Los sindicatos N°1 y N°2 del Conservador de Bienes Raíces De Santiago (CBRS) rechazaron las alternativas que se analizan para enfrentar los eventuales efectos económicos de una causa judicial que todavía permanece abierta.

En concreto, la Corte de Apelaciones condenó en julio de 2025 al CBRS a pagar cerca de $335 millones por la eliminación de la inscripción de dominio de un inmueble. El fallo, sin embargo, todavía no se encuentra firme, debido a que el conservador de Santiago, Luis Maldonado, titular del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas, mantiene un recurso de casación ante la Corte Suprema.

En ese escenario, al interior del oficio se planteó la posibilidad de contratar anticipadamente un crédito bancario para enfrentar una eventual obligación de pago.

La fórmula planteada encendió las alertas dentro de los sindicatos debido a que el servicio de esa deuda podría financiarse, total o parcialmente, con recursos provenientes del 77% de los ingresos líquidos que constituye la base del sistema de remuneraciones de los trabajadores.

Por ello, los sindicatos manifestaron a través de una carta su “disconformidad” y “oposición” a las alternativas planteadas para abordar las consecuencias económicas de la causa.

Los sindicatos sostuvieron que cualquier mecanismo que implique “anticipar, financiar, provisionar, retener o comprometer” recursos correspondientes al 77% de los ingresos líquidos destinados a remuneraciones debe ajustarse estrictamente al contrato colectivo vigente.

En ese sentido, uno de sus principales argumentos es que el juicio todavía no tiene una resolución definitiva y que aún no estaría determinado que parte de una eventual obligación sería cubierta por el seguro de responsabilidad civil contratado por el oficio.

El contrato colectivo, sostienen los sindicatos, contempla que los pagos derivados de litigios civiles pueden deducirse de los ingresos brutos solamente cuando exista una sentencia firme o ejecutoriada y únicamente respecto de aquella parte que no se encuentre cubierta por el seguro.

A partir de esos antecedentes, los trabajadores se opusieron a la alternativa de contratar un crédito cuyo pago pueda recaer sobre el porcentaje destinado a sus remuneraciones.

“Una operación de esta naturaleza supondría comprometer ingresos futuros que, conforme al instrumento colectivo, se encuentran destinados al financiamiento del sistema remuneracional de los trabajadores”, indicaron en la carta.

“Más aún, ello implicaría que los trabajadores terminen soportando, mediante una reducción o afectación de los recursos destinados a sus remuneraciones, las consecuencias económicas de un litigio que aún no se encuentra a firme”, agregaron en el documento.

De esta manera, las organizaciones sindicales rechazaron la contratación de un crédito con cargo a los recursos destinados a remuneraciones y la posibilidad de efectuar una retención o provisión anticipada de esos fondos, ya que advierten que cualquiera de esas alternativas reduciría los recursos disponibles para el pago de los trabajadores.

El rechazo de los sindicatos se enmarcan de cara a la salida de Maldonado por la aplicación del límite de edad establecido en la reforma al sistema notarial el próximo 2 de octubre.