El viernes de la semana pasada, Joaquín Quirland (31) llevó a su hijo de un año a una consulta pediátrica por una neumonía. Cuando llegó la hora de pagar, su tarjeta fue rechazada. Al momento de revisar la aplicación de su banco encontró una retención por poco más de $ 2.240.000 de la Tesorería General de la República (TGR) que -asegura- le había vaciado completamente su cuenta corriente.

Horas después, tras asistir a las oficinas de la TGR, confirmó que el dinero había sido embargado para saldar parte de una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) que mantenía impaga.

Su caso, difundido ese mismo día en redes sociales, se transformó rápidamente en uno de los primeros relatos públicos de una política de cobranza que hasta ahora se mantenía sólo bajo amenazas. Con el paso de los días comenzaron a aparecer nuevos relatos de personas que afirman haber recibido notificaciones o retenciones similares, convirtiendo a Quirland en una suerte de “caso cero”.

La ofensiva de cobranza impulsada por la TGR forma parte de una estrategia del gobierno para recuperar recursos asociados al CAE que fueron ejecutados por la garantía estatal. Cuando un beneficiario deja de pagar y el banco agota los mecanismos de cobro, es el Estado quien termina desembolsando los recursos adeudados. Desde ese momento, la deuda pasa a ser fiscal y queda bajo la administración de TGR.

Lo que ha generado reclamos entre los embargados no es necesariamente la existencia de la deuda, sino la forma en que se está ejecutando el cobro. Quirland reconoce que recibió desde la TGR ofertas de convenio. Sin embargo, como otros, señala que el pie exigido, cercano al millón de pesos, le impedían aceptar la repactación.

Lo que sostiene no haber recibido es una advertencia sobre el embargo de su cuenta. “Busqué correos, revisé todo. No encontré ninguna notificación que dijera que me iban a sacar la plata. Nada oficial”, asegura.

Según relata, en Tesorería le informaron que el dinero no podía ser devuelto y que se descontaría del total adeudado. En su caso, la deuda ascendía a los $ 21 millones, y con la retención de sus fondos bajó a cerca de $ 19 millones.

Más allá de eso, la situación ha comenzado a generar preocupación entre deudores que observan con incertidumbre si podrían enfrentar medidas similares.

“Recibimos casos de personas que han sufrido embargos sin previo aviso y otras que fueron notificadas, pero todavía no saben si efectivamente les van a retener fondos”, señala Bastián Torres, representante de la Coordinadora Nacional de Deudores. Además, agrega que algunas personas están recurriendo a cuentas de terceros para intentar resguardarse, “porque nadie puede vivir un mes completo sin sueldo”.

Desde el punto de vista jurídico, la discusión de realizar este tipo de cobros presenta matices. El abogado y académico de la U. Central, Hugo Muñoz, sostiene que la TGR se encuentra respaldada por la legislación vigente. Asimismo, enfatiza que lo que se cobra no corresponde propiamente a una deuda bancaria, sino al “importe que el Estado pagó a la institución financiera cuando operó la garantía estatal”.

Sin embargo, el experto reconoce que existe una discusión distinta respecto de los fondos embargados corresponden a sueldos. Un grupo transversal de diputados opositores presentó el proyecto de ley denominado “Sueldos Protegidos”, con el objetivo de impedir que la TGR embargue fondos depositados en cuentas bancarias cuando estos correspondan a remuneraciones.

Sus impulsores sostienen que la actual interpretación de la Tesorería vulnera el principio de inembargabilidad de los sueldos consagrado en el artículo 57 del Código del Trabajo, que protege las remuneraciones hasta 56 UF y solo permite excepciones acotadas. Por otro lado, desde la UDI cuestionaron el proyecto de ley, ya que, a juicio de ellos, podría dificultar el cobro de obligaciones legales, como las pensiones de alimentos.

Precisamente sobre ese punto gira el recurso de protección que actualmente prepara Quirland para defender futuros embargos. Su defensa busca acreditar que gran parte de los fondos retenidos provenían directamente de su sueldo. El propio afectado reconoce que el resultado dependerá, en buena medida, del criterio del tribunal. “Revertir los cobros o los embargos a través de las acciones constitucionales de protección es discutible. Cualquier persona que piensa que tiene el derecho de hacerlo lo puede interponer”, establece Muñoz.

Mientras Hacienda defiende que se trata de aplicar las herramientas legales para recuperar recursos públicos, para Torres el problema excede la discusión jurídica y cuestiona los montos acumulados por muchos deudores tras años de reajustes e intereses. “Hay personas que pidieron $ 10 millones y hoy deben $ 30 millones o más. Creemos que es necesario transparentar cómo se construyen esas deudas”, afirma.

Mientras esa discusión continúa, Quirland enfrenta una realidad mucho más inmediata. Dice que familiares y amigos lo han ayudado a cubrir gastos básicos desde que su cuenta fue vaciada.

“No estoy diciendo que no haya que pagar las deudas”, aclara. “Pero una cosa es cobrar y otra es que un día vayas a pagar la consulta de tu hijo y descubras que te sacaron toda la plata sin que nadie te avisara”, lamenta.

En todo caso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha manifestado que no retrocederá en la medida argumentando que se trata de obligaciones pendientes con el Estado. “Estamos cobrando a personas que recibieron un préstamo financiado por todos los chilenos y que tienen capacidad de pago”, señaló, agregando que existen cerca de 500 mil deudores CAE y el costo anual para el Fisco bordea los US$ 500 millones.

La autoridad explicó que la estrategia se ha concentrado principalmente en personas cuyos ingresos superan los $ 3,5 millones mensuales, utilizando información de la Operación Renta 2025. Esto último podría explicar el desfase con la realidad actual. “Las medidas legales se van a usar siempre que correspondan y estén dirigidas a personas que tienen capacidad de pago”, afirmó.