Siguen los coletazos en torno al caso Licencias, que se destapó luego que la Contraloría General de la República (CGR), a través de su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), revelara que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras tenían licencia médica.

La situación ya ha derivado en renuncias y sumarios internos. Ahora, los alcaldes asociados en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) aseguraron que están tomando acciones para desvincular a aquellos funcionarios que hayan hecho mal uso de los permisos médicos.

Por otra parte, al menos tres municipios acoplados en la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) anunciaron que se querellarán con aquellos funcionarios que se hayan visto involucrados en el caso.

El presidente de la ACHM, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, aseguró que los datos revelados por Contraloría representan una falla a nivel de Estado. “La autocrítica tenemos que hacerla a nivel de Estado”, aseveró.

En ese sentido, señaló que es necesario trabajar en conjunto “para modernizar el Estado y las personas que están involucradas en esto tienen que salir. Los jefes superiores de servicios tenemos que tomar medidas rápidas, como las estamos tomando los municipios, para poder sacar a estas personas de todo lo que es el sector público”.

En esa línea, indicó que “algunos municipios estamos pidiendo oficio a Policía de Investigaciones y Contraloría para poder llegar más allá del año 2024-2023, porque creemos que es una falta bastante grave y no permitiremos abuso en el sector público".

En ese sentido, detalló que la “Municipalidad de Santiago, de Ñuñoa, de La Reina, de Zapallar, de Papudo, de Puchuncaví, de La Ligua, ya iniciaron los sumarios y estamos avanzando bastante rápido con una política estratégica en las municipalidades".

Por su parte, el presidente de la AMUCH, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, solicitó “ajustes” en los estatutos para agilizar los sumarios.

“Hoy día las posibilidades administrativas que tenemos son bastante restringidas. Podemos hacer sumarios administrativos, sin duda, pero estos procesos son largos y hemos tenido experiencias también en que, pese a la gravedad de las situaciones tenemos que reintegrar a los funcionarios y muchas veces también tenemos que indemnizarlos”, indicó.

En ese sentido, planteó que desde los municipios deben “ser muy fuertes y muy categóricos en las sanciones. Y para eso necesitamos también ajustes que nos permitan evitar que esta situación se dé en el mundo público”.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos, no solamente como municipios, sino también como asociaciones, para poder avanzar en una norma que nos permita que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir”, aseveró.

En ese sentido, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, anunció que tanto su municipio como San Miguel y La Reina presentarán “querellas respecto a los funcionarios que están involucrados en los diferentes municipios, porque esto es un delito. Acá hay un delito concreto, el cual perseguir para que sea investigado por la Fiscalía”, sostuvo.

Asimismo, anunció que pedirán “la restitución de esos fondos y, por último, pediremos una ampliación de la investigación hasta el 2020, porque acá hay más funcionarios involucrados que pueden estar trabajando hoy día en los municipios y se mantienen en su responsabilidad administrativa”, indicó.