No hay plazo que no se cumpla y a los 35 conservadores y notarios mayores de 75 años solo les quedan tres días al mando de sus respectivos oficios.

Dado que el sistema tendrá, a partir del viernes 2 de octubre, un fuerte remezón por la jubilación de estos auxiliares de la justicia, el gobierno tomó las precauciones para que la transición se haga de manera ordenada y garantizando la continuidad del servicio.

Para eso el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ofició el 14 de septiembre a todos los notarios, conservadores y archiveros informando de la situación.

“El próximo 2 de octubre de 2026 se hará efectiva la cesación en el cargo de aquellos auxiliares de la administración de justicia con nombramiento previo al 30 de mayo de 1995 que hayan alcanzado el límite legal de 75 años de edad. Esta disposición imperativa de la ley gestará de manera simultánea el cese de funciones en sus cargos de notarios y conservadores de bienes raíces en diversos oficios distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, imponiendo a los órganos y poderes del Estado la obligación de coordinar oportuna y eficazmente la transición y la provisión de los respectivos funcionarios interinos”, se lee en el oficio.

Rabat, quien ha procurado que las designaciones notariales sean transparentes y sin los vicios del sistema antiguo, aprovechó de reiterar que “la consecución del interés público involucrado en los procesos de nombramiento de los órganos de fe pública demanda resguardar los más altos estándares de idoneidad, transparencia, mérito e integridad en la selección de quienes asumirán la conducción interina de dichos despachos”.

En el caso de los 35 oficios que se quedarán acéfalos, sus reemplazos quedarán en manos de la lista de tres abogados -en orden de prelación- que dejaron los titulares que están a punto de jubilar. Los posibles reemplazos deberán cumplir con las estrictas inhabilidades de la nueva ley.

En caso de los auxiliares de la justicia que no entregaron su listado de reemplazantes, el oficio expone que “la proposición del abogado reemplazante le corresponde realizarla directamente al fiscal judicial respectivo dentro del plazo legal de dos días hábiles”.

Por eso es que el Ejecutivo le solicitó a los fiscales judiciales que “en consideración a las atribuciones legales que les asisten y a la urgencia que demanda este proceso de transición, puedan adoptar las providencias necesarias para comunicar a las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales las propuestas de profesionales para el nombramiento de interinos en aquellos despachos donde corresponda dicha formulación directa por parte de las Fiscalías Judiciales”.

Pero el gobierno fue un paso más allá y les pidió una misión adicional. “En atención a las atribuciones de fiscalización, inspección y vigilancia que competen a las Fiscalías Judiciales sobre los auxiliares de la administración de justicia de sus correspondientes jurisdicciones (artículos 353 y 353 bis del Código Orgánico de Tribunales), vengo a solicitar respetuosamente que se dispongan las medidas de supervisión pertinentes para velar por el estricto cumplimiento de esta normativa. Lo anterior abarca especialmente la fiscalización y garantía del efectivo e íntegro traspaso del cargo por parte de los funcionarios salientes -incluyendo la entrega de todos los registros públicos en papel y formato electrónico, repositorios, bases de datos y documentación del despacho el día en que deba asumir el interino, conforme a las reglas fijadas en el artículo 482 quater, letra a), del mismo cuerpo legal, así como requerir y supervisar la práctica de las auditorías externas previas al abandono del oficio que exige la ley en los casos de cese de funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 482 quater, letra f), en relación con el artículo 482 ter del Código Orgánico de Tribunales”.

El mismo viernes Justicia enviará al Servicio Civil los perfiles de los 35 auxiliares de la justicia que cesan en sus cargos. En esta labor ha estado trabajando oportunamente el jefe de la División Judicial, el abogado Patricio Cuevas.

De esta manera, la entidad que dirige Pedro Lea-Plaza quedará lista para, cuando estime pertinente, iniciar los concursos respectivos y así buscar los reemplazos titulares. De esta forma, el Servicio Civil sumará en total 65 perfiles, ya que a la fecha cuenta con otros 30 que ya han sido despachados por Justicia.

Hasta el momento el camino está despejado para que la ley tenga sus efectos en los 35 auxiliares mayores de 75 años, sin embargo en Justicia están atentos en caso de que, a último minuto, llegue alguna resolución judicial que suspenda provisionalmente este jubilazo. La razón apunta a que hay un grupo de notarios y conservadores que están impugnando dicho acto, ya sea en sede civil como en la magistratura constitucional. Se trata del poderoso Conservador de Santiago, Luis Maldonado, y también de la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery (76); el conservador de Pozo Almonte, Enso González (80), y las notarias Linda Bosch y Lidia Chahuán.