SEÑOR DIRECTOR:

Hay propuestas que, bajo una apariencia compasiva, terminan revelando con crudeza a quién decide proteger el Estado. La idea de eliminar las contribuciones para ciertos adultos mayores entra exactamente en esa categoría: no es una política social, sino una transferencia regresiva de recursos desde las comunas más pobres hacia propietarios de alto patrimonio.

Los propios datos oficiales muestran la magnitud del despropósito. En Chile, el 77% de las viviendas ya está exenta del pago de contribuciones. Entre los adultos mayores propietarios, más de un millón ya no paga este impuesto, y cerca de 190 mil ya reciben rebajas o beneficios existentes. La nueva medida, por tanto, se concentra en alrededor de 200 mil personas: un grupo reducido, ubicado entre los sectores de mayores ingresos y riqueza del país.

El costo fiscal estimado es de US$200 millones. La compensación anunciada al Fondo Común Municipal llega solo a US$130 millones; es decir, todos los chilenos pagaremos el alivio a los adultos mayores de más alto patrimonio del país. Y la resta es brutal: US$70 millones menos para las comunas con menos recursos, las mismas que necesitan financiar seguridad, salud primaria, escuelas y servicios básicos. Dicho sin eufemismos: se beneficia a propietarios acomodados en comunas ricas, mientras se debilita a La Pintana, Bajos de Mena y tantos otros sectores de pobreza y miseria.

El problema de algunos adultos mayores con pensiones bajas y viviendas valorizadas existe. Pero su solución no puede ser un perdonazo general para quienes más tienen. Una política justa sería gradual, focalizada según ingresos y patrimonio, y no un regalo para mansiones en Lo Curro o La Dehesa.

Javier Ruiz-Tagle

Académico Instituto Estudios Urbanos y Territoriales UC.

Director Núcleo Milenio de la Vivienda (NUVIV)