El 6 de julio de 2026, el exgerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco César Rodrigo Márquez Márquez (45) interpuso una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales por un despido que considera injustificado en contra de la corporación estatal ante el 2° Juzgado del Trabajo de Santiago. Un juicio que se estima largo: su primera audiencia preparatoria está citada recién para el 26 de mayo de 2027.

Márquez, asesorado por el penalista Juan Pablo Hermosilla, fue desvinculado de la cuprífera el 20 de mayo, después de 20 años trabajando en ella, acusado de ser el principal responsable de la inclusión supuestamente irregular de cerca de 20 mil toneladas de óxidos de cobre de la división Chuquicamata a la producción final de Codelco. El Hallazgo fue denunciado anónimamente y fue confirmado por la empresa tras una auditoría interna.

Según el informe de la auditoría, este material requería aún un procesamiento posterior, que se realizaría en la división Radomiro Tomic, por lo que debía registrarse como “subproductos en proceso” y no como producto terminado.

Con este incremento y un añadido irregular adicional de 6.875 toneladas contenidas en arsenito de calcio de la división Ministro Hales, la producción de Codelco de 2025 se habría elevado artificialmente a 1.334.445 toneladas, cuando en realidad la producción fue de 1.307.570 toneladas.

“Hagan lo que tengan que hacer”

En el extenso documento judicial de 49 páginas, Márquez rechaza todas las imputaciones que le realiza la empresa, asegurando que lo que realizó fue regular y en conocimiento de todas sus jefaturas, incluidos el expresidente del directorio Máximo Pacheco y el expresidente ejecutivo Rubén Alvarado.

Es más, argumenta su abogado, todas sus acciones fueron producto de las presiones que recibió por parte de los directivos de la empresa para lograr la meta de una producción superior a la de 2024.

“Mi representado fue sometido a un nivel de estrés y acoso intolerable para forzar el cumplimiento de metas productivas. Existieron presiones directas y continuas por parte del entonces presidente del directorio, don Máximo Pacheco, y el presidente ejecutivo, don Rubén Alvarado”, afirma al menos en cuatro oportunidades la acción legal.

E incluso relata al menos en tres oportunidades un episodio que, según Hermosilla, el exgerente Márquez vivió en primera persona: “El nivel de coacción llegó a su punto cúlmine el 31 de diciembre de 2025, último día del año, cuando el Presidente Ejecutivo, Rubén Alvarado, citó personalmente a Márquez a su oficina para exigirle resultados. En dicha reunión, Alvarado le impartió una instrucción directa y categórica, señalándole textualmente: “ya hablé con Barraza (Mauricio, el exvicepresidente de Operaciones despedido en febrero), a ti te digo lo mismo, hagan lo que tengan que hacer, pero tenemos que cumplir”.

Así, Márquez hace referencia a una consigna que impulsaban los directivos: que la producción de 2025 fuera mayor a la de 2024. Y que lo que incluyó en el informe final de producción fue una “respuesta directa a un clima de presiones extremas e instrucciones explícitas emanadas desde la cúspide jerárquica de la empresa”.

“La inclusión de los polvos (de Montecristo, como se le llamaba al arsenito de calcio) y óxidos no fue un “invento” del Sr. Márquez, dado que esto no está dentro de sus facultades, sino que formaba parte de una instrucción corporativa conocida como ‘operación rastrillo’, cuyo objetivo explícito, validado por los vicepresidentes y reportado al presidente ejecutivo, era poner en valor todo material con cobre para salvar las cifras de fin de año, sin importar si generaba pérdidas", acota.

De hecho, afirma que los llamados polvos de Montecristo debían ser procesados por la empresa Ecometales, filial de Codelco, en un procedimiento que tardaba hasta seis años para convertirse en producto para la venta y que representaban una pérdida de entre US$7 millones y US$50 millones para la empresa. Esta operación, dice la demanda, fue visada por el vicepresidente de Finanzas de Codelco, Alejandro Sanhueza, a su vez presidente del directorio de Ecometales, y el de Estrategia y Control de Gestión, Sebastián Court, director de Ecometales.

Normas “desactualizadas”

Márquez también dispara contra la auditoría interna, puesto que a su juicio incurre en un “error normativo insubsanable”: que para evaluar la supuesta irregularidad en el registro de producción, los auditores calificaron e imputaron los supuestos incumplimientos basándose en una normativa interna desactualizada, que ya no era aplicable en 2025.

Para acusar de la presunta sobreestimación de producción de óxidos, se basó en los parámetros del Instructivo Financiero Corporativo IFC Nº108 en su versión del año 2013, en vez de aplicar el vigente del año 2022, al tiempo que aplicó la Norma Corporativa de Codelco NCC Nº2 en la versión de 1992 en lugar de la que está rigiendo actualmente, que es de 2022.

“Demuestra que la auditoría no buscaba un análisis técnico objetivo, sino la confección de un traje a la medida para justificar un despido pretendidamente aleccionador, apartándose de sus propios estándares de auditoría y de la normativa interna de Codelco”, dice. Estas normas fueron las que la corporación aludió en la carta de despido de Márquez.

Millonaria indemnización

La denuncia de Márquez busca, en primera instancia, la reincorporación inmediata en su mismo cargo e igual salario, y restituyéndole todo lo correspondiente a los meses que no ha estado en su puesto. Su remuneración bruta mensual al momento del despido alcanzaba a $24.248.579.

Pero en caso de que esto no ocurra, realiza un pormenorizado detalle del conjunto de beneficios salariales que detentaba como ejecutivo de la empresa y sobre esa base calcula lo que pretende en términos económicos. Márquez fue despedido sin indemnización.

Como indemnización por años de servicio, con tope de 11 años como impone la ley y pese a que su contrato con la empresa no establecía tope, implica un pago de $267.105.443. A eso se le agrega el feriado legal no devengado, de 74,96 días hábiles y 109,96 días corridos, que equivalen a $89.002.771.

Asimismo, exige la restitución de un incentivo anual que se cancela todos los años a los ejecutivos y que se le retiró de su finiquito por $132.393.784, así como un incentivo a la permanencia de los ejecutivos que equivale a seis sueldos base mensuales, es decir, otros $145.693.878. Además, en su pago de salida se le restó una corrección de bono Codelco 2025 de $6.720.938, que también pide que se restituya.

Y finalmente, exige una indemnización por daño moral debido al escrutinio público al que ha sometido Márquez por acusarlo de ser el único responsable de esta situación de $800 millones.

Es decir, en total, exige $1.440.916.814.