La noche del jueves, por video y exalumnos involucrados: lo que se sabe de la amenaza de tiroteo en el Instituto Nacional
Este viernes el recinto educacional se vio forzado a suspender sus clases por amenazas que, por el momento, apuntan a represalias por desvinculaciones recientes de alumnos. El SLEP evalúa una querella.
“Junto con saludar, informamos que, debido a la recepción de amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo en el establecimiento, y con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de nuestros estudiantes, funcionarios y comunidad en general, se ha determinado suspender las clases de la jornada de la mañana del día viernes 12 de junio”.
Así inicia el comunicado que la noche del jueves envió la dirección del Instituto Nacional a su comunidad escolar, donde reaccionaron con estupor.
Y es que las primeras informaciones que manejan quienes están a cargo del establecimiento se alejan mucho de una amenaza como las que han visto centenas de colegios que se vieron obligados a suspender clases luego de que el viernes 27 de marzo un estudiante mató a una inspectora en Calama. En la mayoría de esos casos, las amenazas no eran reales e, incluso, apuntaban más a desafíos de redes sociales que a otras cosas.
Pero en el caso del Instituto Nacional, el origen es otro y el temor tiene sustento: las primeras pesquisas tanto de la dirección del establecimiento como del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro que desde el 1 de enero tiene a su cargo el recinto, las amenazas provendrían de un grupo de estudiantes recientemente expulsados y que están tomando represalias en contra de los profesionales que tomaron la decisión de desvincularlos.
“Tiroteo mañana, si no me crees ponme a prueba”, decía uno de los mensajes que llegó al celular de un funcionario del recinto, que cerraba con un amenazante “están advertidos. Va a correr sangre mañana”.
Esas amenazas, según relatan algunas fuentes, son las que llegaron, entre otras vías, por medio de videos y con pruebas de poseer material balístico.
Ante esto, el SLEP ha decidido iniciar la tramitación de una querella, una facultad que tiene cuando funcionarios y colaboradores se ven afectados.
“Nos enteramos anoche muy tarde y entendiendo el potencional riesgo que esto podía significar decidimos la suspensión de clases para abordar esto en conjunto con el Instituto Nacional”, dice al respecto Paulina Retamales, directora ejecutiva del SLEP, quien revela que del mismo modo están en contacto con la fiscalía para poder avanzar en acciones en esa vía.
Aula Segura, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y la ya mencionada querella son parte de las alternativas que se estudian llevar a cabo. “Esto constituye un riesgo para los funcionarios”, añade Retamales, quien destaca que hasta esta situación, durante esta semana no habían tenido problemas relacionados con encapuchados. “Este contexto es distinto”, cierra.
Por lo pronto, el Instituto Nacional ha decidido no sólo suspender la jornada de mañana de clases, sino que extender la medida para la de la tarde. Con esto, los alumnos deberían volver el lunes a clases bajo un especial resguardo de Carabineros, institución con la que el SLEP se ha estado coordinando desde conocidas las amenazas, a través del OS9. Del mismo modo, el SLEP ha estado coordinándose con los equipos de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y otras autoridades.
“Frente a las graves amenazas recibidas durante las últimas horas al equipo directivo y otros integrantes de la comunidad educativa del Instituto Nacional, se determinó la suspensión preventiva de clases este viernes”, dice parte del comunicado emitido por el SLEP tras conocida la situación, el que detallaba que se habían activado “de manera inmediata todos los protocolos de seguridad y coordinaciónn institucional correspondientes. La suspensión fue adoptada como medida preventiva para resguardar la integridad física y emocional de todos los integrantes de la comunidad educativa del establecimiento”.
Además, se explicaba que el equipo directivo del Instituto Nacional, junto al SLEP y las autoridades competentes “han estado trabajando en la evaluación de los antecedentes, en coordinación con las policías y organismos especializados, con el objetivo de esclarecer el origen de esta amenaza, determinar las responsabilidades, e interponer todas las acciones legales que correspondan”.
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