Durante tres meses se mantuvieron en reserva las identidades de a quienes el Ejecutivo suspendió el pago de por vida que habían adquirido por haberse declarado víctima de menoscabo durante el 18-O. Los casos son fiscalizados tanto por la Contraloría como por la Fiscalía Occidente y se buscan responsabilidades penales tras otorgarse el beneficio a personas condenadas por graves delitos como violación, abuso, robo, entre otros crímenes.
31 may 2024 09:33 PM