Los cuatro imputados del caso Sartor que quedaron en prisión preventiva ya ingresaron a los recintos penitenciarios donde cumplirán la medida cautelar decretada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según informó este martes Gendarmería, Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery y Sergio Yáñez ingresaron al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, mientras que Michael Clark fue derivado al Anexo Capitán Yáber.

La decisión se produce luego de que la magistrada Paulina Moya acogiera la solicitud de la Fiscalía y decretara la cautelar más gravosa contra los cuatro imputados en el marco de la investigación por las operaciones vinculadas a Sartor.

En el caso de los hermanos Larraín, se trata del excontrolador de Sartor Pedro Pablo Larraín y del exdirector de Sartor AGF Carlos Larraín. Clark es exdirector y exdueño de Tactical Sport, fondo que controlaba Azul Azul, mientras que Yáñez es excontrolador del factoring Emprender Capital.

Gendarmería explicó que, tras su llegada a los respectivos recintos, se aplicaron los procedimientos habituales para las personas privadas de libertad. La documentación fue contrastada y los imputados fueron derivados al área de salud y posteriormente a la oficina de clasificación y segmentación, antes de ser destinados a sus dependencias.

La institución precisó además que fue el tribunal competente el que ordenó el ingreso a esos establecimientos penitenciarios, los que, según señaló, “se condicen con la clasificación y segmentación de los imputados”.

La formalización del caso Sartor

La resolución se conoció tras la extensa formalización iniciada el 30 de julio, en la que el Ministerio Público imputó a 11 personas por las operaciones investigadas en torno a Sartor.

Durante la audiencia, la jueza Moya dio por acreditados, para efectos de esta etapa procesal, los delitos de fraude por omisión de oferta pública de adquisición y lavado de activos, mientras que consideró no acreditado el otorgamiento de contratos simulados.

Según la tesis de la Fiscalía, ejecutivos de Sartor estructuraron un esquema mediante el cual fondos de inversión públicos destinaban recursos a fondos privados que posteriormente financiaban sociedades relacionadas directa o indirectamente con los propios directores de la administradora.

El Ministerio Público cifra el perjuicio investigado en US$78.562.257 y $104.640.516.271, montos que, sumados y convertidos al tipo de cambio considerado durante la formalización, equivaldrían a cerca de US$191 millones.