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El líbelo fue ingresado por no pago de obligaciones por casi $ 60 millones de pesos, en el marco de las actividades desarrolladas por el demandante en el denominado programa Quédate de prevención del suicidio en la Región Metropolitana.

La determinación se produce en medio del escándalo que desataron conversaciones de whatsapp -donde aparece involucrado el fiscal regional Carlos Palma- y que develan presunto tráfico de influencias en designaciones judiciales.

A juicio de la fundación, “la labor del fiscal se encuentra cuestionada”, ya que acusan falta de objetividad y que un pantallazo del persecutor apareciera en la investigación en contra de Luis Hermosilla.

El gobernador metropolitano se refirió esta tarde al caso contra la fundación y afirmó que también han realizado acciones contra la aseguradora Porvenir, a la que acusan de no pagar póliza de garantía de los montos no devueltos por la ONG, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín, por un programa de salud mental en la RM.

A raíz de la no devolución de dineros transferidos para un programa de salud mental, el Gobierno Regional Metropolitano estampó una querella por apropiación indebida en contra de la fundación y su representante legal, María Constanza Gómez. Adelantan, igualmente, que presentarán acciones civiles para recuperar el dinero, por lo que piden una serie de diligencias respecto al patrimonio de la ONG.

El miércoles recién pasado, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien encabeza la investigación en contra de la ONG, lideró el allanamiento al GORE de Ñuble, que terminó con la incautación del equipo del gobernador Óscar Crisóstomo y de otros dos altos funcionarios de la repartición regional, la que es indagada por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco por un convenio de $ 266 millones.

Respecto a estas diligencias, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma –a cargo de esta investigación-, sostuvo que “la denuncia en concreto tiene que ver con delitos de tráfico de influencias y eventuales delitos de fraude en el marco del caso convenios”.

La entidad encabezada por Alberto Larraín se había adjudicado $30 millones para concretar el proyecto “Encuentro Internacional de Artesanía en Rapa Nui”. Pese a ello, la Seremi de Cultura de Valparaíso determinó revocar la resolución y frenar la transferencia de recursos debido a que la ONG cerró sus puertas al verse involucrada en el caso líos de platas.

Previo al cierre de la ONG, el psiquiatra aterrizó en el recinto hospitalario de Cerro Navia. Desempeñó funciones, como confirmaron desde la entidad, seis semanas y con especial foco en pacientes que requerían atención de urgencia. La situación indigna a los extrabajadores de la fundación que siguen con sus finiquitos impagos.

El organismo liderado por Raúl Letelier pidió al Ministerio Público realizar una serie de diligencias en torno a la entidad liderada por Alberto Larraín, y también sobre sobre sus principales directivos. De acuerdo con lo expuesto, se busca determinar dónde se ejecutaron o fueron a parar los dineros que recibió la ONG desde organismos estatales. Se estableció que solo en Antofagasta han sido requeridos para devolver $873.002.500 y no lo han hecho.

El 29 de noviembre trabajadores de la entidad liderada por Alberto Larraín comenzaron a firmar los documentos para acceder a su indemnización. Sin embargo, como aseguran profesionales a La Tercera, ni uno de ellos ha recibido ni un solo peso. Insisten en que fueron engañados y que el psiquiatra los dejó en el olvido, pero también en que perseguirán sus derechos y que esto no quedará impune. Por lo mismo, ya analizan acciones legales.

Este martes efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI llegaron hasta las oficinas de la repartición para incautar documentación relativa a convenios suscritos con ProCultura y Arquiduc. En ambos casos se indaga la participación de exfuncionarios de gobierno que habrían favorecido a dichas ONG, entre ellos Gonzalo Vega Moreira, ex brazo derecho de Ward.

La fundación, que partió como una idea entre un psiquiatra y una profesora 13 años atrás, cerró sus puertas luego del lío de platas de Antofagasta. ¿Cómo un proyecto pequeño logró ampliarse tanto? ¿Por qué cayeron tan rápido? En el caso de ProCultura, su caída reputacional fue su sentencia de muerte.

Tras solicitar la retención de los recursos, se comprobó que la entidad fundada por Alberto Larraín mantenía cero pesos en la cuenta creada para los cuatro convenios que suscribieron con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Pese a eso, el CDE busca alternativas para retener otros bienes y también solicitó al Ministerio Público que indague cuándo se movieron los dineros. Desde Vivienda, en tanto, el ministro Carlos Montes indicó: "Vamos a recurrir a todas las herramientas que nos entrega la ley para recuperar los recursos que han sido mal utilizados por algunos inescrupulosos".

Según lo informado por la cartera, la fundación liderada por Alberto Larraín incurrió en una serie de incumplimientos. Entre ellos, se constataron atrasos y ausencia de rendiciones. Tras la determinación, la repartición tiene un plazo de 10 días para emitir la liquidación de los tratos e informar si la ONG tendrá que devolver parcial o totalmente los recursos.