Esta jornada, la ministra de Educación, María Paz Arzola, expuso frente a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados las políticas públicas y prioridades legislativas que implementará el gobierno en materia educativa, así como también los principales ejes a tratar.

Al respecto, la autoridad abordó la situación financiera en la que recibió la cartera, explicando que cuando se tramitó la ley de presupuesto, ella en su calidad de investigadora en ese entonces “se percató” al mirar el proyecto de ley que éste venía subfinanciado “justamente porque no se habían hecho los ajustes a las subvenciones”.

“Entonces, este es un problema que no surge como consecuencia de la tramitación legislativa, sino que este fue un proyecto de ley que ingresó con este problema”, sostuvo.

“El recorte en Educación ya se hizo, no lo hicimos nosotros. Es un recorte que heredamos, que viene en las subvenciones escolares, que para poder pagar subvenciones durante estos primeros meses del año, se está recurriendo a dineros de subvenciones del segundo semestre”, apuntó.

En esta línea, sostuvo, el objetivo que se plantean “es justamente administrar este déficit de tal manera de poder minimizar el impacto que que puede tener en el soporte a establecimientos educativos que entrega el ministerio, en los beneficios que se entregan a estudiantes, y naturalmente, en la operación de los establecimientos”.

Para atender esta situación, explicó la autoridad, primero se encuentran estudiando los programas ya existentes, de tal manera de no recortar beneficios que sean valiosos para la ciudadanía.

“Estamos haciendo ese ejercicio, y no es un ejercicio fácil, pero es un ejercicio que lo estamos haciendo con responsabilidad, no porque queramos, sino porque la situación lo amerita”, afirmó frente a la comisión.

“Acá no se puede comprometer financiamiento para todo porque los recursos no son infinitos”, sentenció.

Consultada por otra parte sobre el cobro del CAE, la ministra hizo un punto en explicar la magnitud de esta deuda, indicando que hoy día “aproximadamente 740 mil millones corresponde a la deuda de personas que tienen ingresos superiores al millón y medio de pesos y que no están pagando”.

“Eso quiere decir que con esos recursos nosotros podríamos hacer frente a todo el déficit que tenemos en el presupuesto de educación y más”, sostuvo tajante.

Esto, sostuvo, “pasó con el CAE, pasó con la gratuidad y suele pasar con políticas públicas que se gestan desde una buena intención, planificando que las cosas van a salir bien, pero que los hechos terminan teniendo problemas”.

Esto, añadió, ya que la gratuidad está costando el doble de lo que se concibió en primera instancia.

Modificaciones al SAE y revisión del calendario de traspaso de los SLEP

En cuanto al Sistema de Admisión Escolar (SAE), la ministra destacó que es un tema prioritario para el gobierno, y en donde -tal como lo concluyó la mesa técnica que evaluó esta herramienta- se identifican ciertos aspectos positivos del sistema vigente que mantendrán. Sin embargo, sostuvo, hay dos materias que preocupan: el nulo espacio para poder reconocer el mérito académico, y la falta de flexibilidad que impide que los directores escolares puedan responder a contingencias y problemas que se producen al momento de la admisión.

“Y eso son principalmente dos materias que nosotros vamos a incorporar en el proyecto de modificación del sistema de admisión”, sostuvo.

Por otra parte, y en cuanto a los Servicios Locales de Educación (SLEP), Arzola apuntó a que hay municipios que necesitan traspasar el servicio educativo, “mientras que hay otros que lo hacen muy bien, que tienen planes para sus colegios y para la educación y para sus niños”.

“Por lo tanto nosotros no podemos ser ciegos frente a esa heterogeneidad y es por eso que estamos hablando de revisar el calendario y ver las posibilidades de gestionar el traspaso a los SLEP restantes, siempre maximizando el bienestar educativo y las oportunidades para los niños y las familias”, afirmó.