Nacional

Gobierno concluye desalojo de toma en San Antonio y asegura que operativo “va a seguir” en otras regiones

Las autoridades aseguraron que se buscará retomar las mesas de trabajo que se habían establecido anteriormente con las cooperativas vinculadas al terreno.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, realizó una inspección en terreno para constatar el cierre del proceso de desalojo de un terreno en San Antonio, procedimiento realizado en cumplimiento de una resolución de la Corte de Apelaciones. El operativo involucró a cerca de 1.030 personas y más de 800 estructuras emplazadas en unas 40 hectáreas.

La autoridad de gobierno estuvo junto al delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones; la jefa de Zona Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, y el jefe de Prefectura PDI San Antonio, Christian Salinas, para realizar el acto administrativo de entrega del terreno recuperado a su propietario.

Durante la visita, Pavez destacó el trabajo de Carabineros y la coordinación entre las distintas autoridades y organismos públicos que participaron del operativo, asegurando que el procedimiento constituye una señal del Ejecutivo para hacer cumplir las resoluciones judiciales y recuperar terrenos ocupados.

“Para el gobierno de Chile, lo que ha pasado hoy día acá es histórico desde el punto de vista de algo que pensamos que nunca íbamos a ver, que es cómo el Estado de Derecho se impone, y también se impone la propiedad privada cuando es justa”, afirmó.

El subsecretario sostuvo que el operativo responde a una instrucción del Presidente de la República, José Antonio Kast, y que se enmarca en una estrategia nacional para restablecer el orden y hacer cumplir las resoluciones judiciales.

“Esto va a seguir, y va a seguir en todas las regiones de Chile, porque ese es el mandato que nos ha dado el Presidente de la República, que se cumpla el Estado de Derecho, que se cumpla la ley y que se cumplan los fallos de los Tribunales de Justicia”, señaló.

Futuro habitacional

Tras el desalojo, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, abordó la situación de las familias que permanecían en el terreno y explicó que ahora se deberá retomar el trabajo con el Ministerio de Vivienda para definir alternativas habitacionales, particularmente para quienes aseguran haber actuado de buena fe y participado previamente de organizaciones destinadas a buscar una solución.

Millones recordó que durante la administración anterior se plantearon distintas alternativas para resolver la situación, primero mediante una eventual adquisición del terreno por parte del Estado y posteriormente a través de la conformación de cooperativas.

“Finalmente, ahí se enredó el proceso entre los propietarios, entre la cooperativa y entre el gobierno, y llegó el fin de ese gobierno”, indicó.

Millones puso como antecedente el déficit habitacional de la provincia de San Antonio, que cifró en unas 12 mil viviendas, y señaló que el terreno podría eventualmente contribuir a reducir esa brecha dependiendo del tipo de proyecto que se desarrolle.

“Si nosotros, con todos los suelos disponibles, incluyendo este, lográramos establecer una solución habitacional en casa, alcanzaría para 6.000. Si nosotros incorporamos una propuesta de una densificación, casa y departamento, incluyendo el terreno expropiado, pudiéramos llegar a una cifra cercana a las 12.000”, explicó.

Sin embargo, recalcó que las primeras soluciones deberán considerar a las familias que llevan años esperando una vivienda. “Hay 2.000 familias que están esperando en un comité habitacional; son los que deberán tener la primera solución en los suelos que se ha señalado por parte del Ministerio de Vivienda”, señaló.

En ese sentido, aclaró que “las personas que actualmente viven en ese sector expropiado no necesariamente significa que van a tener una casa ahí, como lo habían asegurado en la administración anterior”.

Millones también confirmó que se buscará retomar las mesas de trabajo que se habían establecido anteriormente con las cooperativas vinculadas al terreno. “Teníamos dos mesas de trabajo anteriores, con el tema de las cooperativas, donde existe un convenio y principales participantes de este convenio del Estado”, detalló.

El delegado explicó que los acuerdos adoptados durante la administración anterior serán considerados en el análisis de las alternativas que se definan.

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