El mismo día en que Martín de los Santos Lehmann fue formalizado por la agresión al conserje Guillermo Oyarzún, el 17 de mayo, se comunicó con un amigo con la intención de hacer un “negocio”.

José Tomás Cabrera, quien dice que mantenía una “cercana relación de amistad” con De los Santos, recibió un llamado telefónico de la expareja del asesor inmobiliario –que hoy se encuentra detenido en Brasil– para solicitarle que acudiera en “su auxilio”.

Cabrera fue a la casa de los padres del sujeto, ubicada en Las Condes, donde lo vio “tenso, pero tranquilo”. Hace poco lo habían formalizado por los delitos de lesiones graves, maltrato de obra a carabineros y amenazas a carabineros, quedando con firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima

En esa conversación en la casa de los padres de De los Santos nació un negocio de una tiny house en Pichilemu entre Cabrera y el imputado.

Lo anterior se desprende de la querella que Cabrera interpuso la semana pasada, a través de los abogados Sebastián Vallés y Ariel Ibarra, por el delito de estafa, luego de, según dice, haber sido “engañado desde el minuto uno” para hacer “una disposición patrimonial” en beneficio de De los Santos. En concreto, alega que transfirió $7 millones que no se tradujeron en nada.

Pese a que la querella fue declarada inadmisible, el viernes los abogados presentaron un recurso de apelación alegando el “sinsentido” de la resolución del 4° Juzgado de Garantía. Además, se encuentran estudiando iniciar acciones por la vía civil para conseguir la restitución de los montos adeudados y perseguir una respuesta patrimonial por el perjuicio que le habría generado el hecho a Cabrera.

Detalles de la querella

En ese diálogo, De los Santos le contó lo que había ocurrido durante la madrugada, cuando agredió al guardia: “Lo acompañé a mi domicilio para conversar con mayor calma, donde me relató que había tenido un problema en un cabaret, que derivó en su expulsión por parte de los guardias tras un altercado y haber agredido a uno de ellos”.

Ese mismo día, Cabrera transfirió $500.000 para hacer “la reserva” del inmueble. Al poco tiempo, el denunciante se percató de las dificultades del negocio. El imputado derivó a Cabrera con otra persona, quien supuestamente estaba a cargo de los aspectos técnicos del proyecto. Sin embargo, este le señaló que estaba al tanto de los problemas legales del sujeto y que evaluaba cortar su vínculo comercial con él.

Pese a todo, Cabrera continuó con el negocio y realizó otra transferencia por $6.500.000. “Toda la comunicación administrativa la llevé a cabo a través de la expareja de De los Santos, quien me solicitó los comprobantes de las transferencias, los cuales le envié ese mismo día”, dice la querella.

“A partir del día 26 de mayo, la comunicación con el señor De los Santos se volvió intermitente, evasiva y poco clara. Las respuestas se limitaban a postergaciones como “mañana hablamos” o “más tarde te cuento”, sin ningún avance concreto en el proyecto", continúa el relato del texto legal. Finalmente, el 2 de junio, luego de que el encargado de la parte técnica de la tiny house le confirmara que había roto su vínculo con De los Santos, Cabrera se percató de que “había sido víctima de un engaño planificado”.

Un día después de que la jueza Cecilia Villanueva decretara la prisión preventiva del sujeto, estando este en Brasil, Cabrera tuvo una última comunicación con el asesor inmobiliario. “Le di un último plazo de 24 horas para restituir el dinero entregado. La única respuesta fue una mención a un supuesto contrato con plazos, documento que jamás firmé ni me fue proporcionado. Pasado ese plazo, no recibí ninguna devolución ni nueva comunicación”.

Nuevo recurso

En la inadmisibilidad declarada por el 4° Juzgado de Garantía respecto de la querella se argumenta que para que se configure el delito de estafa “no es suficiente el mero engaño, sino que este debe consistir en un ardid o maquinación” y que el derecho penal “es la última instancia a la cual se debe recurrir” luego de estudiar acciones civiles.

Sin embargo, hay un argumento del tribunal que a los abogados de Cabrera no les hace sentido. El tribunal señaló que estima que no se configura el delito de estafa, “sino lisa y llanamente de un incumplimiento de contrato de prestación de servicios, por el cual el querellante se obliga a prestar servicios educacionales y por la otra, la querellada se obliga al pago de dichos servicios”.

En el recurso de apelación se sostiene que dicha resolución del tribunal de garantía no tiene relación con los hechos descritos en la querella: “Inmediatamente nos advierte una incongruencia con nuestros hechos expresado en la querella, dando una evidente apariencia de que el Tribunal yerra en los hechos o se está pronunciando respecto de otros diversos a los sindicados en nuestra querella, ya que nada tiene que ver la ‘prestación de servicios educaciones por una parte y por otra el incumplimiento del pago de los mismos’“.

“Lo que por una cuestión de forma, se entiende como inepta la resolución, en el sentido de no ser congruentes las sindicaciones fácticas de la resolución, con los presupuestos fácticos propio de nuestra querella presentada”, se agrega en el nuevo recurso.

Así las cosas, la nueva acción judicial complicaría aún más el presente judicial de Martín de los Santos, quien se encuentra a la espera de ser extraditado desde Brasil para cumplir con la medida de prisión preventiva en Chile.