El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en el Juzgado de Letras de San Antonio un escrito con el que busca reducir en casi $6.759 millones el monto a pagar por la expropiación de 100 hectáreas de terrenos de la megatoma del cerro Centinela en la ciudad costera.

La acción apunta a rebajar los $10.990 millones fijados por la comisión de peritos convocada por la administración de Gabriel Boric y ajustar el precio al 38,5% de ese monto.

En diciembre del año pasado, con Carlos Montes liderando la cartera, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció que iba a hacer uso de sus facultades legales para adquirir a cambio de casi 11 mil millones de pesos la mitad de las 215 hectáreas del predio perteneciente a Inmobiliaria San Antonio Sociedad Anónima.

El acuerdo permitió dar inicio al desalojo de la ocupación.

El escrito del CDE fue presentado en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso y solicita “reducir la cuantía de la indemnización que, con el carácter de provisional, fuera fijada en favor de la sociedad expropiada".

Los argumentos del CDE

La presentación apunta a que la cantidad de dinero pactado es “excesiva, pues supera con creces el daño patrimonial efectivamente causado a la parte expropiada”.

El documento sostiene que hubo una tasación errónea asociada a una “distorsión en el valor del metro cuadrado de terreno expropiado”.

En el escrito de 24 páginas el CDE sostiene que la comisión de peritos que fijó el valor original “tomó como base aspectos inciertos y especulativos que resultan ajenos al ámbito de la tasación en un procedimiento expropiatorio”.

Por ello, piden ordenar la retención del monto en disputa de la indemnización provisoria correspondiente a $6.758.935.339, de manera que, al otorgarse el giro de cheque, se autorice solo por $4.231.968.661, el monto que consideran apropiado pagar, según nuevos cálculos.

Qué dijo la empresa dueña del terreno

Ante la acción del CDE, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S. A. emitió un comunicado en el que indican que fueron notificados del escrito.

“Ante esta acción legal -que rechazamos- no nos queda más que abogar por la restitución total de nuestro terreno”, advierten.

La empresa insistió en el planteamiento de que “el monto de la expropiación era bajo, considerando las potencialidades del terreno”, ante lo cual, dicen que este escrito los deja “atónitos y defraudados”.

El Serviu, según acusan pretende “pagar el 38,5% del valor ya castigado, que la propia institución avaló por la propiedad”.

“Entre los motivos de la rebaja está el hecho que el terreno se encuentra tomado. El Estado pretende castigarnos por su propia incapacidad de desalojar un terreno con orden de desalojo de la Corte Suprema desde 2024″, apuntan y dicen lamentar la “maniobra del gobierno anterior que le ha traspasado el problema del desalojo al actual gobierno”.