La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó un proyecto de ley para derogar la denominada Ley de Estado de Excepción, normativa vigente desde 2020 que establecía procedimientos, límites y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo boliviano, incluyendo el despliegue de las Fuerzas Armadas.

La decisión fue adoptada durante una sesión realizada en la ciudad de Sucre, en medio de un complejo escenario político y social marcado por protestas, enfrentamientos y bloqueos que afectan desde hace tres semanas a la capital boliviana, La Paz.

La normativa ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados de Bolivia y, en caso de ser ratificada, podría modificar sustancialmente las facultades del gobierno para enfrentar situaciones de crisis interna.

Ley imponía límites y supervisión legislativa

La Ley de Estado de Excepción, promulgada en 2020, regulaba las condiciones bajo las cuales el Ejecutivo podía decretar medidas excepcionales frente a escenarios de emergencia o alteración del orden público.

Entre otros aspectos, la normativa establecía límites temporales para la aplicación de estas medidas, requisitos formales para su declaración y mecanismos de supervisión parlamentaria sobre las acciones adoptadas por el gobierno.

Con su derogación, el Ejecutivo encabezado por el presidente Rodrigo Paz podría disponer de un mayor margen de maniobra para aplicar estados de sitio o medidas extraordinarias ante episodios de conflictividad social, sin algunas de las restricciones que imponía la legislación actual.

El debate se da en un contexto especialmente sensible, debido a las masivas movilizaciones y cortes de rutas que mantienen parcialmente paralizada a La Paz y otros sectores del país.

División política por eventual estado de excepción

La propuesta fue respaldada por mayoría en el Senado, aunque el debate evidenció profundas diferencias respecto del uso de mecanismos excepcionales para enfrentar la crisis.

Quienes apoyaron la derogación señalaron que buscan evitar posibles excesos en la aplicación de medidas extraordinarias y resguardar las garantías constitucionales de la población en medio de las protestas.

Sin embargo, sectores cívicos y empresariales han pedido al gobierno endurecer su respuesta frente a los bloqueos.

Uno de ellos fue el Comité pro Santa Cruz, que instó al presidente Paz a decretar un “estado de excepción sectorizado” con el objetivo de garantizar la libre circulación y desbloquear carreteras y accesos estratégicos.

En contraste, sindicatos y organizaciones sociales que impulsan las movilizaciones advirtieron que la utilización de esa figura constitucional podría profundizar la confrontación y derivar en nuevos episodios de violencia.

En paralelo al debate político, la Iglesia Católica de Bolivia, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias emitieron un comunicado conjunto exigiendo el cese inmediato de los hechos violentos registrados durante el fin de semana.

El pronunciamiento ocurrió luego de los enfrentamientos ocurridos el sábado en la carretera entre La Paz y Oruro, además de diversos incidentes registrados en sectores de El Alto, cuando el gobierno desplegó convoyes de policías y militares para intentar desbloquear rutas tomadas por manifestantes.

Las organizaciones pidieron un “esclarecimiento urgente, independiente y transparente” de los hechos, especialmente respecto de personas heridas, un fallecido y denuncias de posibles vulneraciones a los derechos humanos.

“Lamentamos que el diálogo no se haya concretado hasta ahora”, señala el documento conjunto, que además advierte sobre la necesidad de reconstruir canales de comunicación entre el gobierno y los sectores movilizados.

Asimismo, las instituciones expresaron su disposición a continuar promoviendo acercamientos para reducir la tensión política y social que atraviesa el país.

“La prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana”, concluye el comunicado.