Un nuevo traspié enfrentaron este martes el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco de la indagación del caso ProCultura. Esto, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declarara incompetente respecto de la arista Antofagasta de dicha indagatoria, por lo que la causa será remitida al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

La determinación se dio luego de que la defensa de Alberto Larraín, encabezada por el abogado Cristián Arias, solicitara la incompetencia del tribunal, petición a la que rápidamente se plegó la defensa de María Constanza Gómez.

El principal argumento radicó en que los convenios que están bajo la lupa fueron suscritos por Gómez mientras se encontraba en Santiago, particularmente en la comuna de Las Condes, vía firma electrónica.

El requerimiento, cabe hacer presente, se formuló luego de que el fiscal Cristián Aguilar formalizara a ambos representantes de la ONG como autores de seis delitos consumados de apropiación indebida, vinculados a convenios que firmó la fundación con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda de la misma región.

De esta forma, y pese a la oposición del persecutor y del Consejo de Defensa del Estado, la jueza María José Saavedra accedió a la petición y determinó que los antecedentes deberán ser remitidos al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para continuar con la tramitación de la causa.

En medio de dicha resolución, la magistrada hizo presente que el territorio donde se fija el principio de ejecución natural del delito investigado es en la comuna de Las Condes, ya que ahí se encontraba radicada la sucursal bancaria donde se administraban las cuentas corrientes de la fundación donde se transfirieron los fondos supuestamente distraídos por los imputados.

“Según el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, el tribunal competente es aquel donde se dio principio de ejecución al delito. En el caso de la distracción de fondos, este principio se ubica en el momento del desvío de los recursos de manera incompatible con el fin acordado, no en la mera omisión de restituirlos. Los hechos de la formalización muestran que los desvíos ocurrieron mediante gestiones bancarias en cuentas radicadas y administradas en la comuna de Las Condes”, sostuvo Saavedra.

Añadió, acto seguido, que “ni la suscripción lícita de convenios ni la recepción de fondos constituyen el principio de ejecución del delito. La ejecución se vincula al acto de disposición incompatible con el mandato fiduciario, el cual ocurrió íntegramente en la Región Metropolitana”.

Ahora, en caso de que el 4° Juzgado de Garantía no acepte la competencia, se tendrá por trabada la contienda ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La arremetida de la defensa

Consultado respecto de la determinación, Arias afirmó a La Tercera que “nuevamente el Ministro Público plantea mal la imputación en el caso ProCultura. Esto es un rechazo de forma, lo que no significa que no vayamos a discutir nuevamente que hay un error en el fondo, pero ya de entrada está mal planteada la formalización del Ministerio Público. Eso significa que se haya aceptado el incidente de incompetencia planteado por la defensa de Alberto Larraín y también de Constanza Gómez”.

“Es importante entender que cuando se resuelve un incidente de incompetencia, ni el tribunal ni la defensa aceptan que sea cierto lo que plantea el Ministerio Público en su formalización. Se dice que, bajo el supuesto que de ser efectivos los hechos que imputa son de esa manera, que quien debe conocer de estos hechos es, en este caso, el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago. Ahí y donde sea vamos a seguir sosteniendo que los hechos que imputa el Ministerio Público a Alberto Larraín no son constitutivos de delito”, agregó el penalista.

De igual forma, Arias indicó que, a su juicio, esta nueva situación surge a raíz de que el Ministerio Público “debió abandonar su postura inicial de que en el caso ProCultura había un fraude al Fisco, un esquema de defraudación, dado el mal resultado que tuvo en Santiago. Ahora reordenó su imputación y está con la petición subsidiaria de la subsidiaria siguiendo en esto al Consejo de Defensa del Estado de una supuesta apropiación indebida por distracción”.

“Al hacer esto, esta contorsión, la imputación queda mal formulada, tanto en la forma como en el fondo, como lo vamos a discutir en el tribunal que en definitiva termine conociendo esta formalización que está completamente distorsionada respecto a lo que se ha hecho en el caso ProCultura”, cerró el abogado.