La tarde de ayer lunes, la Segunda Sala de la Corte Suprema dirimió sobre la contienda de competencia que se desató en torno a la indagación del caso Democracia Viva, la primera arista del mega caso Convenios.

Esto, luego de que las defensas de Carlos Contreras, Catalina Pérez y Daniel Andrade requirieran que el caso fuera trasladado hasta Santiago.

Si bien la Corte de Apelaciones de Antofagasta había resuelto que el conocimiento de la indagación debía seguir en el Octavo Juzgado de Garantía, dicha instancia no aceptó la competencia, por lo que la Suprema debió zanjar la discusión.

Así, por determinación unánime de la Sala Penal del máximo tribunal, la causa mantendrá su tramitación en Antofagasta, pese a las pretensiones de las defensas. Con esto, se da luz verde a que se fije audiencia de preparación de juicio oral en contra de los acusados.

En medio de la resolución, los ministros citaron el informe remitido por el fiscal judicial de esta Corte Suprema, quien concluyó que “de acuerdo con la cronología expuesta en la descripción fáctica, de las cuatro aristas investigadas, la primera actuación que se le imputa al entonces titular de la Seremi de Vivienda de Antofagasta —autor del delito de fraude al Fisco—, tuvo lugar el 01 de julio de 2022, al suscribir el convenio de transferencia de fondos hacia la fundación ‘Fusupo’”, lo que se materializó en la ciudad de Antofagasta.

“Al haberse llevado a cabo esta actuación en la ciudad de Antofagasta, en un momento anterior al hito que las defensas propusieron como principio de ejecución —que además concernía solo a una de las cuatro aristas por las que se acusó—, la competencia relativa la detenta el Juzgado de Garantía de Antofagasta, tal como se resolvió en su oportunidad por dicho tribunal, así como por su par de la jurisdicción de Santiago”, se agrega en el fallo de cuatro páginas, donde Manuel Valderrama, Jorge Zepeda, Dinko Franulic, María Cristina Gajardo y Eduardo Gandulfo, hicieron presente que comparten plenamente lo indicado por el citado fiscal judicial.

El denominado caso Democracia Viva, cabe hacer presente, agrupa las aristas investigativas que se siguen en contra de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo.