“Jamás imaginé que la misma confianza con que invertí mis ahorros y recomendé a mis familiares terminaría ocasionándome uno de los perjuicios patrimoniales más importantes de mi vida”.

Esta es parte de la segunda declaración ante la Fiscalía que prestó el 1 de julio el empresario Gonzalo Echeverría (63), chileno que reside en España y que acusa haber sufrido un perjuicio de más de $ 800 millones en el denominado caso Sartor, uno de los escándalos financieros más relevantes de los últimos años.

El próximo jueves 30 de julio, el Ministerio Público formalizará a 11 imputados por los presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Todos estos ilícitos se habrían cometido “entre el mes de enero del año 2020 y hasta la fecha”.

El grupo de formalizados estará liderado por Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor, quien recién declaró en días pasados, en más de una ocasión, ante el Ministerio Público. Larraín es defendido penalmente por el abogado Jaime Winter.

Entre los 11 formalizados estarían otros exsocios y exdirectores de Sartor. En noviembre de 2025, la CMF cursó multas y sanciones contra ocho personas, todos quienes serán ahora acusados penalmente. A fines del año pasado, la CMF levantó acusaciones y multas contra Pedro Pablo Larraín Mery y los exdirectores de la AGF Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez y Rodrigo Bustamante García. Las multas sumaron 367.500 UF, unos US$ 14 millones, pero las mayores sanciones correspondieron a Larraín (80 mil UF), Harz (75 mil UF) y Clark (65 mil UF).

Los accionistas indirectos de la matriz del grupo, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., eran Pedro Pablo Larraín (60,3%), Alfredo Harz (18,58%), Oscar Ebel (10%), Rodrigo Bustamante (6,95%) y Miguel León (4,17%).

Gonzalo Echeverría explicó a la Fiscalía que está “convencido de que los hermanos Larraín Mery, junto con Hugo Baranda Peralta, utilizando la credibilidad y prestigio del grupo Sartor, diseñaron y ejecutaron un esquema para apropiarse de mis fondos y de los de otros inversionistas, disponiendo de ellos para fines distintos a los pactados expresamente en los pagarés, y que la venta de Danke, realizada en diciembre de 2024 no fue sino una maniobra para que Carlos Larraín Mery intentara desvincularse de la contingencia judicial que se avecinaba, dificultando a las víctimas el cobro de lo adeudado”.

“En el mes de noviembre de 2024, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero emitiera resoluciones públicas en contra de Sartor AGF, comenzaron mis sospechas”, añadió.

“Frente a ese escenario solicité inmediatamente la restitución íntegra de mi capital. La respuesta fue aún más alarmante, se me indicó que no había caja, que el dinero ‘se esfumó’. En ese instante comprendí que el problema ya no consistía únicamente en un retraso en el pago de intereses, sino que existía un serio riesgo de perder el capital completo que había invertido durante años”, sostuvo.

“Fui inducido mediante engaño”

Antes de la declaración de Echeverría, en febrero, José Simón Zimend Loy prestó declaración en calidad de denunciante y víctima, tras ser estafado en el marco de las inversiones realizadas a través de Sartor Administradora General de Fondos (AGF).

“Fui invitado en diversas oportunidades a las oficinas de Sartor AGF, las cuales eran amplias, lujosas y con una gran cantidad de personal, trabajando con múltiples computadores conectados a los mercados bursátiles. En dichas oficinas fui recibido en distintas oportunidades por: Pedro Pablo Larraín Mery, socio y director de Sartor, y Rodrigo Bustamante, socio y director de Sartor”.

“Fui inducido a invertir mediante engaño, aprovechándose de una elaborada apariencia de legalidad, solvencia y éxito. Se ocultó información esencial sobre el destino real de los fondos. No se trató de un riesgo propio del mercado, sino de un mecanismo estructurado de captación de recursos, en perjuicio de los inversionistas. Estimo que los hechos descritos revisten caracteres de estafa, administración desleal y otros delitos económicos”, explicó.

Zimend declaró que ha sufrido un perjuicio patrimonial aproximado de $470 millones, “afectando gravemente mi situación económica personal y familiar”.

“Yo contaba con el dinero”

El 2 de abril, ante la Fiscalía Local de Las Condes declaró otra de las víctimas: María Eugenia Delpiano Puelma, jubilada.

Delpiano contó a la Fiscalía que tenía un departamento que vendió para realizar algunas inversiones y poder sustentar sus gastos. En ese momento, en el mes de julio de 2024, uno de sus hijos, Martín Irarrázaval, le recomendó invertir su dinero en Sartor.

En su declaración sostuvo que el monto del perjuicio sufrido asciende a $160 millones y que cada mes sacaba un millón para sus gastos, hasta que en marzo de 2025 la ejecutiva de Sartor, Claudia Hidalgo Giusti, le confesó que el grupo atravesaba problemas financieros.

“Quiero agregar que soy una persona de la tercera edad, tengo actualmente 82 años y pese a que físicamente soy una persona autovalente, existen momentos en que me falla un poco la memoria y tengo otros problemas propios de mi edad. Toda esta situación que me sucedió me tiene muy angustiada y además, económicamente me ha producido muchos problemas, porque yo contaba con el dinero entregado a Sartor, supuestamente en inversión, para solventar mis gastos de mantención, de salud y otros”, concluyó.