Fiscalía de Atacama solicita desafuero de gobernador Miguel Vargas ante denuncia por abuso sexual
El fiscal regional, Juan Andrés Shertzer, señaló que el ente persecutor "ejecutó diversas diligencias de manera reservada y solicitó distintas acciones indagatorias, además de mantener contacto permanente con la víctima”.
La Fiscalía Regional de Atacama solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó el desafuero del gobernador Miguel Vargas Correa, en el marco de una denuncia contra la autoridad por su presunta responsabilidad en un delito de abuso sexual.
La Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama está desarrollando la indagatoria contra la figura oficialista.
El fiscal regional, Juan Andrés Shertzer, indicó que una vez recepcionada la denuncia se realizaron distintas diligencias con el apoyo de personal especializado de la Policía de Investigaciones.
Desde el Ministerio Público destacan que se ha desarrollado “un trabajo objetivo y serio que permitió reunir antecedentes y medios de prueba que condujeron a la necesidad de requerir el desafuero".
Por el tipo de autoridad, el desafuero es el procedimiento previo para poder continuar con la persecución penal, solicitar medidas cautelares personales y eventualmente deducir acusación.
“La Fiscalía de Atacama, en esta como en todas las investigaciones que dirige por este tipo de delitos, ejecutó diversas diligencias de manera reservada y solicitó distintas acciones indagatorias, además de mantener contacto permanente con la víctima”, destacó el fiscal Shertzer.
El persecutor explicó que “una vez reunida esa información y someterla al análisis de los fiscales que integran la Unidad de Causas Complejas, y de la Unidad Especializada en delitos sexuales, se adoptó la determinación de solicitar el desafuero ante la Corte de Apelaciones de Copiapó”.
“Como institución hemos procurado la protección integral de la afectada, junto con mantener bajo resguardo todo el contenido de esta causa, evitando cualquier tipo de filtración”, resaltó el fiscal regional.
En mayo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) se querelló contra Vargas y pidió reserva de los antecedentes de la víctima.
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