Ocho diligencias planteó la defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve como indispensables para demostrar su inocencia. Con esta insistencia ante el tribunal, logró reabrir la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte.

Durante todo el tramo final del caso ha sido una queja constante del ex hombre fuerte de la administración de Gabriel Boric -quien se encuentra con arresto domiciliario total por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna- que la Fiscalía no ha acogido todas sus peticiones.

Una vez que el plazo de investigación llegó a su término, e incluso cuando la Fiscalía ya había presentado la acusación contra Monsalve, el defensor penal público, Víctor Providel, presentó un escrito mediante el cual pedía reabrir la indagatoria. En esa petición el defensor volvió a alegar el hecho de que, a juicio de la defensa, el Ministerio Público no ha cumplido con el principio de objetividad, ya que no ha dado curso a una serie de diligencias pedidas por Monsalve.

Tras una larga discusión, Providel logró su cometido y la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Pilar Ahumada, acogió la petición de reapertura de la indagatoria.

Las diligencias

A puertas cerradas y sin acceso a la prensa se realizó la audiencia que se extendió por más de cuatro horas, con dos recesos entremedio. Una audiencia “demasiado larga”, repetían quienes fueron testigos de lo ocurrido.

En la audiencia el primero en tomar la palabra fue el fiscal Francisco Jacir, quien buscando poner el primer traspié procesal a Providel alegó que la reapertura era improcedente. Sin embargo, la incidencia fue rechazada.

A su turno, Providel expuso qué diligencias, a su juicio, no han sido tomadas en cuenta. Sus peticiones no son nuevas. Tal como su representado, se ha quejado de que los fiscales Jacir y el jefe de esa jurisdicción, Xavier Armendáriz, han desatendido sus peticiones.

Providel insistió en la necesidad de recuperar las cámaras de seguridad del restaurante Ají Seco Místico, lugar donde él y la denunciante fueron a comer y beber alcohol durante la tarde del 22 de septiembre de 2024. Pese al tiempo transcurrido, ya casi 16 meses, afirma que puede recuperarse el DVR para su pericia.

A la salida de la audiencia, ahondó en este punto: “En relación a casos que se ven en la prensa, hemos visto algunas noticias en las cuales las cámaras han sido manipuladas o adulteradas. Queremos no solamente (las cámaras) del Ají Seco, sino contar con la mayor cantidad de información posible para demostrar la inocencia de don Manuel Monsalve”.

Fue una de las solicitudes que el tribunal acogió. Así las cosas, ahora la Fiscalía deberá recoger nuevamente las cámaras del restaurante de comida peruana, tratando de escarbar en alguna imagen ya borrada o pasada por alto.

Lo otro que fue acogido fue conseguir los mensajes de WhatsApp de los garzones de ese mismo lugar. El propio Monsalve, quien afirma no recordar lo que pasó esa noche, ha planteado dudas sobre lo que sucedió en ese lugar. “¿Por qué no se dio la boleta? ¿Por qué el garzón dice que no estaba cuando en realidad sí estaba? ¿Por qué nadie se acuerda de que alguien haya salido ebrio?”, dijo en entrevista con La Tercera en septiembre de 2025, aludiendo a la posibilidad de haber sido drogado.

Sin embargo, requerir los teléfonos de los garzones tendrá la dificultad de que el trabajador que los atendió ya no está en Chile y retornó a Perú.

Por último, Providel quiere recuperar otras conversaciones. Se trata de las primeras comunicaciones que la víctima tuvo con sus cercanos y quienes fueron los primeros en conocer qué pasó. Si bien esas comunicaciones ya se conocían, hasta ahora solo se había autorizado obtener lo referente al caso. Ahora, la Fiscalía –y la defensa- también podrán conocer otros mensajes a modo de contexto general.

Pese a que la investigación se reabrió, varias de las solicitudes de Providel recibieron un portazo. Una de ellas era una declaración del hermano de la víctima. Tanto la Fiscalía como la querellante afirmaron en la audiencia que las diligencias solicitadas no conducían a nada.

El tribunal dio 120 días para que el Ministerio Público siga investigando. Ya en mayo, con esas diligencias terminadas y con Armendáriz fuera de la Fiscalía Centro Norte, se deberá fijar una nueva audiencia de preparación de juicio oral, por lo que se estima que el juicio parta en el segundo semestre de 2026.

“No nos gusta que exista más tiempo. Entendemos además que el resultado de estas diligencias sea solamente dilatorio. Probablemente el resultado sea el mismo que ya había”, dijo la abogada querellante María Elena Santibáñez, quien representa a la víctima.

Providel valoró el resultado de la audiencia y rechazó las quejas de la querellante. “Creemos que no es así. El propio tribunal hizo un análisis de pertinencia y si son dilatorias o no. Y se consideró que, aquellas que decretó son pertinentes y no tienen fines puramente dilatorios”, dijo el defensor.