Este lunes el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, concretó el ingreso del proyecto para modificar la ley antibarricadas. La iniciativa legislativa, que ingresó a la Cámara, es parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el Ejecutivo hace algunas semanas.

La iniciativa, que es uno de los nueve proyectos que ingresará el gobierno por la ACOT, busca modificar la actual normativa que desde 2020 comenzó a tipificar como delito el corte violento de calles. Es precisamente esa tipificación, la exigencia de violencia, la que el Ejecutivo busca eliminar.

La actual ley estipula que “el que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”.

La eliminación del requisito de “violencia o intimidación” que busca Seguridad, encabezado por el ministro Martín Arrau, permitiría calificar como delito cualquier tipo de interrupción al tránsito en contexto de manifestación, excluyendo accidentes de tránsito o detenciones por desperfectos técnicos de un vehículo.

Los otros cambios a la ley

El proyecto del gobierno, además, busca eliminar la exigencia de que la persona imputada debe haber hecho una “interrupción completa” del tránsito, incorporando que se tipifique como delito los cortes “parciales”.

“La experiencia acumulada en la persecución de estos hechos ha mostrado ser insuficiente respecto de ciertas situaciones concretas en que la exigencia de una interrupción completa de la circulación ha impedido sancionar conductas que, si bien afectan gravemente y de forma efectiva el tránsito de personas y vehículos, no han generado una paralización total”, argumenta el proyecto.

Junto con eso, la nueva regulación también espera ampliar la aplicación de la ley antibarricadas, pasando de cortes en “la vía pública” a tipificar las interrupciones de cualquier servicio de transporte, incluido el terrestre, ferroviario, subterráneo -como el Metro-, marítimo, aéreo, etc. Así, de aprobarse la modificación también se podrán sancionar interrupciones en el Metro, incluso, fuera de las vías.

El proyecto explica que “bloquear una de las vías de una carretera, mantener abiertas deliberadamente las puertas de un tren o impedir el acceso a un andén son conductas que, aun sin paralizar por completo el servicio, producen una afectación concreta y verificable que amerita una respuesta penal proporcionada”.

La propuesta del gobierno, sin embargo, levanta las alertas en el Congreso. Esto, dado que la tipificación como delito de la Lley Aantibarricadas, aprobada en 2020 durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, generó un amplio debate y cuestionamientos por parte de la entonces oposición por presuntas vulneraciones al derecho a manifestarse. Por lo mismo, se prevé que esta nueva propuesta igualmente sea objeto de una amplia discusión en el Poder Legislativo.

El otro proyecto ingresado

La otra iniciativa legislativa que ingresó Seguridad durante esta jornada fue la que moderniza el Sistema Nacional de Registros de ADN. La propuesta busca terminar con la exclusividad del Servicio Médico Legal (SML) para cotejar huellas genéticas con los registros legales y ampliarlo también a las policías.

El proyecto busca terminar con los “cuellos de botella” que existirían en investigaciones realizadas por las policías que, actualmente, deben derivar dichas muestras genéticas a la citada institución.

Así, de aprobarse la normativa, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) no sólo podrán recoger las pruebas genéticas, sino que también cotejarlas y registrarlas en los sistemas de identificación, así como también enviar la información a los tribunales y al Ministerio Público. Pero junto con eso, el proyecto también integra los resguardos que deberán seguir las policías de autorizarles para aquello.