Puntualmente, a las 09.00 horas de este lunes se inició la audiencia de formalización del exfiscal Manuel Guerra ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

El Ministerio Público pidió las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con imputados u otros testigos de la causa.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el resto de querellantes solicitó su prisión preventiva.

Se le imputa como autor de delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, investiga al expersecutor desde agosto de 2024, por sus chats con el abogado Luis Hermosilla, sobre la sobreseída causa Dominga-Exalmar y el caso Penta.

La indagatoria contra Guerra, consideró además otros casos en los que sostuvo comunicaciones con Hermosilla.

Carrera indicó que el exfiscal compartió con el abogado que se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior información sobre las investigaciones en el montaje de la operación Huracán, el caso de corrupción en Vitacura, las causas penales que enfrentó el gobierno por el estallido social, indagatorias contra el senador Iván Moreira y contra el senador Manuel José Ossandón, contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa y contra Santiago Valdés, que fue administrador electoral de Sebastián Piñera.

En su exposición de los hechos, Carrera indicó que el otrora fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente desarrolló esas investigaciones “alejándose” de criterios técnicos y jurídicos para asegurar su éxito.

Carrera planteó que, en el contexto de su relación con Hermosilla, el exfiscal Guerra pudo una vez fuera del Ministerio Público “solicitar a cambio de sus gestiones diversos beneficios para sí o para terceros, todo lo anterior con infracción de los deberes, obligaciones y prohibiciones que pesaban sobre él en su calidad de funcionario público y especialmente de fiscal regional”.

El persecutor sostuvo que su excolega a cargo del caso Penta “posibilitó la aplicación del procedimiento abreviado respecto de los imputados, con imposición de penas sustitutivas sustancialmente inferiores, afectando gravemente el interés público y la persecución penal”.

“Los hechos antes descritos, configuran infracciones de deber funcionario por parte del imputado, que, vulnerando gravemente los principios de legalidad, objetividad y transparencia, en el contexto de la tramitación del caso Penta, y prescindiendo de los causes o decisiones procesales pertinentes, dictó a sabiendas decisiones y providencias manifiestamente injustas”, afirmó el fiscal regional de Arica.

En su relato sobre la serie de casos que indagó la Fiscalía Oriente, Carrera fue leyendo mensajes en los que, según dijo, Guerra “anticipó indebidamente” a Hermosilla los pasos del Ministerio Público.

Respecto al 18-O, aseguró que Guerra “anticipó a Hermosilla Osorio información relevante y estratégica respecto de las acciones y decisiones que adoptaría el Ministerio Público en las investigaciones relativas al estallido social, aconsejándole sobre las acciones que, en las mismas, debería adoptar Andrés Chadwick Piñera en su calidad de imputado".

Según el fiscal, esto no fue un hecho aislado, circunscrito solamente a un caso, sino que una práctica sostenida.

Según el fiscal regional de Arica, la reconversión laboral del expersecutor Guerra involucró gestiones reiteradas con los personeros a los que había “intentado complacer”.

El fiscal Carrera afirmó que Guerra solicitó en forma “implícita” a Hermosilla y a Chadwick, ser designado en el Consejo de Defensa del Estado.

Además, habría pedido en forma explícita y reiterada al protagonista del caso Audio, ser incorporado al estudio jurídico que el penalista compartía con el exministro, la designación de su amiga Patricia Manríquez como notaria e interceder a favor del exfiscal Tufit Bufadel ante una denuncia en su contra por una agresión sexual.

Al salir del Ministerio Público, Guerra consiguió trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, la Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente (Amszo) y la Municipalidad de Providencia.