El 6 de abril los Ordinarios 955 y 957 llegaron a todos los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Una circular era para los que ya están en régimen y otro para los que están en etapa de implementación. El remitente era Pedro Larraín, director (s) de la Dirección de Educación Pública (DEP), el organismo dependiente del Ministerio de Educación de María Paz Arzola y que supervisa a todos los SLEP. En los escritos, muy similares salvo algunos detalles, la autoridad entregaba las “orientaciones sobre Plan de Ajuste Fiscal” mandatado por el Ministerio de Hacienda a todas las reparticiones públicas del gobierno central.

En los documentos a los que tuvo acceso La Tercera se contextualiza que en el marco de la reducción presupuestaria ordenada por el ministro Jorge Quiroz, la DEP, “como organismo responsable de la conducción de los SLEP, tiene la obligación de transmitir orientaciones respecto al contexto específico de cada Servicio Local”. Las instrucciones, añaden los textos, responden a las múltiples consultas que habían recibido, buscando priorizar acciones en pro de la calidad educativa y garantizar la sostenibilidad financiera.

“Por esta razón, nos parece esencial unirnos a esta política de ajuste fiscal de la Nación que está orientada a recuperar el equilibrio de las cuentas fiscales combatiendo los abusos y las malas prácticas, logrando una mayor eficiencia en el gasto y consolidando prácticas sanas de austeridad fiscal”, se justifica.

Tras ello se da paso a una serie de instrucciones específicas sobre los programas 01 (gastos administrativos) y 02 (servicio educativo) contenidos en los presupuestos de los SLEP. Las instrucciones referidas al programa 02 fueron sólo para los SLEP en régimen.

Quizás si la más bullada de las orientaciones que recibieron ambos tipos de SLEP, y que ha sido comentario obligado dentro de aquellos que están en etapa de implementación para recibir a los colegios municipales en un futuro cercano si es que no prospera la idea del gobierno de ponerle una pausa al proceso, es la que dicta frenar concursos públicos y nuevas contrataciones.

“Se deberá detener todo concurso y nueva contratación de personal que no se encuentre finalizada con proceso de trámite al 13 de marzo de 2026″, dicen las circulares. Hay algunas excepciones justificadas: cargos directivos indispensables para el funcionamiento de SLEPs y establecimientos educacionales, cuya vacancia afecte respectivamente la gobernanza y la prestación del servicio educativo. Asimismo, quedan eximidas del cese las contrataciones y concursos establecidos por mandato legal. En las instrucciones se señala que cualquier excepción debe ser informada y fundada a la División de Gestión y Presupuesto de los SLEP.

Con esta instrucción inmediatamente quedan en vilo los 64 concursos abiertos que, por ejemplo, habían un mes de que el gobierno asumiera.

La lectura dentro de los SLEP afectados, aun cuando se deje la puerta abierta para las excepciones ya descritas, es que la instrucción excede las restricciones presupuestarias y les quita la autonomía contenida en el espíritu de la ley, dificultando el quéhacer de los servicios al no dejar que se doten a pesar de tener el presupuesto asignado.

Eso, a su vez, es visto con preocupación porque podría incidir en que los SLEP no estén en condiciones de recibir los colegios -11 deben hacerlo a partir del 1 de enero- y así aplazar sus traspasos, justo en medio del debate por la idea del Ejecutivo de pausar el proceso.

En los ordinarios también se mandatan otras cosas. Una relevante es la revisión de contratos de servicios, como arriendos y aseo, con foco en la austeridad fiscal. “Se deberá evaluar la posibilidad de renegociar condiciones, reducir superficies arrendadas o dar término anticipado a aquellos contratos que sobrepasen el valor de mercado y/o no resulten esenciales para el funcionamiento administrativo del SLEP, siempre que ello sea jurídicamente procedente”, se lee. Toda decisión de cambio o continuidad se debe justificar de forma centralizada.

Al mismo tiempo, se instruye no renovar cupos de funcionarios acogidos a retiro, así como no reemplazar a funcionarios administrativos por enfermedad salvo excepciones. Se mandata, además, detener cualquier gasto que al 10 de marzo no importe una obligación legal y que pueda constribuir al ajuste permanente.

Además, se ordena la revisión de: casos de abusos de licencias médicas en funcionarios, de sumarios en curso, de limitar la duplicidad de funciones, de ausentismo, de inversiones y proyectos, y de contratos de servicios de estudios e investigaciones.

Del mismo modo, hay otras instrucciones tendientes a la austeridad de las actividades públicas, privilegiando su realización en dependencias propias.

Particularmente a los SLEP en régimen, es decir, aquellos que ya tienen colegios a su cargo, se les ordena reportar a la DEP gastos por servicio educativo que no constituyan obligaciones legales, y se les dio plazo hasta el 15 de abril para entregar sus propuestas de ajustes.

“Las medidas de ajuste indicadas en la presente circular tienen el carácter permanente y serán incorporadas en la base de formulación presupuestaria para el año 2027. (...) Se hace hincapié en que los ajustes no deben afectar la continuidad ni la calidad del servicio educativo que entregan los SLEP a sus estudiantes y comunidad educativa”, se lee sobre el final del escrito.

Oposición, a Contraloría

A raíz de los ordinarios, tres diputados de oposición acudirán a la Contraloría por eventuales vulneraciones y acusaciones de un “filtro político” de la DEP hacia los SLEP.

Los diputados Daniela Serrano (PC), Emilia Schneider (FA) y Juan Santana (PS), los tres integrantes de la Comisión de Educación, presentarán un requerimiento para que el ente fiscalizador se pronuncie si es que la DEP vulnera la autonomía en materia de contrataciones, personal y finanzas de los SLEP y su funcionamiento.

Al respecto, Serrano justifica la ida a Contraloría “por el exceso de atribuciones que se está tomando la DEP, que es principalmente quien está encargado hoy día de ayudar a implementar los SLEP”, añadiendo que la dirección a cargo de Pedro Larraín “está impidiendo que los SLEP puedan contratar o incluso les está pidiendo la justificación de la contratación y está retardando sobre todo los procesos de implementación. Claramente nosotros creemos que esto no es parte de una doble interpretación. Ellos están excediendo en sus facultades legales y por otra parte esto responde a un diseño que tiene el Ministerio de Educación de retrasar la implementación de los SLEP”.

“Esto configura claramente un filtro político, ellos están buscando que claramente se pueda retrasar, que pueda fracasar, sobre todo la implementación de nueva educación pública”, cierra.

La Tercera buscó infructuosamente una versión de la DEP y del Mineduc sobre estas acusaciones.