Uno de los documentos que el Ministerio de Educación de María Paz Arzola invoca para justificar el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) contiene una advertencia que tensiona el corazón de la iniciativa. Un informe de la OCDE citado en el mensaje presidencial alerta sobre los riesgos de seleccionar estudiantes, como por rendimiento académico, precisamente el criterio que el Ejecutivo busca reintroducir en los establecimientos con sobredemanda, cumpliendo una de las promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast.

En el apartado de los fundamentos de la iniciativa del Ejecutivo uno de ellos dice relación con la “falta de reconocimiento del mérito”.

Es tras esas palabras que se da paso al informe en cuestión: “Durante la década de los 2010, se produjo una tendencia hacia mayor selectividad en la admisión entre los países OCDE: De los 59 países que participaron en la prueba PISA, en 34 hubo un aumento de la selección por rendimiento académico entre 2009 y 2015 y sólo disminuyó en 3 países -siendo Chile uno de ellos-”. Para esto último se cita al Balancing School Choice and Equity: An International Perspective Based on PISA (Equilibrio entre la elección escolar y la equidad: una perspectiva internacional basada en PISA), informe de la OCDE de 2019.

La contradicción es que, muy distinto a lo que busca con el proyecto, el informe de la OCDE citado por el propio Mineduc, si bien remarca que esa fue la tendencia, al mismo tiempo advierte que la mayor selectividad supone un riesgo para la equidad y puede profundizar la segregación escolar. En otras palabras, la referencia bibliográfica apunta en la dirección contraria a lo que pretende el Ejecutivo.

Al respecto, desde el Mineduc explican que el informe citado “únicamente como fuente de datos muestra que la selección académica creció de forma generalizada: en 15 de 37 países la proporción de escuelas que siempre consideran el desempeño académico previo para la admisión aumentó significativamente entre inicios de los 2000 y 2015, y esta tendencia se reforzó en la década de 2010; con Chile como caso destacado de excepción por la Ley de Inclusión de 2015″.

En uno de los apartados, el informe de la OCDE comienza advirtiendo que donde exista libre elección, “hay que garantizar que todos los padres puedan ejercer su derecho a elegir la escuela de su preferencia”.

Y se extiende: “La evidencia internacional sugiere que las escuelas con procesos de admisión selectivos tienden a atraer a estudiantes con mayores capacidades y un nivel socioeconómico más alto, independientemente de la calidad educativa que ofrecen. Dado que educar a estudiantes de alto rendimiento puede resultar menos costoso y su presencia hace que la escuela resulte más atractiva para los padres, aquellas instituciones que pueden controlar su alumnado terminan obteniendo una ventaja competitiva”.

En otra parte del documento se lee que la evidencia “también demuestra que los procesos de admisión selectiva pueden generar una mayor desigualdad y estratificación dentro del sistema escolar”. No obstante, aclara, existen pocos estudios que hayan analizado si estos efectos varían en función de los criterios de selección.

Una elección escolar eficiente, añade el estudio de la OCDE, implica que los padres seleccionen la mejor escuela para su hijo, que según la organización es aquella capaz de satisfacer necesidades educativas y mejorar rendimiento. “Sin embargo, un creciente número de investigaciones sugiere que los padres muestran una clara preferencia por las escuelas con mejores resultados en las pruebas de rendimiento. Unos buenos resultados en dichas pruebas pueden indicar que la escuela realiza una labor excelente en la educación de sus alumnos, pero también pueden reflejar el hecho de que el centro escolar solo admite a los estudiantes que ya poseen un nivel superior”, se advierte.

Asimismo, el documento plantea como importante tener en cuenta que la selección de alumnos no responde únicamente a criterios de admisión explícitos, “sino también a la autoselección de las familias, a la exclusión selectiva y a barreras de acceso más sutiles”. Por consiguiente, sugiere, “las políticas orientadas a reducir la segregación escolar deben identificar y abordar aspectos tales como los procedimientos de solicitud excesivamente complejos, las prácticas de expulsión, la falta de información y otros factores que impiden a ciertos alumnos y familias ejercer su derecho a elegir escuela”.

“Para garantizar que las ventajas de la elección escolar beneficien a familias de todo el espectro socioeconómico, resulta necesario supervisar y regular los criterios que emplean las escuelas con exceso de demanda para seleccionar a sus alumnos, a fin de evitar la práctica de seleccionar únicamente a los estudiantes con mejores resultados o mayor potencial”, añade.

Esto, acorde al Ejecutivo, sí será resguardado: su propuesta de ley reserva cupos para estudiantes prioritarios según la Subvención Escolar Preferencial (SEP); y reserva de cupos para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Además, la iniciativa dice que todo será fiscalizable.

En otro apartado del informe OCDE se analiza hasta qué punto los padres pueden realmente ejercer una forma de elección de colegios: “Los centros educativos pueden, por ejemplo, seleccionar a los alumnos en función de su nivel socioeconómico o su capacidad académica, lo cual podría agravar la segregación escolar y tener posibles efectos adversos para la equidad”.

Asimismo, añade el documento, la selectividad escolar “socava el impacto positivo que se espera de la competencia sobre la calidad de la enseñanza, ya que resulta más sencillo obtener buenos resultados o escalar posiciones en las clasificaciones seleccionando a los alumnos más brillantes que mejorando la eficiencia docente del centro”.

Desde el ministerio, en todo caso, recuerdan que el informe también plantea que ofrecer elección a los padres sin agravar la segregación puede lograrse introduciendo criterios específicos en la asignación de estudiantes entre el conjunto de escuelas locales disponibles. “Se han utilizado distintas formas de ‘elección controlada’ para reducir los altos niveles de segregación estudiantil, por ejemplo, reservando una determinada cantidad o proporción de cupos en las escuelas con exceso de demanda para estudiantes de distintos orígenes sociodemográficos, con el fin de mantener una distribución equilibrada del alumnado”.

Distribución

La propuesta gubernamental plantea, en simple, crear una vía de admisión propia para colegios con sobredemanda. En el Mineduc le han llamado a esta modalidad de “Elección Mutua (EM)”. Cada colegio determinará los criterios propios de selección, los que van desde adhesión al proyecto educativo; asistencia previa; participación en reuniones informativas; aptitudes para programas de especialización; rendimiento académico desde séptimo básico; o entrevistas. También la proximidad territorial.

En tal sentido, el informe de la OCDE que el Ejecutivo cita en su proyecto de ley alerta lo siguiente: “Debilitar el vínculo entre el lugar de residencia y la asignación escolar se asocia a un mayor nivel de segregación escolar según el estatus social. Algunos alumnos desfavorecidos pero resilientes pueden acceder a escuelas que, de otro modo, serían inaccesibles si se aplicara una política estricta basada en la residencia (...) Flexibilizar las políticas basadas en el lugar de residencia podría beneficiar a algunos estudiantes desfavorecidos, permitiéndoles asistir a escuelas de mejor calidad que tal vez no se encuentren cerca de sus hogares".

“Un aumento en el aislamiento de los alumnos de alto rendimiento respecto a otros estudiantes se asocia con puntuaciones más bajas en PISA entre los alumnos en situación de desventaja socioeconómica, sin que ello tenga un impacto significativo en los alumnos aventajados”, se lee en otra parte del documento, que agrega que el conunto de evidencias sugiere que la distribución de los alumnos en distintas escuelas según su capacidad o estatus social “puede afectar negativamente tanto a la eficiencia como a la equidad del sistema escolar”.

De hecho, se establece que en algunos territorios -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), Israel, Perú, México y Rusia-, la segregación escolar reflejaba principalmente que los alumnos desfavorecidos solían concentrarse en determinadas escuelas, lo que reducía las probabilidades de que interactuaran con estudiantes de otros entornos socioeconómicos (...), “dejando así atrás a los alumnos más desfavorecidos en escuelas de baja calidad”.

Al cierre, el Mineduc asegura que su proyecto introduce “los resguardos adecuados para que la consideración por mérito, por parte de la escuela, no se traduzca en mayores grados de segregación”. En concreto, el proyecto propone cuotas de inclusión de 10% para estudiantes con necesidades especiales y un 20% para estudiantes prioritarios según la SEP.

Llamativamente, en un subtítulo destinado a establecer los mecanismos de control y equilibrio que impidan que la libre elección conduzca a una mayor segregación, el informe que citó el gobierno sugiere textualmente que “se puede considerar el uso de sistemas de sorteo para asignar plazas en escuelas con exceso de solicitudes”, -lo que en uno de sus pasos finales ya hace el SAE-, o de fórmulas destinadas a mantener una composición estudiantil diversa.