El proyecto de ley del gobierno para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) contempla dos mecanismos complementarios e integrados. En la práctica, los colegios con sobredemanda podrían optar entre el actual mecanismo o una vía voluntaria con criterios de selección definidos por cada establecimiento, como adhesión al proyecto educativo, rendimiento académico, entrevistas o proximidad territorial.

La propuesta, dada a conocer por La Tercera la noche del jueves, promete ser quizás si el gran tema de debate educativo que se avecina y no dejó indeferente a nadie, especialmente a quienes hace poco coincidieron con la ministra María Paz Arzola en la última gran instancia de análisis que tuvo el SAE: como parte del acuerdo que viabilizó la Ley de Presupuestos 2025, el Mineduc de Nicolás Cataldo quedó comprometido a constituir una mesa técnica encargada de proponer mejoras al sistema.

La instancia debía reunir a representantes de centros de estudios, académicos y otros actores vinculados al sistema educativo. La idea era hacerla lo más transversal posible para que el informe final que se le mandató entregar tuviera peso y credibilidad.

Allí se sentaron 11 personas: Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la PUC; Manuela Mendoza, investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la U. de O’Higgins; Mauricio Bravo, vicedecano de Educación de la UDD; Gonzalo Muñoz, consejero del Consejo Nacional de Educación; Magdalena Vergara, investigadora de IdeaPaís; Juan José Llorente, asesor legislativo de Fundación Jaime Guzmán; Patricio Rodríguez, investigador del CIAE de la U. de Chile; Javier González, director de SUMMA; Cristián Cabalín, jefe de Comunicaciones de Rectoría de la U. de Chile; y Sylvia Eyzaguirre, consejera del Consejo Nacional de Educación. También Arzola, en ese entonces investigadora y coordinadora del Programa Social de LyD.

A inicios de abril de 2025, la instancia dio a conocer su informe final al cual suscribió Arzola, donde se proponía reponer la selección en hasta 80% de la matrícula para liceos de alta exigencia y que los establecimientos adscriban voluntariamente a criterios de priorización, todo dentro del SAE. Sobre la mesa nunca estuvo la idea de un mecanismo paralelo, ni menos que algún tipo de colegio pudiera optar por no estar en la herramienta centralizada. “Si bien se reconoce que el SAE requiere perfeccionamientos, la evidencia acumulada no justifica su reemplazo estructural”, se leía en el informe, que también advertía que una proporción minoritaria de la mesa consideraba legítima la selección por fuera.

Mirada negativa

En razón del informe que hace poco más de un año ya emitió la instancia de análisis más legítima y reciente que ha tenido el SAE, sus exintegrantes hoy miran -en su mayoría-, con asombro el proyecto de ley que planea ingresar el gobierno.

La Tercera hizo el ejercicio de preguntarle a los nueve que hoy no son parte del Ejecutivo (Arzola es ministra y Vergara llegó a Mideso) su opinión, las que son más o menos coincidentes. Sólo Llorente se excusó de contestar.

Así las cosas, Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y quien presidió la mesa, señala que “no es incompatible con el SAE que cada colegio tenga criterios de selección propios”. Asimismo, asevera que “no existe ningún argumento racional para justificar que los colegios tengan sus propios sistemas independientes del SAE, con ello sólo pierden las familias al complejizarse el sistema de postulación y al perder el sistema capacidad de optimizar las asignaciones en función de las preferencias de las familias".

Desde la PUC, Alejandro Carrasco estima que “la mesa invirtió tiempo en escuchar y procesar la visión de comunidades escolares, sostenedores, asociaciones de padres y a la evidencia científica. Nunca un sistema de admisión paralelo se contempló como un camino. Al contrario, todas las debilidades identificadas que deben corregirse se plantearon mediante mejoras al interior de un sistema único como el SAE, que técnicamente permite adaptaciones e innovaciones”.

Javier González, hoy presidente del Consejo de la Agencia de la Calidad de la Educación, plantea que las modificaciones sugeridas “son un retroceso para el grado de inclusión del sistema escolar y contrarias a la evidencia internacional comparada y las lecciones que ofrece la historia reciente”. Entre otras cosas, argumenta que omiten que antes del SAE las investigaciones identificaban prácticas discriminatorias ejercidas mediante entrevistas a las familias; que no consideran que desde que se implementó la ley de inclusión los datos muestran que se redujo la segregación escolar; y que ignoran que sistemas centralizados son ocupados en Europa y Estados Unidos.

Por su parte, Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación UDP, contextualiza que “una de las virtudes del SAE es que coordina de forma centralizada la asignación”. Por eso, advierte que “si los colegios más demandados pasan a seleccionar por su cuenta, esa coordinación se rompe y las familias rechazadas podrían quedar a la deriva. En la evidencia comparada los sistemas descentralizados de selección generan más frustración e inequidad. El riesgo de construir un sistema más incierto y desigual es alto si no se cuida el principio de un sistema coordinado”.

Patricio Rodríguez no tiene dudas y apunta a que con la propuesta “se pierden todas las ventajas que tiene el SAE, que permite hacer la postulación con una ventanilla única y tener respuesta pronta a la asignación de vacantes. Cuando cada colegio tiene su propio proceso se añade una carga a las familias respecto a informarse de requisitos y fechas de cada uno, además de programarse para ir a las entrevistas”.

En tanto, Manuela Mendoza asevera que la reforma del gobierno se sustenta en un diagnóstico que contradice la evidencia disponible, que según ella apunta a que la segregación escolar ha disminuido sostenidamente desde 2015, en paralelo a la implementación del SAE. “La literatura comparada demuestra que los sistemas de admisión selectiva se asocian con una mayor segregación académica y social”, expone, sumando que el argumento de que seleccionar es más justo o le devuelve libertad a las familias invierte la lógica del problema. “Seleccionar por notas o entrevistas no evalúa el mérito de un estudiante, sino qué tan bien una familia puede cumplir con los requisitos que el colegio decide imponer (...), y la libertad de elegir, en este esquema, no es de las familias, es del colegio. Lo que se está ampliando no es la libertad de las familias, es el poder de exclusión de los establecimientos”, añade.

Mientras, Cristián Cabalin, hoy subdirector del Instituto de Educación de la U. de Chile, piensa que “no parece la mejor idea crear un sistema paralelo al SAE. Es posible que existan problemas en su implementación técnica y que vuelvan prácticas asociadas a discriminaciones arbitrarias, donde la libertad de elección de las familias se verá restringida".

Quien tiene una mirada distinta es Mauricio Bravo, que dice parecerle “una propuesta razonable porque uno de los principales problemas del SAE es que redujo al mínimo la capacidad de los establecimientos para desarrollar procesos de admisión coherentes con sus proyectos educativos”. Y se extiende: “Permitir que los colegios puedan utilizar criterios objetivos, previamente informados, no es discrecionalidad, sino reconocer que la diversidad de proyectos requiere cierto grado de autonomía. Las familias no solo eligen un colegio por calidad o infraestructura, sino también por su identidad, énfasis formativo y expectativas académicas, y esa coherencia debiera poder reflejarse en los procesos de admisión”.

“No es lo que dijo la mesa”

El otro aspecto en el que de manera general reparan los integrantes de la mesa es que la propuesta del Ejecutivo va en línea contraria con los acuerdos que hace poco se alcanzaron, expresados en un extenso informe.

“Esta alternativa no estuvo contemplada en la mesa, pues todos entendían que el beneficio que tiene el SAE es su capacidad de optimizar, la que se pierde cuando se atomiza el sistema”, señala Eyzaguirre.

En una línea similar, Cabalin complementa que “sin desconocer las actuales falencias del SAE, la mesa propuso una serie mejoras y en ninguna de sus recomendaciones incluyó este proyecto, que se aleja completamente de la evidencia disponible y del consenso mayoritario de quienes conocen el SAE”. Obviamente, cierra, “se requiere superar las debilidades del actual sistema, sin embargo, esta propuesta del Mineduc no lo hará. Defender las medidas de la mesa técnica no es un capricho académico, es simplemente apegarse a la realidad para no retroceder en justicia y equidad educacional”.

Desde el CIAE, Rodríguez recalca que en la mesa “no conversamos sobre tener sistemas paralelos porque el consenso fue que hay un espacio de mejora para las deficiencias existentes y dimos recomendaciones específicas para abordarlas, escuchando a a representantes de familias, sostenedores y directores de establecimientos, entre otros”.

En ese sentido, Muñoz recuerda que “la conclusión de la mesa fue transversal: hay que mantener y perfeccionar el sistema, no reemplazarlo”. De hecho, añade el académico, “lo que se ha dado a conocer iría en otra dirección: permitir masivamente que cada establecimiento con menos cupos que postulantes defina a quién admite”.

González, en tanto, dice que la propuesta olvida que la instancia de la que participó “recomendó ampliamente la consolidación y perfeccionamiento del sistema y no su disolución como pareciera pretenderse en la práctica”. Por eso, suma, “espero que lo que prevalezca sea el debate racional basado en evidencia por el bien del sistema educativo del país”.

Pero Bravo otra vez difiere y asegura que esto sí fue uno de los diagnósticos compartidos: que el sistema había generado una excesiva rigidez y había eliminado casi por completo la capacidad de los establecimientos para considerar elementos vinculados a su proyecto educativo. “Aunque existieron diferencias respecto de la profundidad de los cambios necesarios, hubo coincidencia en que era importante avanzar hacia mecanismos que permitieran una mejor articulación entre las preferencias de las familias y la identidad de los establecimientos”. En ese sentido, cree que la propuesta del gobierno recoge parte importante de esas discusiones, aunque, reconoce, “va más allá de algunas de las recomendaciones que alcanzaron consenso en la mesa”.