Esta jornada la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa presentada por el gobierno de José Antonio Kast y que apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales dándoles mayores atribuciones, y permitiendo, entre otras cosas, la revisión de mochilas.

Junto con esto, la iniciativa también busca negarles la gratuidad en educación superior a quienes hayan sido condenados por hechos de violencia escolar.

Tras la aprobación en general, que obtuvo 103 votos a favor, 43 en contra, y 3 abstenciones, la Sala realizó 27 votaciones referidas al articulado e indicaciones.

Durante las votaciones en particular, y tal como lo anunciaron durante la tramitación del proyecto en la comisión, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Schneider hicieron reserva de constitucionalidad sobre varios de los artículos aprobados, por considerar que vulneran los derechos de niños y adolescentes y principios como la igualdad ante la ley, entre otras materias.

Asimismo, el diputado Héctor Ulloa (PPD) manifestó que también desde su partido se sumaban.

“Nos sumamos como bancada a la reserva de constitucionalidad de la diputada Schneider y diputada Serrano por infringir gravemente lo dispuesto en el artículo 19 número 2 de la Constitución por igualdad ante la ley”, indicó.

Ministra Arzola: “Estamos dispuestos a seguir incorporando precisiones o mejoras”

En la instancia legislativa asistió la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien junto con agradecer a los diputados oficialistas por la rápida tramitación, también manifestó previo a la votación que están dispuesto a acoger las inquietudes en materia de restringir la gratuidad para aquellos que cometan delitos para la tramitación en particular.

“Sobre este punto quiero decir que en la línea de tener buena disposición a acoger precisiones y mejoras que se puedan hacer, vamos a acoger una sugerencia de la Democracia Cristiana de poder circunscribir la comisión de delitos o esta inhabilidad a los delitos cometidos en el espacio escolar y en las inmediaciones, porque como hemos dicho estamos abiertos a incorporar las mejoras que hagan de este proyecto una iniciativa que definitivamente ayude a proteger el espacio escolar, se llama Escuelas Protegidas”, anunció.

“La vamos a incorporar en el siguiente trámite y voy a insistir en que estamos dispuestos a seguir incorporando precisiones o mejoras que permitan lograr los consensos para sacar esta iniciativa adelante”, indicó.

El debate en la Sala

La discusión comenzó ayer lunes 20, y debido a la cantidad de parlamentarios inscritos, el debate continuó esta jornada.

Ayer, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la comisión de Educación, fue la primera en pedir la palabra, quien expresó su desacuerdo con el proyecto de ley, apuntando que durante la instancia de la que es parte “se cortó el debate, se cortaron las audiencias”.

“¿Eso mejora el problema de convivencia educativa? Todo lo contrario, enfrenta a las comunidades", sostuvo la parlamentaria, acusando que “esto es una medida antipobre y es inconstitucional”.

Por su parte, Germán Verdugo (PNL), diputado integrante de la comisión de Educación, afirmó que “los antecedentes son irrefutables y alarmantes. Los establecimientos educacionales han experimentado un deterioro progresivo en sus condiciones de convivencia. La denuncia de maltrato a los profesores y a miembros de la comunidad educativa ha crecido exponencialmente en los años”.

En tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper, respondió a la intervención de la parlamentaria Serrano, señalando que “yo lo único antipobres que conozco es un sector político de esta sociedad que ha controlado los liceos públicos del Estado al servicio de la violencia. Es un sector político de este Congreso que ha sido cómplice activo con el fin de la calidad educativa de la educación pública chilena. Eso sí que es antipobres”.

Mientras que el diputado Jaime Bassa (FA) expresó que “la crisis que enfrentan los espacios educativos no se resuelve con medidas aceleradas ni con propuestas impuestas a mata caballo”.

“Señor presidente, no hay varitas mágicas que resuelvan los problemas de forma definitiva. Si queremos abordar los problemas en serio, debemos entender las fuentes del conflicto, así como las condiciones sociales, emocionales y educativas que lo están vinculando. Las soluciones reales son de largo plazo”, sostuvo el parlamentario.

Junto con ello, el diputado Marcos Barraza (PC), se mostró en contra del proyecto y pidió reserva constitucional de los artículos 1, 2 y 6 de la iniciativa.

“Los artículos 1 y 2 vulneran el artículo 5, inciso segundo de la Constitución, en relación con el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe injerencias arbitrarias en la vida privada de niñas, niños y adolescentes”, detalló.

“El proyecto habilita la revisión de mochilas y efectos personales sobre la base de meros indicios, sin reglas que impidan la selectividad ni la estigmatización. Afecta también el principio de proporcionalidad, subsumido en los artículos 6 y 7, en el artículo 19, número 2, y en el artículo 19, número 26 de la Constitución”, precisó el parlamentario.

En tanto, el diputado Cristián Contreras (PDG), apuntó -nuevamente- contra la reforma de educación de la expresidente Michelle Bachelet y calificó que el proyecto actual es “es superficial”, pero que de igual forma busca “dar tranquilidad a las familias”.

“Considero importante investigar esta misteriosa alza de hechos violentos en los colegios”, añadió.

Desde la DC, la diputada Priscilla Castillo, señaló que la violencia no nace en las escuelas, sino que “llega a las escuelas”, debido a los contextos familiares de los estudiantes.

“Revisar una mochila puede prevenir un riesgo inmediato, pero no enseña autocontrol. Suspender a un estudiante puede sacar el conflicto de la sala, pero no le enseña empatía. Una escuela no se ordena solo con control, se ordena cuando existe sentido de pertenencia, cuando un niño siente que importa, cuando un joven siente que alguien cree en él”, aseguró Castillo, quien también rechazó la propuesta sancionatoria a jóvenes condenados.

El diputado Luis Malla (P. Liberal) afirmó que vota a favor del proyecto, “pero con muchos reparos”.

Sin embargo, señaló que “no es normal que nuestros niños, jóvenes, profesores y asistentes de la educación, estudien y trabajen con miedo (...) ya lo vimos en Calama y en Arica, hemos visto como liceos, colegios o escuelas, suspenden clases por miedo a otra desgracia, pero acá hay una enfermedad más compleja: hay una crisis silenciosa de salud mental”, por lo que también pidió tramitar modificaciones a la ley de seguro escolar, para permitir atenciones psicológicas de urgencia.

“No hubo diálogo”, gratuidad, y reserva de constitucionalidad del artículo 5

Ya en la segunda jornada de tramitación, hoy martes 21, la diputada Emilia Schneider, integrante de la comisión de Educación, manifestó que si bien compartían en el Frente Amplio la preocupación por la violencia en los colegios, recordó que por esto se presentó en el gobierno del Presidente Gabriel Boric la ley de convivencia escolar.

“La educación chilena no necesita solo buenos titulares, necesita buenas políticas públicas. Este proyecto no tiene respaldo técnico (...) En la tramitación presente no hubo diálogo, presentamos más de 70 indicaciones para mejorar este proyecto y el gobierno no las escuchó. El oficialismo nos negó toda posibilidad de diálogo”, denunció.

La diputada Ximena Ossandón (RN) en tanto, indicó que si bien votaría a favor ya que “comparte el objetivo de fortalecer la seguridad de las comunidades educativas”, la disposición que inhabilita el acceso a la gratuidad en la educación superior por 5 años para jóvenes o escolares, “no apunta a resolver el problema de convivencia escolar, lo que hace es extender el castigo hacia el futuro, afectando directamente las posibilidades de poder enmendar el rumbo”.

“Eso es, derechamente, cerrarles el principal camino de movilidad e integración. Ahí, esa sanción no debería aplicarse en ningún caso, según mi criterio, a los escolares de colegio”, indicó.

Esta disposición contrastó fuertemente con los dichos del presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), quien durante su intervención apoyó fuertemente la medida de suspender la gratuidad a los escolares, indicando “¿Por qué les vamos a financiar los estudios a estos delincuentes?“.

Por su parte el diputado César Valenzuela (PS) advirtió que el proyecto “es incapaz de abordar adecuadamente” el problema de violencia en las escuelas.

“Crea figuras jurídicas que ya existen, delega al personal educativo funciones policiales, equipara conductas de muy distinta gravedad bajo una misma sanción, entre otros”, sostuvo.

En esto, hizo hincapié en que la amplitud con que está redactado el artículo 5 “permite expulsar no solo a quienes ejercen violencia, sino también a estudiantes que se movilizan legítima y pacíficamente”.

“Advertí de esta situación detalladamente al ministro García Ruminot y no se corrigió”, señaló.

“No es lo mismo un estudiante que agrede, que amenaza o que destruye su liceo que aquel que paraliza las clases, por ejemplo, para denunciar lo inaceptable que es estudiar en invierno con los vidrios rotos en la sala. El gobierno con esta norma mete a todos en el mismo saco", señaló.

El proyecto de ley, advirtió, es en general malo, “pero el artículo 5 es malo y peligroso”.

“Dice perseguir la violencia, pero en realidad intenta callar a los estudiantes de Chile. Por eso voy a rechazar. Y justamente por eso voy a formular la reserva de constitucionalidad del artículo 5″, indicó.