Sólo un manual de persecución penal es lo que deberá confeccionar ahora el ex fiscal regional Manuel Guerra, pese a que en un inicio había sido contratado de forma permanente por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la zona Oriente (AMSZO). Su figura provocó ciertas renuencias al interior de los propios municipios que integran esta instancia, debido a la explosión de casos por eventual corrupción en esas comunas que hoy son investigadas por la Fiscalía que era dirigida hasta hace dos meses por el abogado. Un dato que salta a la luz hoy, en este contexto, es la denuncia que hizo la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, por millonarios desvíos de dinero y que fue presentada diez días antes que el persecutor dejara su cargo y sólo hubo una orden de investigar y no se traspasó la causa a Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Local de Las Condes.

Hace seis meses circuló un mensaje de WhatsApp en que el jefe del Ministerio Público del sector Oriente socializaba su intención de dejar la institución, pese a que aún le quedaban tres años en el cargo. La situación generó malestar en algunos al interior de la fiscalía, debido a que algunos sostenían que ese tipo de anuncios no se hacían, sino más bien se concretaban, y otros porque pasó el tiempo y no ejecutaba su dimisión hasta este jueves 1 de julio, cuando envió un correo a persecutores y funcionarios. Pese a que se irá recién en un mes más, la carrera para ocupar el escaño que deja el abogado ya empezó, y hay quienes corren con ventaja.

El persecutor afirmó, en una carta de despedida a la Fiscalía Oriente y sus funcionarios, que su dimisión "obedece a razones estrictamente personales y forman parte de mi deseo de proyectarme en otros ámbitos profesionales". Su salida se concretará el 1 de agosto.

El 1 de enero comenzó a circular entre abogados un mensaje por WhatsApp del fiscal regional Metropolitano Oriente, a cargo de varias causas vinculadas a la política, como Penta, Exalmar, fraude al Fisco en el Congreso y tráfico de influencias contra en senador Manuel José Ossandón. Ahí les comunicó que estaba buscando una salida anticipada de su cargo. Aún le quedan tres años como persecutor regional. Entre las razones ha dicho a sus cercanos que no tiene más incentivos para seguir en el puesto y que tampoco quiere ser fiscal nacional.

Personero de gobierno indicó “que una fiscalía investigue una estrategia sanitaria no nos parece fundamentado, prudente”.

Además, el persecutor dijo que las críticas del gobierno al Ministerio Público son, "en muchos casos, interesadas y buscan deslindar de responsabilidades".

Luego del problema con el fiscal regional, quien le quitó la causa, Roberto Contreras postuló como abogado asesor en otra repartición del Ministerio Público y ganó el concurso.

En un e-mail de abril de 2017, el fiscal Metropolitano Oriente le señala a su superior, en el marco de un texto sobre el Caso Penta, que faltaba "adecuada coordinación" y que "muchas veces sentimos que quizás incomodamos".

Según fuentes conocedoras del encuentro, los abogados entregaron al fiscal un resumen de la normativa vigente sobre asesorías parlamentarias y la entrega de informes.

Carlos Saldaña Jara (20), quien lideraba la agrupación y que actualmente cumple una pena de 33 años por diversos delitos, arriesga una condena de presidio perpetuo calificado.

"La decisión del Tribunal Constitucional está dentro de lo esperable", dijo el persecutor a cargo del caso a La Tercera.

Se trata de los persecutores Felipe Sepúlveda y Carlos Ramírez quienes se integrarán a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente a partir del 1 de marzo y asumirán, entre otras causas, la investigación del caso Penta.

A partir del 1 de marzo pasarán a formar parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda Araya y Carlos Ramírez Moreno.

A partir del 1 de marzo pasarán a formar parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda Araya y Carlos Ramírez Moreno.