El gobierno logró que su megarreforma fuera aprobada y despachada a la sala del Senado. En los plazos previstos, la Comisión de Hacienda la visó. Eso sí, la mayoría de los artículos contó solo con los votos del oficialismo, es decir, por tres votos a favor y dos en contra.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agradeció el trabajo de los senadores. “Quiero agradecer a la secretaría (de la comisión) y a los parlamentarios que han participado en la comisión por su buena disposición para ir resolviendo los temas”.

Uno de los temas más debatidos fue el de invariabilidad tributaria. Pese al conflicto que se generó con los senadores del PPD, se aprobó la indicación del Ministerio de Hacienda que acordó precisamente con esa bancada de senadores.

Sin embargo, la aprobación fue solo con los votos del oficialismo. Esto, porque Paulina Vodanovic (PS) y Diego Ibáñez (Frente Amplio), que reemplazó a Daniela Cicardini, lo rechazaron. No hay senadores PPD en esa instancia.

Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones. Ahora, tras el acuerdo con el PPD, la propuesta considera los años de invariabilidad según tramos de montos.

Un primer tramo, para montos de US$50 millones a US$100 millones, la invariabilidad será de 10 años.

En tanto, será de 15 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones. El último tramo de invariabilidad es de 20 años, para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones. Además, se estableció un pago extra al impuesto de primera categoría de 1,5%.

Desde Hacienda precisaron que la invariabilidad tributaria comenzará a regir desde que el proyecto genere ingresos brutos. Y en la oposición hicieron reserva de constitucionalidad, por lo que irán al Tribunal Constitucional.

El conflicto con el PPD se produjo el viernes luego que el Ejecutivo ingresara una indicación para bajar la tasa de impuestos a las empresas del 27% al 22% en lugar del 23% que contenía el texto inicial. Esa modificación molestó al PPD, quienes anunciaron que ya no existía acuerdo.

Debido a esa reacción, el gobierno decidió mantener la rebaja al 23% y de esa manera mantener el acuerdo con el PPD. Sin embargo, los senadores se mantienen distantes de votar a favor de este artículo cuando la iniciativa llegue al Senado.

“Es una reflexión que tengo que hacer porque obviamente se votó nuestra propuesta, que es una buena propuesta, pero está mediada por la falta de buena fe que hubo en la negociación. Yo voy a votar en contra. Para ser más preciso en el juicio. Siempre uno tiene que ver si hay algún argumento distinto. Me puedo abstener, puedo votar en contra, puede ser cualquiera de las 2 cosas. Pero no voy a aprobar”, señaló el senador y jefe de comité del PPD, Ricardo Celis.

El senador independiente-PPD, Pedro Araya, se mostró abierto a volver a negociar con el gobierno, pero a cambio de que se abriera una discusión para reducir el impuesto específico a los combustibles. Este lunes en el programa de streaming de La Tercera Desde La Redacción, el senador dijo que está dispuesto a retomar el diálogo con el Ejecutivo pero que el “interlocutor válido” ahora es el ministro Claudio Alvarado (Interior, Segegob) y no Jorge Quiroz (Hacienda). Así, instó a que el jefe de gabinete dé “un compromiso por escrito” a su nueva condición para sentarse a negociar con La Moneda: una rebaja al impuesto específico de los combustibles.

Sin embargo, esa puerta fue inmediatamente cerrado por parte del jefe de la billetera fiscal. “El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa y no está arriba de la mesa. El tema fiscal es muy serio y por ello, desde este ministerio no lo hemos considerado tocar”.

En esa misma línea expresó que “la responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiera una cosa o quiera otra. Esto es algo serio y, por lo tanto, el tema fiscal no es transable. Nunca lo va a ser”.

Para Quiroz se “vamos avanzando y aprobando los ejes fundamentales de este proyecto que esperamos que pronto pueda ver la luz para traer de regreso el progreso a nuestro país”.

No obstante, indicó que “no hay que quedarse en las pequeñeces. Ya la discusión de quién va, quién no va, que dijo una cosa, que lo otro no... No va por ahí la cosa, la cosa va más bien por el progreso de Chile, el desarrollo, y aprobemos este proyecto lo antes posible”.

Por todo aquello se anticipa que el Senado lo aprobará por estrecho margen, ya que no contará con los votos de la oposición.

Los otros artículos aprobados

También se aprobó el cobro de las deudas de los derechos de aseo con votos del oficialismo. Este artículo generó las críticas de la oposición, ya que los senadores y senadoras plantearon que esto iba a afectar principalmente a los sectores de menores recursos.

Por lo mismo, la senadora PC, Karol Cariola, solicitó un oficio al Ministerio de Hacienda para que pueda entregar antecedentes sobre quienes serán las personas más afectadas con esta norma.

Y se aprobó el reemplazo del aporte adicional al Fondo Común Municipal (FCM) fijado mediante la Ley de Presupuestos, a uno establecido en la Ley de Rentas municipales que ascenderá a 1.500.000 UTM anuales.

Crédito al empleo

También se crea un nuevo crédito a la contratación, dirigido a empresas exportadores de servicios basados en el conocimiento. Dicho crédito tendrá un monto de 15% sobre la parte de las remuneraciones atribuible a la actividad exportadora, con incrementos para trabajadores de regiones y zonas rurales de la Región Metropolitana. Con todo, el crédito tendrá un tope de 75 UTM por trabajador por ejercicio comercial. El catálogo de servicios elegibles se definirá mediante decreto del Ministerio de Hacienda.

La norma precisa que debe tratarse de servicios basados en el conocimiento, entendiéndose por tales aquellos que se sustentan principalmente en la calificación técnica o profesional, el uso intensivo de tecnología de la información, o el desarrollo tecnológico del prestador. No se entenderán como servicios basados en el conocimiento aquellos que no sean susceptibles de ser prestados o entregados a distancia, por medios digitales, electrónicos o de telecomunicaciones”.

Se especifica que deben ser calificados como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas, deben ser prestados a personas sin domicilio ni residencia en el país, y deben ser prestados total o parcialmente en Chile, para ser utilizados en el extranjero.

Asimismo, “el Ministerio de Hacienda, mediante decreto y previo informe del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, determinará un catálogo de servicios de la economía del conocimiento. Se presumirá de pleno derecho que los servicios que el Ministerio de Hacienda incluya en el referido catálogo son servicios de la economía del conocimiento”.

De acuerdo al informe financiero adicional, entregado junto con las indicaciones, el costo fiscal de este sistema será de unos US$150 millones al 2050, considerando que esta medida siempre va a ir subiendo su costo, ya que “la estimación considera que la masa salarial afecta al beneficio crece en torno a un 1% anual”.

Y, al año 2, es decir, en 2027 el costo sería de unos US$118 millones, casi 93% menos que lo previsto en el proyecto original, que alcanzaba a unos US$1.670 millones.

Los plazos

La iniciativa está prevista que sea analizada por la sala del Senado el miércoles, sin embargo, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), sostuvo que existe una posibilidad de que se adelante para este martes.

En ese sentido, dijo que este martes a mediodía en la reunión de comités, los legisladores decidirán si la megarreforma comienza a votarse este mismo martes.