A casi una semana de que efectivos de la Bipe Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI) lograra que el empresario Jorge Vera fuera liberado tras permanecer 180 horas secuestrado, continúan surgiendo antecedentes respecto de los responsables tras el ilícito.

Los detectives no sólo negociaron de manera efectiva con los captores para que el empresario ferretero de 84 años fuera dejado en libertad con vida, sino que también se avanzó en la detención de un quinto involucrado y en líneas investigativas para identificar a todos los partícipes.

De hecho, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, actualmente la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur, encabezada por el fiscal regional Héctor Barros, se encuentran despejando la participación de sujetos que se encontrarían en Colombia.

Según fuentes del caso consultadas por este medio, la hipótesis más clara que se sigue es que la orden para secuestrar a Vera la dieron líderes de una facción del Tren de Aragua que están en dicho país.

Los sujetos hasta ahora detenidos, dos chilenos y tres venezolanos, serían quienes están más abajo en la línea jerárquica de la organización. Todos ellos eran parte del brazo operativo. O sea, fueron quienes interceptaron a la víctima, ejercieron violencia en su contra, la trasladaron y la mantuvieron retenida.

La detención del quinto partícipe, como se confirmó la jornada de este martes, se concretó el sábado 2 de mayo en la Región Metropolitana y no se había informado con miras a no afectar procesos en curso. Esto, como se explicó, ya que prontamente habría novedades respecto de otros sujetos involucrados.

Se trata de un ciudadano chileno de 34 años que no mantenía antecedentes penales y que será formalizado este miércoles en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago.

Así lo precisó Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Metropolitana, quien además sostuvo que la participación del individuo “es activa en este delito de secuestro”.

“Fue detenido en la comuna de Pudahuel y su detención había permanecido en prórroga. Participa en la custodia de la víctima durante todo el periodo de cautiverio, que son más de 180 horas, y no registra antecedentes penales, no obstante su participación está clara en este hecho”, resaltó el funcionario policial.

Como precisó Barrientos, el nuevo detenido -aprendido en la vía pública, en las cercanías de la casa de un familiar- tiene un rol clave en la custodia de Vera en los dos sitios donde se ha establecido que se mantuvo retenido.

“Esto demuestra el buen trabajo que se ha estado haciendo. Este imputado va a ser formalizado por secuestro y por la participación que tuvo en el resguardo de la víctima en los lugares de cautiverio que fueron detectados por los funcionarios de la PDI", afirmó por su parte el fiscal Héctor Barros.

Respecto de la evaluación de este delito, el persecutor aseguró que el caso de Vera es una muestra patente de que el ilícito ya no sólo afecta a sujetos extranjeros en el país, sino que también es más frecuente tener víctimas nacionales.

Asimismo, dijo que se ha podido establecer una mayor presencia de chilenos como autores, y no sólo como facilitadores de inmuebles. Ahora, mencionó Barros, se ha podido notar que se involucran en la planificación misma del ilícito.

En cuanto a la organización de los secuestradores, Barros señaló que “siempre hay una jerarquía y siempre hay un encargado en cada uno de estos delitos que están vinculados al Tren del Agua y no necesariamente esa cúpula está en el país. Muchas veces han estado fuera del país”.

“Respecto a eso sólo puedo decir que la investigación está muy bien encaminada y que estamos muy positivos respecto a los resultados que van a haber”, dijo Barros al ser consultado sobre si hay otros partícipes identificados en el caso de Vera. El persecutor precisó además, en ese mismo sentido, que pronto vendrán nuevas órdenes de detención.

El caso

Vera fue secuestrado la tarde del 21 de abril a eso de las 18.00 horas, mientras transitaba en su vehículo particular por la comuna de San Miguel.

Los implicados en el plagio lo interceptaron y llevaron a diferentes lugares donde lo mantuvieron retenido. En el intertanto, hicieron llamadas con sus familiares, solicitando una altísima suma de dinero a cambio de liberarlo.

Tras extensas jornadas de negociación, los captores lo liberaron durante la madrugada del miércoles 29 de abril, en el sector Quilapilun en la comuna de Colina, en las cercanías de un automóvil que luego fue quemado por los imputados. Pese a la presión que aplicaron sobre él, no presentaba lesiones ni heridas evidentes.

Si bien no se ha precisado el monto total que la familia pagó para que el adulto mayor librara con vida, sí se ha establecido que hicieron varias transferencias de dinero para viabilizar su liberación. Todo eso en el marco de una millonaria suma exigida por los captores, que llegó incluso a los $700 millones.