Luego de que la Corte rechazara la modificación de cautelares de los imputados del caso Procultura solicitada por la Fiscalía, el abogado de Alberto Larraín, Cristián Arias, valoró la resolución señalando que “es muy evidente que la decisión del juez de garantía estaba extremadamente fundada”.

Una vez terminada la audiencia es que el abogado sostuvo que “el Ministerio Público no tiene un caso”, añadiendo que se hicieron “afirmaciones que son falsas, no efectivas. Esa es la opinión del Ministerio Público. Pero no es la opinión de los tribunales hasta ahora, al menos en sede cautelar, ni de esta defensa”.

De acuerdo a lo que agregó Arias, "Procultura, como caso de la Fiscalía, partió desde el inicio de un mal entendimiento, porque Procultura es una fundación con antecedentes sólidos, con una trayectoria conocida de todo el mundo, con actividades con instituciones públicas y privadas que fueron hechas correctamente hasta que ocurre esta crisis", enfatizando que “no se puede considerar que Procultura es un caso, ni de cerca un caso de corrupción o algo similar”.

“Por eso que el Ministerio Público no tiene un caso. Intenta poner lo que hizo Procultura en el proyecto Quédate como si fuese un caso como otras fundaciones que todos conocen, pero no es igual”, argumentó.

Por su parte, tras la audiencia, el fiscal Cristián Aguilar, evitó referirse a la decisión de la Corte.

En tanto, Javiera Corvalán, abogada de Evelyn Magdaleno, también valoró la decisión señalando que “no es una investigación que está comenzando, que queden muchos antecedentes y mucha prueba que recabar, sino que ya es una carpeta investigativa bastante extensa, por lo tanto resoluciones como la del juzgado Garantía y por cierto la de esta Corte debilitan mucho el caso”.

En la misma línea, el abogado de María Constanza Gómez, Sebastián Soto, expresó que su defendida pasó cuatro días privada de libertad por una orden de detención que el Ministerio Público, señalando que esa orden de detención se solicitó en base a antecedentes falsos.

“En razón a eso, nosotros vamos a solicitar la nulidad procesal de la incautación realizada ese día y también tenemos que evaluar qué acciones vamos a tomar, porque efectivamente el Ministerio Público no tiene por qué darnos explicaciones de por qué solicita una orden de detención. Pero si lo hace con antecedentes falsos, ahí tiene que dar explicaciones a la justicia”, señaló.