Un informe emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso reveló irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales y de salud por parte de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM), encabezada por la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti (FA), correspondientes al periodo entre enero de 2020 y setiembre de 2023.

El Informe Final N° 490/2024, fechado el 2 de junio de 2025, concluye que la entidad mantenía una deuda previsional nominal de $ 11.871 millones al 31 de diciembre de 2023. En consecuencia, esta cifra se elevó desde los $ 3.223 millones registrados al cierre de 2020, periodo en el que estuvo la exalcaldesa Virginia Reginato, la cual es acusada por su sucesora, quien la apunta de haber heredado la deuda previsional.

Según el documento de la CGR, “durante el período examinado las cotizaciones previsionales y de salud, en general, fueron pagadas con atrasos, las cuales en algunos casos superan los 600 días”.

Como resultado de esos pagos extemporáneos, la CMVM incurrió en el desembolso de $ 5.271 millones en intereses, reajustes y gastos de cobranza, lo que, en palabras de la Contraloría, “representa un daño, perjuicio o pérdida de recursos públicos”.

El organismo fiscalizador anunció que “procederá a formular el reparo pertinente contra los responsables a la época en que se produjo el déficit patrimonial que originó el retraso”, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 10.336, y según el criterio de un dictamen de 2025.

Además, se verificó que al 30 de septiembre de 2023, la CMVM registraba una deuda nominal de $ 10.096 millones por concepto de cotizaciones. Sin embargo, según la información reportada por las AFP, isapres, Fonasa, IPS y el Instituto de Seguridad del Trabajo, al actualizarse por intereses y recargos, la deuda ascendía a $ 15.720 millones.

La Contraloría también observó que la corporación no contaba con análisis de cuentas que detallaran las cotizaciones adeudadas por trabajador o institución, manteniendo únicamente registros extracontables generales.

Esta deficiencia, según el informe, “no permite a la entidad tener certeza respecto de la existencia, correcta valorización y clasificación contable de las partidas que componen la deuda”.

Asimismo, se constató que la CMVM no disponía de un mecanismo para controlar los pagos parciales realizados en el marco de demandas judiciales por cotizaciones impagas. De acuerdo al informe, “lo anterior le impide determinar y conocer los saldos que se encuentran pendientes de pago en cada litigio”, lo que podría generar distorsiones en su información contable.

En uno de los casos más sensibles, el organismo fiscalizador advirtió que al 30 de septiembre de 2023 la corporación mantenía impagas cotizaciones de salud de 13 personas fallecidas, por un total de $ 2,7 millones. De ese grupo, sólo nueve casos fueron regularizados con posterioridad, mientras que cuatro permanecían pendientes, situación que debía ser subsanada y reportada en un plazo de 60 días hábiles.

También se identificaron cotizaciones impagas a extrabajadores, por $ 646 mil, y la existencia de tres cuentas corrientes sin movimiento desde 2016 y 2017, las cuales no habían sido cerradas al momento de la fiscalización.

La CMVM respondió a las observaciones indicando que los problemas se arrastran desde administraciones anteriores y se agravaron con la crisis sanitaria y retrasos en las subvenciones. Señaló que ha adoptado medidas correctivas, incluyendo una operación de leaseback financiero por $ 17.517 millones con el Banco Scotiabank, destinada a pagar parte de la deuda, y convenios con el Ministerio de Educación que permitieron destinar fondos retenidos para estos fines.

No obstante, la Contraloría resolvió mantener las observaciones, señalando que si bien las acciones adoptadas son atendibles, no desvirtúan las irregularidades detectadas ni su impacto en los recursos públicos. La entidad deberá además realizar provisiones contables por los intereses y recargos asociados a la deuda y reportar su estado de avance en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR dentro de 60 días hábiles.

El informe recuerda que, aunque las corporaciones municipales como la CMVM son personas jurídicas de derecho privado, administran recursos públicos destinados a áreas sensibles como educación y salud.

La respuesta del municipio

Consultada por La Tercera, Ripamonti afirma que el informe es “una buena noticia” en razón de que “confirma graves irregularidades en la gestión anterior”, lo que, suma, fue confirmada por el juicio de cuentas realizado por el mismo ente contralor.

En esa línea, indica que “este nuevo antecedente también será incorporado a las acciones judiciales que ya hemos impulsado como municipio, con el objetivo de dar un nuevo impulso al proceso investigativo. El daño patrimonial que se le hizo a Viña del Mar no puede quedar impune“.

Respecto a la deuda, señala que “al asumir, nos encontramos con un grave déficit en el pago de cotizaciones”, que a través de “un plan estratégico, con medidas concretas de ajuste, orden y control financiero, logramos revertir, recuperar la confianza del sistema financiero y aprobar un leaseback". Asimismo, agrega que “hoy podemos afirmar con responsabilidad que no tenemos deuda en el pago de cotizaciones, que no se generan nuevos intereses ni perjuicios económicos".