La Contraloría Regional del Biobío detectó diversas irregularidades y debilidades de control en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad, conocido como ProEmpleo, una de las principales políticas de fomento laboral de la zona.

El organismo fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles al servicio para iniciar un sumario que pueda determinar las eventuales responsabilidades administrativas. 

Además del procedimiento disciplinario que la delegación deberá realizar, la Contraloría remitirá los antecedentes al Ministerio público por los posibles ilícitos que puedan existir sobre la materia. 

Los resultados fueron dados a conocer en el Informe Final N°180 de 2026, que auditó la gestión realizada por la Delegación Presidencial Regional en aspectos como la recepción, ejecución y rendición de fondos del citado programa. 

Según informó Contraloría, entre los hallazgos se constató que 1.044 beneficiarios de ProEmpleo en Biobío no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa para formar parte del programa.

Se trata de personas percibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o recibían pensiones sobre los límites de acceso definidos.

La auditoría también advirtió riesgos para la transparencia y objetividad en el ingreso de beneficiarios, indicó el organismo fiscalizador.

En este aspecto se estableció que la Delegación Presidencial Regional no contaba con procedimientos formalizados para regular las incorporaciones y reemplazos de participantes.

En la práctica, dirigentes sindicales vinculados al programa proponían personas para ocupar vacantes, pese a que las bases y convenios no les otorgaban facultades para hacerlo.

Así, se identificó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales participantes del programa, mientras que otros 116 registraban relaciones familiares con personas vinculadas a entidades ejecutoras privadas.

A ello se suman lazos de parentesco entre integrantes de la coordinación regional del programa y algunos beneficiarios.

El informe también observó que 813 favorecidos fueron contratados en establecimientos educacionales sin que se acreditara su idoneidad psicológica para el desarrollo de las funciones que desempeñaban, por lo que la Delegación Presidencial Regional del Biobío deberá regularizar la situación de quienes continúen desempeñándolas e implementar un control.

Asimismo, la Contraloría identificó nueve beneficiarios que registraban salidas del país durante períodos en que hacían uso de licencias médicas.

Respecto de la ejecución de los proyectos, se revelaron falencias en los controles de asistencia y supervisión.

En materia administrativa, se encontraron reiterados problemas y graves deficiencias en la tramitación de los convenios con entidades ejecutoras privadas.

La revisión financiera también identificó debilidades relevantes. Entre ellas, que las rendiciones eran administradas principalmente mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía el detalle completo de los gastos ni la documentación de respaldo correspondiente.

Junto con ello, se detectó el pago de bonos de movilización a beneficiarios que se encontraban con licencia médica, por un monto de $4,6 millones, además de transferencias por más de $4,4 millones correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios efectuadas a cuentas de personas naturales, sin que esta acción se ajuste a la normativa vigente.