Debido a la falta de tiempo, el miércoles 24 de junio la ministra de Educación, María Paz Arzola, no alcanzó a responder las consultas que algunos de los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara le hicieron luego de que llegara a presentar el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual abre una vía optativa con admisión propia para colegios con sobredemanda. Esas respuestas quedaron pendientes para una próxima sesión.

Así, luego de la semana distrital del 29 de junio, la secretaria de Estado quedó citada nuevamente para este martes para hacerle frente a los cuestionamientos que recibió su iniciativa -principalmente de parte de los diputados de oposición de la comisión- pero a los que también se sumó el PDG.

“La comisión ha invitado a la ministra de Educación, señora María Paz Arzola, a fin de que responda las consultas formuladas por los diputados durante la sesión anterior y las nuevas que se realicen en esta sesión”, se lee en la citación pactada de 15 a 17 horas. El miércoles, de 10:30 a 12:30, la misma comisión, aunque sin la secretaria de Estado, volverá a reunirse para seguir discutiendo el proyecto y hasta ahí llegarán diversos actores del mundo educativo.

Pero los diputados no han sido los únicos que han cuestionado la iniciativa de ley del Ejecutivo. De hecho, apenas conocidos ciertos detalles del proyecto, los integrantes de la última mesa técnica que tuvo el SAE -que integró Arzola- le dieron un portazo a la propuesta: siete de sus 11 miembros se mostraron públicamente en contra, considerando que otros dos son parte del gobierno (Arzola y Magdalena Vergara), otro no se ha manifestado y sólo uno -Mauricio Bravo- dijo estar de acuerdo.

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y quien presidió la mesa, señaló del actual proyecto que “no existe ningún argumento racional para justificar que los colegios tengan sus propios sistemas independientes del SAE“.

Del mismo modo, Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la PUC recordó que “nunca un sistema de admisión paralelo se contempló como un camino", mientras que Javier González, presidente del Consejo de la Agencia de la Calidad de la Educación, planteó que los cambios sugeridos “son un retroceso para el grado de inclusión del sistema escolary contrarias a la evidencia internacional comparada y las lecciones que ofrece la historia reciente”.

El tema es que esa instancia, convocada por el entonces ministro Nicolás Cataldo tras el acuerdo del Congreso para destrabar el Presupuesto 2025, estuvo compuesta por representantes de centros de estudios, académicos y otros actores vinculados al sistema educativo ligados a todas las sensibilidades políticas, de derecha a izquierda. Por eso la relevancia de que esos personeros técnicos se muestren mayoritariamente contrarios al proyecto de ley. Ahora la pregunta es si el Congreso oirá o no los argumentos de los expertos en los que habitualmente descansa de cara a la discusión que se avecina.

Por lo pronto, el diputado y miembro de la Comisión de Educación, Luis Pardo (RN), asevera que el proyecto “se hace cargo de una demanda ciudadana”, y que esta modificación abre la posibilidad de que los establecimientos educacionales que tienen alta demanda puedan seleccionar a partir del mérito y del esfuerzo de los alumnos e introducir algunas variables “que hagan más coincidente su proyecto educativo con quienes aspiran a llegar a esos establecimientos”. La plataforma de selección de admisión escolar, añade, “va a seguir cumpliendo un rol (...), pero se modifica para algunos establecimientos que tienen alta demanda y que van a poder seleccionar incorporando variables como por ejemplo el mérito a partir de séptimo básico. De esa forma se logra conciliar mejor los proyectos educativos exitosos con la demanda de los padres por acceder a esos proyectos educativos. Por lo tanto es un avance que va en la línea de lo que la ciudadanía nos está demandando”.

Mientras, Daniela Serrano (PC), también miembro de la comisión, asevera que este mecanismo “genera una distorsión en el sistema y es generar un nuevo mecanismo de selección solamente para algunos establecimientos educacionales. Lo que persigue este proyecto de ley es abrir nuevamente la puerta a una discriminación arbitraria, donde el sostenedor elige al estudiante y no los padres o el estudiante elige el proyecto educativo”. Esto, agrega, “no solamente lo hemos dicho nosotros desde nuestro sector, sino que también lo han dicho distintos expertos que compusieron la mesa técnica en su momento para proponer mejoras para el SAE”. Y cierra: “Bajo ningún sustento técnico ni tampoco reforzado por expertos que han estudiado el tema se debería abrir la puerta para un sistema de selección mutua, que lo único que hace es habilitar a algunos sostenedores para que vuelvan a seleccionar”.