La experiencia de España y Colombia -países azotados por la violencia de la ETA y la guerrilla y los paramilitares, respectivamente- fueron algunos de los referentes conocidos en profundidad por los miembros de la Comisión para la Paz y el Entendimiento con el objeto de proponer medidas para uno de los temas más complejos de su labor: la reparación a las víctimas de violencia rural o actos de carácter terrorista dentro de la Macrozona Sur.

Ambos países cuentan con leyes de reparación a víctimas de violencia, actos terroristas y conflictos armados. En España, la legislación lleva el nombre de ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y se publicó en 2011 luego de un largo período de conflicto con la ETA, una organización terrorista proclamada independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Mientras que Colombia aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado protagonizado por las guerrillas.

Los comisionados escucharon diversos testimonios de víctimas y organizaciones -todas afectadas en los últimos años por atentados o amenazas vinculadas al conflicto mapuche- en audiencias públicas en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Entre los relatos más emblemáticos están los de la Asociación de Víctimas de La Araucanía, la Asociación de Víctimas de Malleco y la Fundación Víctimas del Terrorismo, entre otros.

Las propuestas de reparación estuvieron marcadas por debates complejos y la necesidad de conciliar diferentes visiones políticas para lograr un respaldo amplio. Las divergencias estuvieron principalmente enfocadas en la incorporación de la frase “actos de carácter terrorista” incluida en la propuesta, ya que varios comisionados eran partidarios de enviar una señal más clara en favor de las víctimas del conflicto y señalar derechamente la existencia de terrorismo.

La discusión decantó en sugerir una Ley de Reparación a Víctimas que pretende incluir un registro a las víctimas, los daños de los que fueron objeto e indemnizaciones o compensaciones económicas para quienes acrediten ser víctimas de violencia.

La iniciativa deberá ser impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y establecerá un sistema Integral de verdad, Justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia.

La idea base de la propuesta fue una iniciativa de la comisionada y ex senadora republicana, Carmen Gloria Aravena, junto a su equipo jurídico liderado por Pablo Urquiza, y los comisionados Nicolás Figari (UDI) y Sebastián Naveillán (Presidente Agricultores Malleco) y contó con el respaldo unánime de los miembros de la Comisión para la Paz.

¿Medidas aplicables?

Una vez conocidas las medidas -sin embargo- se comenzó a generar incertidumbre respecto a la viabilidad de las propuestas para reparar el daño sufrido por las víctimas de violencia rural y actos de carácter terrorista. Son varios los expertos y víctimas que han comenzado a levantar sus dudas sobre el alcance y viabilidad de las iniciativas.

Christian Grollmus, víctima de un atentado en Contulmo, región del Biobío, considera insuficiente la propuesta. “Estamos profundamente decepcionados. No abordan el problema desde la raíz, que es el terrorismo y la ausencia del Estado”, afirma. Para él, mientras la violencia persista, las leyes de reparación serán solo un paliativo.

Camila Espinoza, abogada y académica de la Universidad Católica de Temuco, reconoce que una ley de reparación podría ser un avance clave, pero advierte que su implementación será compleja. “Definir a las víctimas y coordinar con el sistema judicial y policial serán desafíos críticos para garantizar justicia”, señala.

Jorge Del Picó, director del Centro de Derechos de las Minorías de la Universidad de Talca, valora la intención de la ley, pero señala que faltó mayor énfasis en el reconocimiento cultural y la memoria colectiva, aspectos que considera esenciales para una reparación efectiva.

Amaya Alvez, profesora de la Universidad de Concepción y ex convencional, sostiene que una ley de reparación es solo el primer paso. “No creo que exista una única vía que garantice justicia. La ley es una manifestación de la institucionalidad democrática, pero puede ser solo letra en el papel si no se implementa correctamente”, advierte.

Tal como el otro tema controvertido abordado por la comisión -como lo fue el de las fórmulas para la restitución de tierras- el debate de la puesta en marcha de la ley podría extenderse entre tres y cinco años, según expertos, debido a la necesidad de articular a distintos actores públicos, definir protocolos claros y asignar recursos suficientes. El tema podría complejizarse aún más ya que se suma la exigencia de las víctimas y sus familiares por soluciones de carácter más inmediato y la necesidad de voluntad política de los distintos sectores.