Las redes ilícitas que estableció el abogado Luis Hermosilla con funcionarios del Poder Judicial siguen generando amplios reproches y, en algunos casos, la apertura de nuevas indagatorias.

Lo más reciente, derivado de una publicación del medio Reportea, que dio cuenta de los estrechos vínculos que mantuvo el penalista con la ministra de la Corte de Santiago Lilian Leyton y la jueza del 1° Juzgado Civil de Santiago Isabel Margarita Zúñiga.

A raíz de la publicación de desconocidos chats entre Hermosilla y las dos juezas, la Corte de Apelaciones de Santiago entró nuevamente en alerta y debió destinar dos sesiones de pleno para abordar el asunto. Ahí decidieron que se iniciaría un sumario respecto de Zúñiga, aunque respecto de Leyton acordaron que como los hechos ya habían sido analizados, no se emprendería una nueva acción.

Pero las alertas también saltaron en el Ministerio Público, pues los antecedentes fueron considerados como suficientes para que se investigara a ambas magistradas como imputadas, por haber desplegado gestiones eventualmente irregulares para llegar a sus respectivos cargos y presuntamente haber intentado influir en favor de sus cercanos en la magistratura.

Por lo mismo, representantes de la Fiscalía han seguido atentos las determinaciones que pudiese emprender la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ya que es ella quien lidera la indagación por nombramientos irregulares en el Poder Judicial.

Ahí, de acuerdo con fuentes que saben del proceso, ambas juezas efectivamente aparecen mencionadas, aunque hasta ahora no se ha tomado definición a su respecto en cuanto a posibles imputaciones. Eso seguiría en análisis y prontamente podrían incorporarse como imputadas en una causa antigua, que avanza con lentitud, pero que indaga tráfico de influencias y otros ilícitos entre integrantes de la judicatura.

En el caso de Leyton la presión sobre el Ministerio Público aumentó luego de que el pleno de la Corte de Santiago rechazara abrir un sumario en su contra. Fuentes del caso afirman que si el tribunal de alzada capitalino no indagará los nuevos hechos, argumentando caso juzgada, es deber de la Fiscalía abrir una causa.

Presión de los querellantes

El tenor de las conversaciones entre las magistradas y Hermosilla ha llevado a los querellantes del caso a empujar para que se profundicen las indagaciones respecto de Leyton y Zúñiga, sobre todo porque insisten en que la situación se asemejaría a la de la exjueza Verónica Sabaj, quién sí enfrentó una querella de capítulos y una formalización por los nexos con el abogado.

La abogada Karinna Fernández, directora de Acción Cívica, es una de las querellantes que cuestiona el accionar frente a estas nuevas revelaciones, tanto por parte del Poder Judicial como del Ministerio Público.

“Es importante reiterar que la debida diligencia en la investigación de afectaciones a la independencia judicial es un deber ineludible, tanto del propio Poder Judicial como del fiscal nacional, porque la justicia tiene un valor público que se erosiona, afectando el acceso a la justicia de toda la ciudadanía, cada vez que se pone en entredicho la independencia judicial y los procesos de nombramiento de las altas magistraturas. La ausencia de investigaciones adecuadas, no solo compromete causas puntuales sino que impide dimensionar el entramado en su conjunto“, manifestó al ser consultada por La Tercera.

A juicio de la abogada, se está ante una “falta de determinación”. “La Fiscalía Nacional fragmenta las causas derivadas del Caso Audio, y frente a un sistema de influencias, fragmentar es una forma de inacción. Se persigue a responsables aislados, pero se evitan las preguntas de fondo. Habla por sí mismo el hecho que los pocos avances que ha habido en distintas causas no hayan surgido de la propia Fiscalía, sino de la revelación de información y a partir de ellos denuncias y querellas impulsada por actores ajenos al Ministerio Público”, indicó Fernández.

Y sumó: "Se trata de información que ha estado en poder de la Fiscalía por mucho tiempo, y que solo se activa cuando otros la sacan a la luz. Llama la atención la ausencia de avances oficiosos. No ha sido la propia institución la que, de motu proprio y en ejercicio de su deber de investigar, haya profundizado en estos antecedentes".

Por su parte, el también querellante Sebastián Andrade, abogado del estudio jurídico MRM Legal, advirtió que “el Ministerio Público debería preparar desde ya una querella de capítulos en contra de las dos juezas. Ese trámite esencial de procesabilidad para que ambas juezas sean debidamente investigadas como cualquier otro ciudadano por los hechos que revistan caracteres de delito. Pero hay excesiva pasividad”.

Se evidencia, según recalcó el penalista, “lentitud no sólo en la investigación y en la entrega de antecedentes a las partes intervinientes en el proceso a que hace referencia y en que efectivamente somos querellantes, sino que también, nos preocupa la pasividad y selectividad con que se dirigen las líneas investigativas. Cuesta entender el no actuar, toda vez que se trata de un deber constitucional del Ministerio Público".

“Podría uno pensar, a buenas y primeras, que estamos frente a una sobrecarga laboral. Sin embargo, la experiencia dicta que para estos casos se nombran fiscales con dedicación y equipo exclusivo. Hay otros casos grandes y relevantes en que también se han asignado fiscales regionales con dedicación, recursos y equipos, donde no vemos esta falta de determinación. Me parece que atiende a un problema de gestión”, complementó Andrade.