El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha denunciado este domingo la decisión de Israel de aprobar la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado” como un intento de “robar y judeizar” los territorios palestinos y ha considerado la medida “nula” y carente de legitimidad.

“Es un intento de imponer por la fuerza el asentamiento y la judaización sobre el terreno, en flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”, ha señalado en un comunicado difundido por el diario ‘Filastín’, vinculado al grupo.

En la misma nota, ha considerado que la decisión aprobada este domingo es “nula y sin valor emitida por una potencia ocupante ilegítima” y ha asegurado que “la resistencia del pueblo palestino” no permitirá los intentos de Israel “de anexión, judeización y desplazamiento”. “La voluntad de nuestro pueblo y su apego a su tierra y a sus derechos nacionales inalienables seguirán siendo la barrera infranqueable contra las políticas y los planes expansionistas de la ocupación”, ha agregado al respecto.

Así las cosas, Hamas ha hecho un llamamiento a la comunicad internacional, incluido a la ONU y al Consejo de Seguridad, para que asuman “sus responsabilidades legales y políticas” y tomen “medidas inmediatas para detener la agresión de la ocupación y sus continuas violaciones contra el pueblo palestino”.

También ha condenado la medida el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, denunciando lo que constituye, a su entender, como “una anexión ‘de facto’ del territorio palestino ocupado”.

“Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones de legitimidad internacional”, ha señalado en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias WAFA, donde ha asegurado que la iniciativa de Israel “no otorgará ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina”.

Los gobiernos de Qatar, Turquía y Jordania se han sumado a la crítica de una propuesta aprobada este domingo por el Ejecutivo israelí para registrar amplias zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, por primera vez desde el comienzo de la ocupación en 1967.

También lo ha hecho el Ministerio de Exteriores de Egipto, en un comunicado en el que ha denunciado que la decisión de Israel “representa una peligrosa escalada destinada a consolidar el control israelí sobre los territorios palestinos ocupados y socavar los derechos legítimos del pueblo palestino”.

“Estas medidas constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, en particular del Cuarto Convenio de Ginebra y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la Resolución 2334”, ha señalado antes de recordar que contraviene el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que en julio de 2024 declaró ilegal la política de asentamientos de Israel y ordenó a este país el cese de los mismos y el pago de una reparación a los afectados.

El Cairo ha vuelto a expresar su “total rechazo a todas las medidas unilaterales destinadas a alterar el estatus jurídico, demográfico e histórico de los territorios palestinos ocupados”, advirtiendo al mismo tiempo de que el plan “amenaza las posibilidades de lograr una paz justa y amplia en” Oriente Próximo, puesto que este “solo exacerbará la tensión y la inestabilidad” tanto en los territorios objetivo como en el resto de la región.

La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Finanzas y líder ultranacionalista Bezalel Smotrich; el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, con la intención de regular las explotaciones agrícolas y aclarar el estatus de las zonas ocupadas en los territorios palestinos, un proceso burocrático cuya complejidad llevó a Israel a abandonarlo hace décadas.

Según ha declarado el Ministerio de Exteriores israelí en X, la decisión ha sido adoptada en represalia a los “procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C” de Cisjordania, bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.