En la madrugada del jueves y tras una sesión de más de 10 horas, la Cámara de Diputados de Argentina sancionó una ley impulsada por el gobierno de Javier Milei, que modifica una norma previa para la preservación de los glaciares en el país, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, pese a protestas y advertencias ambientales sobre el impacto en las reservas de agua. La reforma ya había sido aprobada por el Senado en febrero.

“A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”, dijo Milei en un comunicado tras la votación.

El mandatario libertario sostenía que la modificación de la ley 26.639, que regía desde 2010, sancionada durante el mandato de Cristina Kirchner, era un paso necesario para atraer inversiones mineras.

La Oficina del Presidente también informó: “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger”.

La publicación señala que “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, la nueva norma compatibilizará la protección ambiental con el desarrollo económico. El gobierno también enfatizó que la modificación “reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.

En otro tramo del mensaje, Milei afirmó: “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este gobierno su mayor enemigo”.

El bloque oficialista contó con el apoyo de aliados de derecha y de legisladores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.

En simultaneo al debate, miles de personas participaron de protestas contra la reforma con consignas como “el agua vale más que el oro” y “los glaciares no se tocan”. Organizaciones ambientales advirtieron que la medida agravará la crisis climática y adelantaron que la combatirán judicialmente.

Y es que ahora son las provincias las que van a tener mayor peso para decidir cuáles son esas zonas, y en cuáles es aceptable desarrollar actividad minera.

El gobierno nacional y las provincias mineras esperan que se destraben alrededor de US$ 20.000 millones en inversiones, detalla el diario La Nación.

El temor de quienes se oponen a la nueva ley es que en el afán de ampliar las explotaciones mineras algunas provincias, que reciben regalías de esa actividad, la habiliten en lugares en los que afecten a glaciares y zonas periglaciares.

Según sus críticos, la reforma pone en riesgo a los glaciares y zonas periglaciares de la extensa cordillera de los Andes, que son una importante fuente y reserva de agua dulce.

El inventario de glaciares presentado en 2018 arrojó un total de casi 17.000 cuerpos de hielo que ocupan una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados, un tamaño equivalente a 41 veces la ciudad de Buenos Aires.

En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17 % en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).

Diputados opositores argumentaron que la reforma es inconstitucional al contradecir tratados internacionales y afirmaron que pone en riesgo las reservas hídricas.

“No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, dijo el diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, centro).

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, comentó a la agencia AFP que la reforma está “hecha a medida de grandes mineras transnacionales” y que “pone en peligro el agua del 70% de los argentinos”.

El director del IANIGLA, Pablo Villagra, consideró que la reforma “desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina al designio político de las autoridades competentes de cada provincia”.

Según AFP, Milei busca potenciar la capacidad argentina en la explotación de cobre, litio, oro y plata, y cita con frecuencia como ejemplo al vecino Chile, primer productor mundial de cobre en la misma cordillera.

De hecho, durante el debate parlamentario, los diputados oficialistas consideraron que la reforma es imprescindible para que la minería se desarrolle a la par que en Chile, con quien comparte 5.000 kilómetros de frontera cordillerana y donde generó ingresos por más de 60.000 millones de dólares en exportaciones en 2025, 10 veces más que en Argentina, destaca el diario El País.

Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030.