemnización de perjuicios, con la que pretendía obligar al empresario al pago de más de $680 millones de pesos, acusando abuso del derecho y daños derivados de una querella por estafa que data del año 2016.

En su escrito de casación en la forma y apelación, que deberá ahora ser acogido o desestimado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, la defensa de Dávalos, liderada por Félix Antolín, explicó que buscan corregir un acto de “injusticia concreta”.

Planteó que su cliente “soportó durante casi ocho años una persecución penal infundada que, al cabo de un extenso juicio oral, culminó en su absolución total y definitiva”.

“La querella que lo persiguió durante casi una década no fue el ejercicio legítimo de un derecho, sino un abuso del derecho que le causó daños graves y cuantificables, para lo cual resultaba indispensable acreditar que quien la interpuso y sostuvo actuó con dolo o, al menos, con culpa”, consignó el escrito patrocinado por Antolín.

En el juicio Dávalos exigió que Vial Concha prestara declaración, pero el tribunal que, en una primera instancia había concedido la petición, finalmente terminó por aceptar que un tercero en reemplazo del demandado respondiera a las consultas planteadas.

“La absolución personal de don Gonzalo Vial Concha, lo que ocurrió el día 31 de julio de 2025 no fue su comparecencia, sino la de un tercero, don Galo Miranda Gálvez, cuya identidad y facultades esta parte desconocía por completo hasta el mismo instante de la audiencia”, acotó el escrito.

“La persecución penal fue concebida, promovida y sostenida por Gonzalo Vial Concha, actuando a través de Inversiones Graneles del Sur con un propósito de desviar la atención pública y la actividad investigativa que, en ese mismo período, el Ministerio Público desarrollaba en su contra con ocasión del denominado Caso Caval, instrumentalizando para ello el proceso penal seguido contra nuestro representado”, agregó.

“De mantenerse la sentencia apelada, se consolidaría una situación manifiestamente injusta, en la que quienes sostuvieron durante casi ocho años una persecución penal que terminó en la absolución de nuestro representado, y que se desistieron de ella – a último minuto – en circunstancias que la doctrina más clásica describe como indiciarias de responsabilidad, quedarían liberados de toda consecuencia civil, pese a la existencia de prueba suficiente, no controvertida, y en parte ni siquiera examinada, para tener por configurada esa responsabilidad", indicó el esctrito.

Fallo

El 27 de junio de 2026, el juez Cristián Fernandez del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, resolvió rechazar la demanda en contra de Inversiones Graneles del Sur y de Gonzalo Vial Concha.

El tribunal concluyó que el empresario no interpuso la querella original del denominado Caso Caval a título personal, sino actuando exclusivamente como representante legal de Inversiones Graneles del Sur S.A.. Por lo tanto, la justicia determinó que no se le puede atribuir responsabilidad civil individual ni exigir el resarcimiento de perjuicios por los actos jurídicos ejercidos institucionalmente por la persona jurídica.

El fallo desestimó la existencia de dolo o culpa, elementos esenciales para configurar el abuso del derecho alegado por Sebastián Dávalos. El sentenciador argumentó que la querella inicial, presentada en junio de 2016, se dirigió de manera amplia contra “quienes resulten responsables”, sin individualizar ni imputar delitos directamente al demandante.

El tribunal destacó que la posterior ampliación de la querella y la acusación particular formulada por Graneles del Sur en contra de Dávalos se ajustaron a los hallazgos y a la formalización previamente impulsada por el Ministerio Público. Al adaptar su estrategia legal y teoría del caso a los resultados formales de la investigación fiscal, la empresa actuó en el ejercicio legítimo y congruente de sus derechos procesales, lo que descarta la comisión de un ilícito civil, determinó la justicia.