La tensión al interior del Poder Judicial por la mano dura que impuso la Corte Suprema está lejos de terminar. Luego de que el pleno del máximo tribunal ordenara la apertura de cuadernos de remoción en los casos más graves de jueces que faltaron a la probidad luego de haber viajado al extranjero con licencia médica, los afectados tomaron la decisión de iniciar una pugna judicial.

Hasta ahora hay al menos 56 cuadernos de remoción, pero fuentes judiciales comentan que la cifra es mayor ya que luego de la única comunicación al respecto ha habido más aperturas de procesos disciplinarios en función del artículo 80 de la Constitución.

El punto está en que la mayoría de los magistrados afectados está convencido de dar una batalla legal para frenar el intento de los supremos por juzgar si tienen buena conducta para seguir en sus cargos o si sus faltas a la probidad son de tal magnitud que corresponde que sean expulsados de la judicatura.

El primero que inició esta batalla fue el juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra, quien el 8 de julio presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) representado por el abogado Carlos Quezada.

El magistrado Saavedra fue investigado por viajar fuera de Chile con reposo médico y en su momento la Corte de Antofagasta lo sancionó con el castigo más alto que contempla el Código Orgánico de Tribunales, es decir, la suspensión de funciones hasta por cuatro meses.

El punto es que con el requerimiento, Saavedra logró suspender la tramitación de su cuaderno de remoción y con eso abrió la puerta para que otros judiciales tomen su mismo camino.

Así, por ejemplo, esta semana entró el segundo requerimiento de estas características. Esta vez fue el domingo 2 de julio cuando la jueza del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, María Verónica Arancibia, recurrió ante el TC contra “artículos 40 y 41 del auto acordado contenido en el Acta 108 sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial”. La magistrada, al igual que Saavedra, recurrió representada por el abogado Carlos Quezada.

La jueza Arancibia enfrentó un sumario por su falta a la probidad, es decir, haber viajado fuera de Chile con licencia médica en la jurisdicción de San Miguel. Por esa falta disciplinaria, en su momento, el pleno de la Corte de San Miguel la sancionó con la suspensión hasta por 60 días de sus funciones.

Pese a eso, su caso fue requerido -junto a varios otros- por la Suprema y el máximo tribunal optó por abrirle un segundo proceso para analizar su responsabilidad ministerial, es decir, su conducta en función del artículo 80 de la Constitución.

El requerimiento de la jueza Arancibia quedó asignado a la Primera Sala del TC que integran las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez y Alejandra Precht, y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery.

Será esta sala la que en los próximos días deberá analizar si dará luz verde a la solicitud de suspensión. Dado el antecedente del magistrado Saavedra, todo indica que el TC nuevamente dejará congelado el cuaderno de remoción que estaba próximo a ventilarse ante la Suprema.