El informe elaborado por el Comité Selecto del Congreso de Estados Unidos sobre China encendió nuevamente las alertas sobre la expansión del poder del gigante asiático en América Latina. Esta vez, el foco estuvo puesto en la infraestructura espacial y su eventual vínculo con capacidades militares. El documento, titulado “Pulling Latin America into China’s Orbit” (Llevando a América Latina a la órbita de China), sostiene que Beijing estaría utilizando proyectos presentados como cooperación científica o tecnológica para fortalecer su red global de vigilancia espacial y, con ello, ampliar su poder estratégico.

Aunque el reporte analiza instalaciones en varios países de la región, entre ellos Argentina, Venezuela, Bolivia y Brasil, uno de los focos sensibles es Chile, que aparece mencionado como un nodo relevante dentro de esta arquitectura tecnológica de doble uso.

El informe sitúa la presencia china en territorio chileno dentro de la llamada “Ruta de la Seda Espacial”, destinada a expandir infraestructura satelital, estaciones terrestres y redes de datos fuera de China. Desde esa perspectiva, el reporte acusa que las instalaciones en Chile formarían parte de una red que permitiría ampliar la cobertura global de monitoreo espacial.

En el caso chileno, el documento identifica cuatro iniciativas clave: el China-Chile Astronomical Data Center en Santiago, la supuesta participación china en el ecosistema científico del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un proyecto de monitoreo en el Parque Astronómico Ventarrones, en el desierto de Atacama, y una estación satelital ubicada al norte de Santiago, en la zona andina.

Pero las instituciones científicas vinculadas a los principales observatorios astronómicos en Chile rechazan las insinuaciones del informe.

Desde el Observatorio Europeo Austral (ESO) señalan que sus instalaciones tienen fines exclusivamente científicos, ”siendo instalaciones que permiten la investigación astronómica desde tierra”.

En la misma línea, agregan que “los datos que producen se ponen a disposición de la comunidad científica mundial tras un periodo de propiedad exclusiva, de acuerdo con su política de datos abiertos y su compromiso con la transparencia y la colaboración internacional”.

Además descartan que China pueda tener injerencias sobre los usos que se le dan a sus observatorios. La ESO está compuesta por 16 estados miembros europeos, donde en ningún caso China no es partícipe de sus decisiones u operaciones. Lo mismo para ALMA, quienes recalcan que la organización “se utiliza con fines estrictamente científicos” y que opera bajo “un marco de gobernanza internacional sólidamente establecido, con políticas estrictas y mecanismos de supervisión”.

El informe

Según el reporte, aunque estas iniciativas se presentan como cooperación astronómica o tecnológica, “las capacidades de procesamiento de datos, análisis espectral y seguimiento de objetos en órbita podrían tener aplicaciones militares”.

Por ejemplo, el reporte señala que los radiotelescopios de ALMA emiten ondas de radio que señalan la ubicación exacta de un objeto espacial. Los datos recopilados por el telescopio podrían ser “transferidos a un centro de procesamiento de datos y en la nube, donde se analizarían y se enviarían a la Base 37 del Ejército chino”.

Uno de los puntos más destacados en el informe es el centro de datos astronómicos que se proyectaba en Santiago, impulsado por la Academia China de Ciencias en asociación con Huawei y la Universidad Técnica Federico Santa María.

El informe sostiene que la instalación aprovecharía capacidades de supercomputación e inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos astronómicos. Sin embargo, advierte que algoritmos utilizados para filtrar señales cósmicas podrían eventualmente emplearse en inteligencia de señales o interceptación de transmisiones satelitales.

El documento recuerda que el proyecto fue suspendido luego de advertencias del entonces embajador estadounidense en Chile y posteriormente cancelado en 2025 por razones de seguridad. Para los autores del informe, este episodio refleja la creciente competencia estratégica en torno a la infraestructura tecnológica crítica en el hemisferio occidental.

Desde la Universidad Técnica Federico Santa María cuestionaron varios de los supuestos del informe y precisaron que el proyecto surgió en 2015 como una alianza entre la Academia China de Ciencias, Huawei y la casa de estudios.

“La misión del Data Center no es el mapeo de galaxias como indica el informe mencionado, sino que es poner a disposición los datos astronómicos hacia la comunidad internacional a través del Observatorio Virtual Chileno (ChiVO), como nodo de la Alianza Internacional de Observatorio Virtual (IVOA)”, señalaron.

Según detalló la universidad, la infraestructura estaba orientada a almacenar datos públicos del observatorio ALMA durante un periodo de cinco años y ponerlos a disposición de la comunidad científica. “Una precisión importante es que el Data Center no tiene potencia de supercómputo que pueda utilizarse en aplicaciones militares como indica el informe”, agregaron.

El proyecto mencionado en el informe se renovó el 2021, aunque sin la participación de Huawei. “Esta última renovación concluyó el año pasado, y al día de hoy no se encuentra vigente”, mencionaron desde la casa de estudios.

La preocupación planteada en el documento es que la tecnología necesaria para rastrear objetos de alta velocidad en órbita es técnicamente equivalente a la utilizada para el seguimiento de satélites o incluso para apoyar sistemas de apuntado militar.

El documento también explica que para mantener control continuo de satélites en órbita baja o geoestacionaria, China necesita estaciones distribuidas en distintas longitudes. América Latina permitiría cubrir áreas que no están en línea directa con estaciones en territorio chino.

Desde esa perspectiva, las instalaciones en Chile formarían parte de una red que incluiría estaciones en distintos países de la región y que potencialmente podría integrarse en un sistema de Conciencia del Dominio Espacial.

Sin embargo, el informe reconoce que no presenta evidencia pública de operaciones militares activas en territorio chileno, aunque sostiene que las capacidades técnicas instaladas son “intrínsecamente de doble uso”.