Apenas arribó a la Municipalidad de Peñalolén, el actual alcalde Miguel Concha (FA) anunció una auditoría a la administración de su antecesora, la actual subsecretaria de Prevención del Delito Carolina Leitao, advirtiendo que habría un déficit de $9 mil millones. El tiempo pasó, las auditorías se hicieron y cuando llegó el informe se reveló un panorama aún peor del estimado por el alcalde frenteamplista.

A finales de noviembre, durante un concejo municipal, Concha comunicó a los ediles los resultados de la auditoría: el déficit ascendía a $16.318.389.000 durante la administración de Leitao (2021-2025). Todo en un municipio cuyo presupuesto es de casi $105 mil millones.

La revelación de la auditoría derivó en un verdadero terremoto al interior del municipio, ya que se suspendió y abrió un sumario en contra de la directora de Administración y Finanzas, Tamara Rubio. Así como también generó recriminaciones al interior del oficialismo y dentro del mismo gobierno, dado el rol que actualmente tiene la exalcaldesa como subsecretaria de Prevención del Delito.

Pero la situación presupuestaria en Peñalolén no sólo quedó en indagaciones administrativas en el municipio, sino que también la situación será investigada por el Ministerio Público.

Las primeras diligencias

Tras conocerse públicamente el resultado de la auditoría, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó a este medio que “hace algunas semanas la Fiscalía de La Florida, Peñalolén y Macul abrió una investigación de oficio por el déficit en la Municipalidad de Peñalolén”.

Esa Fiscalía cuenta con experiencia en indagatorias de este tipo, ya que es el ente persecutor que actualmente indaga a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a su marido, el diputado Joaquín Lavín o a la exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas. Todos, indagados por presuntos delitos de corrupción.

La investigación quedó en manos de la Brigada Anticorrupción de la PDI y el Ministerio Público ya decretó las primeras diligencias. Según conocedores de la causa este martes el alcalde Concha declaró ante la policía civil por cerca de dos horas.

Tras recibir el informe de auditoría la administración del alcalde frenteamplista contrató al estudio BACS Abogados, el que comenzó a revisar los antecedentes. De concretarse alguna querella, esta sería representada por los penalistas Miguel Schürmann, Alejandro Awad y José Pedro Silva.

La municipalidad optó por no comentar el hecho por tratarse de una investigación en curso.

Los hallazgos a investigar

La auditoria determinó que de los $16 mil millones, había $324 millones corresponden a “cheques girados y no cobrados”, otros $6.170 millones a “depósitos de tercero”, más de $7.666 millones en la categoría “cuentas por pagar”, otros $5.504 millones en “pasivos omitido”, $2.144 millones en recursos “presupuestado y no pagado”, entre otros ítems.

Además de eso, también se determinó que durante la administración de Leitao hubo una sobreestimación injustificada en la proyección de los ingresos municipales, lo que provocó un sobreestimo de $12.234 millones en el erario local. También se determinó que de 2024 a 2025 había una deuda de $12.245 millones, pero se ocultó una deuda de $5.504 millones correspondiente a facturas no pagadas el año pasado, principalmente a grandes proveedores.

Junto con eso, también se determinó que se ocultó el saldo inicial de caja negativo, que el 89% de los dineros provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional no fueron rendidos y que hubo un importante aumento en los gastos de personal y horas extras.

En detalle, se detectó que entre 2021 y 2024, el gasto en funcionarios a contrata pasó de $2.568 millones a $5.563 millones, los honorarios de $4.406 millones a $7.392 millones. En el caso de las horas extras, en 2021 ascendieron a $589 millones y en 2024, a $1.442 millones.

A fines de noviembre, cuando recién se reveló el resultado de la auditoría, la subsecretaria Leitao aseguró que “de un tiempo a esta parte he venido siendo objeto de diversas acusaciones y persecución de parte de la nueva administración”.

La exdecé agregó que tiene “absoluta convicción de que la información y datos que se entregaron en el proceso de traspaso son los que corresponden”.