Se trata de un plan inédito en Chile. Comenzó a urdirse indirectamente en la década de los 70, cuando surgieron los primeros estudios científicos que alertaban de la materia. Recién en 2007 tomó fuerza realmente, cuando se daba cuenta de un evidente grado de contaminación en el lago Villarrica, y en 2013 se creó la primera norma ambiental, para que este 2026 se pudiera dar a conocer finalmente el decreto que aprueba el denominado “Plan de descontaminación del lago Villarrica”, ya publicado en el Diario Oficial.

La iniciativa busca preservar el lago ubicado en la Región de La Araucanía a través de una disminución de los niveles de fósforo y nitrógeno en este cuerpo de agua, lo que se conoce como proceso de eutrofización, el que produce un tono amarillento en el lago.

Es decir, el plan tiene como objetivo detener la proliferación exagerada de algas y plantas que deterioran la calidad de sus aguas.

Aunque en menor medida, también se plantea la necesidad de reducir el impacto de las embarcaciones con motor en base a hidrocarburos, especialmente por sus posibles efectos en la remoción de sedimentos.

El proyecto, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno Regional, municipios y entidades privadas, tiene un plazo de 15 años, por lo que las inversiones asociadas se irán haciendo paulatinamente durante ese período.

De todas maneras, las medidas relevantes no comenzarán a concretarse antes de uno o dos años más, puesto que hay temas normativos, administrativos y presupuestarios previos.

El costo oficial proyectado es de US$ 18,83 millones de parte del Estado y US$ 37,3 millones provenientes de privados desde empresas del sector piscícola y acuícola.

Martín Becker, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, señala que el diagnóstico formal de contaminación se estableció mediante el Decreto Supremo N° 43 de 2017. “Este declaró a la cuenca del lago Villarrica como zona saturada. Esta determinación se sustentó en el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental (NSCA) para la protección de sus aguas”.

“A través de los informes técnicos de cumplimiento validados por la Superintendencia del Medio Ambiente se constató que en los períodos bianuales 2014-2015 y 2015-2016 los parámetros de clorofila A, transparencia y fósforo disuelto superaron los límites permitidos en las áreas de vigilancia, confirmando la condición de saturación del lago”, añade.

Víctor Durán, director del proyecto “Vigilantes del lago”, de la Fundación Red de Nuevas Ideas, conoce el lago y su historia a la perfección. Remarca que el primer estudio lo hizo la Universidad Austral, entre 1978 y 1979. “Luego se confirma la tendencia de contaminación en un nuevo estudio de la misma universidad, en 1984-1985, y en 1989 se hizo la primera advertencia pública a través de la prensa regional”, recuerda.

Respecto de los elementos contaminantes de lago, Becker revela que se realizó un inventario de emisiones y el resultado total fue una carga de 270,5 toneladas por año de fósforo, definiéndose una meta de reducción de 73 toneladas por año para las principales fuentes reguladas”.

Como instrumento de gestión ambiental, “el plan consiste en implementar medidas y acciones específicas para recuperar los niveles de calidad ambiental de la zona saturada, reduciendo el ingreso de nutrientes al lago mediante el saneamiento, control de emisiones y restauración ecológica”, indica Becker.

Entre las medidas concretas destacan una norma de emisión de fósforo anual; prohibición de uso de fosas sépticas y pozos negros para viviendas rurales; el desarrollo de un proyecto de conexión a alcantarillado para casas urbanas; diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas; y fiscalización a descargas en el lago, entre otros.

En tal sentido, Durán aporta que uno de los problemas del lago es la eutrofización, la que se caracteriza por el alto ingreso de nutrientes como el fosfato, que tiene efectos negativos sobre el ecosistema lacustre como blooms de algas tóxicas, pérdida de playas por invasión de vegetación, aumento de la turbiedad del agua, disminución de la pesca y desequilibrios en ecosistemas. Un 52% del fosfato es natural, y un 48%, de origen antrópico.

El experto señala que “un 54% lo aportan las pisciculturas; el 25%, actividades agropecuarias-forestales, y un 21%, urbanizaciones. La capacidad de carga de fosfatos del lago es de 200 toneladas anuales, pero ingresan 270 toneladas al año actualmente”.

Pese a que el plan considera la reducción del impacto de las embarcaciones con motor en base a hidrocarburos, Durán aclara que la saturación del lago es principalmente por fosfatos, no por hidrocarburos o basura. “De hecho, los monitoreos de la Armada indican que están bajo el límite de detección de los equipos usados. Es decir, bajo 1 milígramo por litro. Mientras que en ruidos de las embarcaciones no hay norma ni estudios”.

El alcalde de Villarrica, Pablo Astete, recalca que “vamos a hacer todos los esfuerzos como municipalidades, también con el sector público-privado, para que este plan dé resultado y además se pueda hacer la medición en el corto plazo de lo que son las disminuciones de emisiones de fósforo y nitrógeno”.

Pero el lago también baña las playas de Pucón, y su alcalde, Sebastián Álvarez, además con valorar como “histórico” el acuerdo, cree que el instrumento “podría ser incorporado en el debate de la Ley de Presupuestos 2027, que pueda ser debatido en el Congreso Nacional, para que este plan tenga recursos para su puesta en marcha”.

“De lo contrario, pudiese quedar en letra muerta. Y sabemos que el compromiso del gobierno es precisamente avanzar con determinación en la descontaminación del lago Villarrica”, añade Álvarez.